.png)
Culiacán, Sinaloa.- Derivado de los hechos violentos que se han suscitado en Sinaloa en los últimos meses, donde menores de edad se han vist...
Culiacán, Sinaloa.- Derivado de los hechos violentos que se han suscitado en Sinaloa en los últimos meses, donde menores de edad se han visto afectados de manera colateral, el diputado del Partido Acción Nacional, Jorge Antonio González Flores; y la diputada de Morena, Karla Daniela Ulloa Rodríguez, coincidieron en la necesidad de reforzar los marcos legales existentes, para aumentar la protección de las infancias.
En su posicionamiento, el diputado Jorge Antonio González Flores, dio a conocer que como Grupo Parlamentario del PAN, junto con su compañera de bancada la diputada Roxana Rubio Valdez, este jueves presentaron una iniciativa en la Oficialía de Partes del Congreso estatal, donde proponen incrementar las penas por homicidio cometido contra menores de edad.
Durante su intervención, González Flores propuso una modificación al artículo 134 del Código Penal estatal para elevar las penas que actualmente oscilan entre 8 y 22 años de prisión, a un rango de 40 a 65 años de cárcel y multas de mil a 10 mil días, dependiendo de las circunstancias agravantes del delito.
Por su parte, la diputada Karla Daniela Ulloa Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, manifestó que su bancada coincide con la necesidad de reforzar el marco normativo en materia de seguridad, por lo que destacó que, como Grupo Parlamentario, están impulsando reformas a la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa y a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en materia de protección a la niñez en la entidad.
"Estamos de acuerdo que se haga un análisis para aumentar las penas en los temas de homicidio y en lo particular cuando se trata de las infancias. Ya estamos trabajando en legislar en ese sentido", señaló.
La legisladora y legislador coincidieron en que la violencia contra menores de edad en Sinaloa requiere una respuesta contundente desde el ámbito legislativo, aunque reconocieron que el aumento de penas por sí solo no erradicará el problema, sino que debe complementarse con políticas de prevención, educación y reconstrucción del tejido social.
