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El Diputado Ricardo Madrid Pérez explicó que los diputados Verdes aprobaron la reforma que expide la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, Arbitrariedades y Corrupción, todo ello con la reducción de la carga regulatoria en los niveles de gobierno.
La aprobación será obligatoria únicamente para la Administración Pública Federal y para las entidades federativas y los municipios deben ser orienta-doras, no imposiciones de ningún tipo.
Ciudad de México, México. _ Diputados del Partido Verde Ecologista de México votaron a favor de aprobar la reforma que crea una ventanilla única digital para hacer trámites desde casa, sin filas, sin intermediarios, ‘coyotes’, ni mordidas.
La propuesta fue de la presidenta Claudia Sheinbaum y ordena que "todos los trámites gubernamentales deberán ser claros, digitales, rápidos y que se elimine el papeleo innecesario”, explicó el Diputado por Sinaloa, Ricardo Madrid Pérez.
"Se trata de reducir el contacto directo con funcionarios, cerrándole el paso a la corrupción, y se crea una ventanilla única digital, una plataforma donde cualquier persona o empresa podrá hacer sus trámites desde casa, sin filas, sin intermediarios, sin coyotes, sin mordidas. Para ello, desde este año se trabajará en la implementación progresiva para que todos los niveles del gobierno, puedan alinearse a estas nuevas normas, que incluyen también el nivel de estados y municipios”, dijo.
“Es darle paso a un gobierno más eficiente, más honesto, un gobierno moderno”, afirmó.
La nueva ley, con 114 artículos y 17 artículos transitorios, es reglamentaria de los artículos 25 y 73 de la Constitución en materia de simplificación administrativa y digitalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación apenas el pasado 15 de abril, con lo que se deroga la Ley de Mejora Regulatoria publicada en mayo del 2018 y se extingue la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
Los servicios se transferirán a la Agencia de Transformación Digital y Tele-comunicaciones que se atenderán en el Centro de Atención del Bienestar de la Administración Pública Federal.
En su exposición de motivos, sostiene que en México existen en promedio 523 trámites por entidad federativa y 144 a nivel municipal, lo que sugiere que a nivel nacional existen más de 350 mil trámites, un problema que afecta directamente a la población, a una persona, en su vida.
Destaca que el 83.1 por ciento de la población considera a la corrupción como un problema frecuente y que el 52.4 por ciento realiza trámites directa-mente en las instalaciones de gobierno. Añade que sólo un 16,2% de la población recurrió a medios digitales.
Se prevé la implementación de modelos nacionales que permitan la homologación y estandarización de trámites y servicios en las tres órdenes de gobierno, la soberanía tecnológica como componente estratégico de la trans-formación digital del país.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México avaló el dictamen por el que se expide la Ley.
El dictamen se aprobó con 332 votos en pro y 130 en contra, en el Pleno de la Cámara de Diputados.
También tiene entre sus objetivos, cerrar brechas estructurales y construir una ciudadanía digital activa y con competencias digitales, asegurando que la digitalización sea una herramienta real de inclusión, igualdad y ejercicio pleno de derechos fundamentales.
La reforma, que se turnó al Senado de la República para sus efectos constitucionales, busca también avanzar hacia una administración pública más eficiente, transparente, moderna e incluyente, mediante la transformación de la relación entre el gobierno y la ciudadanía.
En el marco de la discusión en lo particular, el pleno aprobó modificaciones a siete artículos del texto original que fueron a los artículos 9, fracción IX; 10, fracción II; 23, 32, 43, 47 y 50, se aprobó con el propósito de preservar el equilibrio de nuestro federalismo, proteger la certeza jurídica de los ciudadanos y garantizar que las atribuciones de la nueva autoridad nacional de simplificación y digitalización, se ejerzan en el marco de la Constitución, respetando las competencias de los estados y los municipios.
Precisó que con las reservas presentadas lo que se está proponiendo es que las recomendaciones que emite la autoridad nacional, sean obligatorias únicamente para la Administración Pública Federal y para las entidades federativas y los municipios deben ser orientadoras, no imposiciones de ningún tipo.
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