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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Podemos ayudarlo mejor a evitar la guerra no repitiendo sus palabras y siguiendo sus métodos, sin...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“Podemos ayudarlo mejor a evitar
la guerra no repitiendo sus palabras y siguiendo sus métodos, sino encontrando
palabras nuevas y creando nuevos métodos”, Virginia Woolf
NI VERGÜENZA HAY
La reciente postura de la
alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, frente a la denuncia anónima por
nepotismo y contratación indebida en su gobierno, revela más de lo que
aparenta.
Si bien se pronuncia “abierta” a
cualquier investigación y celebra que la ciudadanía se involucre, lo cierto es
que sus declaraciones están cargadas de evasivas, insinuaciones políticas y una
peligrosa normalización de lo irregular.
Decir que "está bien que la
ciudadanía esté atenta" es lo mínimo esperable de cualquier funcionaria
pública.
No es un favor, es una obligación
constitucional. Pero deslizar, como lo hizo, que estas denuncias probablemente
son parte de una campaña política es una estrategia gastada: desviar la
atención de los hechos concretos culpando a “la grilla”.
La denuncia anónima que reveló la
titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, no es
poca cosa. Involucra señalamientos de nepotismo, una de las prácticas más
nocivas dentro del servicio público.
¿Qué confianza puede tener la
población en un gobierno municipal que privilegia vínculos familiares por
encima del mérito y la legalidad?
La alcaldesa asegura que el
Órgano Interno de Control y la Sindicatura de Procuración ya realizaron
investigaciones, y que una ya concluyó.
Sin embargo, no hay detalles, no
hay resultados públicos, y se remite a que los ciudadanos "le pregunten al
síndico procurador". Este tipo de respuestas no sólo son insuficientes,
sino insultantes. La transparencia no se concede, se ejerce.
Respecto al gasto en flores por
el Día de la Mujer —otro caso bajo investigación—, simplemente se limita a
decir que el proceso sigue.
Es decir, nada concluyente, y
mientras tanto, los recursos públicos siguen siendo usados sin una explicación
clara.
Finalmente, minimizar la
auditoría del 2025 como un simple trámite obligatorio revela otra capa de
despreocupación.
No se trata de que “no les
asuste” ser auditados, sino de garantizar que, cuando lo sean, no se encuentren
irregularidades. Esa es la verdadera rendición de cuentas.
En un municipio como Guasave, con
tantas carencias reales y urgencias ciudadanas, es inaceptable que se tolere el
uso político del aparato gubernamental para fines personales o de grupo.
La ciudadanía no sólo debe estar
atenta, como dice la alcaldesa, sino exigir con firmeza que se aclaren estas
denuncias y que no se escondan detrás del discurso cómodo de la “apertura” sin
consecuencias.
El combate al nepotismo no se
resuelve con declaraciones tibias. Se enfrenta con hechos, con transparencia y
con sanciones ejemplares. Todo lo demás es cinismo disfrazado de
institucionalidad, aunque la alcaldesa opte por llamarlo “apertura”.
ENCUENTRO
En un contexto de alta demanda
social por mayor seguridad y justicia, el Congreso del Estado de Sinaloa, a
través del grupo parlamentario de Morena, sostuvo una reunión de trabajo con la
fiscal general Claudia Zulema Sánchez Kondo, en la que refrendaron el
compromiso de avanzar en reformas legales que fortalezcan el sistema de
procuración de justicia.
La reunión fue encabezada por la
diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo), quien destacó que la 65 Legislatura ha trabajado activamente
para actualizar y perfeccionar el marco jurídico estatal en áreas clave como
seguridad pública, justicia penal y derechos humanos.
Subrayó que las reformas
impulsadas por el Congreso tienen como base las facultades constitucionales y
buscan responder a las necesidades reales de la sociedad sinaloense.
Entre las iniciativas más
relevantes se encuentra la propuesta para tipificar como delito el uso de
“ponchallantas” en la vía pública, el endurecimiento de penas por el delito de
“halconeo”, la creación de la Unidad de Policía Cibernética e Inteligencia, y
la reforma al Código Penal para aumentar las penas por homicidios agravados
cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes.
Estos cambios no solo reflejan un
diagnóstico preciso de los retos en materia de seguridad, sino que buscan tener
un impacto real en la reducción de la impunidad y la mejora de las capacidades
institucionales para enfrentar la criminalidad.
Durante el encuentro, las
legisladoras hicieron énfasis en la importancia de mantener una colaboración
constante entre el Poder Legislativo y las instituciones encargadas de impartir
justicia. Coincidieron en que la coordinación entre ambos poderes es indispensable
para asegurar que las leyes no solo se aprueben, sino que también se apliquen
de manera efectiva.
La fiscal Claudia Zulema Sánchez
Kondo reconoció el papel fundamental del Congreso en el fortalecimiento
institucional mediante reformas legales. Afirmó que estos cambios son
necesarios para dotar de herramientas más eficaces a las corporaciones y organismos
que enfrentan todos los días la exigencia ciudadana de vivir en un entorno
seguro.
El diálogo entre ambas instancias
refleja un ejercicio democrático que prioriza la construcción de acuerdos en
beneficio de la sociedad sinaloense. En tiempos donde la desconfianza hacia las
instituciones es un reto permanente, esta apertura para el trabajo conjunto
envía un mensaje claro: los poderes públicos pueden y deben caminar en la misma
dirección para garantizar justicia, seguridad y paz.
Así, la 65 Legislatura reafirma
su responsabilidad institucional y su compromiso con los sinaloenses de
continuar legislando con visión, sensibilidad social y eficacia.
REELECCIÓN
La Universidad Autónoma de
Sinaloa concluyó este 9 de abril un ejercicio clave de su vida institucional:
la jornada electoral para renovar la Rectoría para el periodo 2025-2029.
Con una participación estimada de
150 mil universitarios, el proceso representa un acto fundamental dentro del
marco democrático universitario.
Según cifras preliminares, Jesús
Madueña Molina encabeza la contienda con 68 mil 787 votos, seguido por Denise
Díaz, con 8 mil 446 sufragios. Aunque el conteo aún no finaliza, la tendencia
apunta a una eventual reelección de Madueña.
Sin embargo, el resultado oficial
se dará a conocer este viernes 11 de abril en sesión del Consejo Universitario,
cumpliendo con los tiempos y protocolos establecidos.
Este ejercicio electoral reafirma
el compromiso de la comunidad universitaria con la participación activa y la
institucionalidad.
La transparencia del proceso,
conducido por el Comité de Elecciones, y el seguimiento a cada etapa, abonan a
la credibilidad de la UAS como una institución que defiende su autonomía con
hechos.
Más allá del resultado, lo
destacable es que la Universidad ha demostrado que su estructura democrática
está viva, y que el voto, como herramienta de decisión colectiva, sigue siendo
el pilar que sostiene la legitimidad de sus autoridades.
EN LA MESA
La confirmación de la Auditoría
Superior del Estado (ASE) sobre una denuncia contra el Ayuntamiento de Ahome
por el arrendamiento injustificado de patrullas por más de 100 millones de
pesos pone nuevamente en el centro del debate la urgencia de fortalecer los
mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas en los gobiernos
municipales.
El hecho de que la ASE haya
concluido su proceso y turnado el caso a la Fiscalía General del Estado (FGE)
por la posible comisión del delito de ejercicio indebido de la función pública,
demuestra que el sistema de control institucional está funcionando, al menos en
su etapa inicial.
No obstante, el verdadero reto
ahora está en la actuación de la FGE y del Tribunal de Justicia Administrativa
para que, de comprobarse las irregularidades, haya sanciones efectivas.
Que esto haya ocurrido durante la
gestión de Gerardo Vargas, quien encabezaba el Ayuntamiento en 2021, no es
menor.
Habla de decisiones públicas que
deben estar debidamente justificadas y sustentadas, especialmente cuando
involucran montos millonarios y servicios esenciales como la seguridad pública.
Este caso debe ser una
advertencia para todos los entes públicos: no basta con cumplir formalmente con
los procesos, sino que se debe garantizar transparencia, legalidad y eficiencia
en el uso de los recursos públicos.
La ciudadanía exige resultados,
pero también claridad en cómo se ejerce el poder.
