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La Fiscalía General del Estado presentó la solicitud basada en presuntas irregularidades en el arrendamiento de 126 patrullas por un monto de 176 millones de pesos.
Culiacán, Sinaloa.— Este viernes por la tarde llegó al Congreso del Estado de Sinaloa una solicitud de declaración de procedencia, conocida también como solicitud de desafuero, en contra de varios funcionarios del Ayuntamiento de Ahome. La medida obedece a presuntas irregularidades detectadas en el arrendamiento de 126 patrullas, con un valor cercano a los 176 millones de pesos, confirmó Rodolfo Valenzuela Sánchez, diputado presidente de la Comisión Instructora del Poder Legislativo.
El legislador explicó que la solicitud fue presentada por la Fiscalía General del Estado, a partir de información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado (ASE). Señaló que este es un procedimiento formal que debe seguirse conforme al marco legal y que, hasta el momento, el documento aún no ha sido turnado a la Comisión Instructora, dado que corresponde primero a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) recibirlo y determinar su trámite.
Detalló que una vez en manos de la Jucopo, se convocará a sesión —la cual puede ser secreta— para incluir la solicitud en el orden del día, proceder a su lectura y turnarla posteriormente al pleno. Será entonces cuando se envíe a la Comisión Instructora para su análisis y dictaminación sobre la procedencia o no del desafuero, en función de las pruebas integradas en el expediente.
Tanto la Auditoría Superior del Estado como la Fiscalía General del Estado habían confirmado anteriormente la apertura de una carpeta de investigación relacionada con este caso. Detectaron presuntas irregularidades en el contrato de arrendamiento de las unidades a una empresa con domicilio fiscal en la Ciudad de México, la cual no habría cumplido con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones del Estado de Sinaloa.
Asimismo, se señaló que el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Ahome no solventó la observación realizada, al no justificar adecuadamente la adjudicación directa en lugar de realizar una licitación pública, como lo establece la normativa. Esta situación motivó que la ASE remitiera el expediente a la Fiscalía y al Tribunal de Justicia Administrativa para su seguimiento.
Las autoridades han enfocado su investigación en las acciones del Comité de Adquisiciones, responsable de validar el contrato de arrendamiento por el monto señalado.
