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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga "Al final, sólo se tiene lo que se ha dado VOCES La reestructuración de las comisiones permanent...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
"Al final, sólo se tiene lo que se ha dado
VOCES
La reestructuración de las comisiones permanentes de Transparencia y Anticorrupción, Vivienda e Instructora en el Congreso del Estado de Sinaloa llega como un movimiento institucional necesario, aunque no exento de lecturas políticas.
Que la aprobación del acuerdo haya sido unánime y que el argumento central sea el cumplimiento de los principios de paridad, pluralidad y proporcionalidad —establecidos en la Ley Orgánica del Congreso— suena bien, pero obliga a mirar más allá de la superficie. ¿Es esto una señal de fortalecimiento parlamentario o apenas una coreografía de consenso?
El impulso vino desde la Junta de Coordinación Política, presidida por la diputada María Teresa Guerra Ochoa, con respaldo de los coordinadores del PAN, PAS y Movimiento Ciudadano. La unanimidad, en contextos legislativos, puede interpretarse como madurez y cohesión, pero también puede encubrir pactos silenciosos que reparten cuotas sin alterar demasiado el statu quo.
En un Congreso que en muchas ocasiones ha sido acusado de opacidad y escaso debate público, el reto es que esta reconfiguración no termine siendo solo un ejercicio de simulación.
Cada comisión enfrenta sus propios desafíos, y el perfil de quienes las presiden será determinante para definir si cumplen una función de fiscalización, propuesta y contrapeso, o si siguen siendo espacios inertes, decorativos, donde todo pasa sin dejar huella.
La diputada Martha Dagnino, ahora al frente de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, tiene en sus manos una comisión clave. En un estado donde la opacidad y los señalamientos por corrupción siguen marcando la agenda, su conducción no puede reducirse a gestionar agendas o promover exhortos.
La transparencia se mide en resultados, no en discursos. Esta comisión debe actuar con autonomía, abrir canales ciudadanos y ejercer presión real sobre las instituciones que no rinden cuentas. De lo contrario, perderá rápidamente cualquier legitimidad.
En la Comisión de Vivienda, el diputado Miguel Ángel Gutiérrez tiene una oportunidad concreta de incidir en uno de los problemas estructurales de Sinaloa: el rezago habitacional. Pero para ello necesita alejarse del enfoque administrativo y burocrático, y construir desde el Congreso propuestas que obliguen a los gobiernos locales a actuar, a diseñar mecanismos de acceso justo y a priorizar el bienestar sobre la especulación inmobiliaria.
Y en el caso de la Comisión Instructora, encabezada por el diputado Rodolfo Valenzuela, la tarea es aún más delicada. Se trata de una instancia que, cuando funciona, puede ser el instrumento que garantice la legalidad dentro del mismo Poder Legislativo.
Pero cuando se convierte en un espacio de complicidades o en un freno político, se vuelve peligrosa. Su presidente deberá demostrar conocimiento jurídico, pero también ética política.
Durante años, muchas comisiones del Congreso han sido vistas como casillas de reparto, sin operatividad real. Algunas sesionan poco y dicen menos.
La ciudadanía percibe eso con claridad: sabe que muchas veces los nombramientos obedecen más a intereses de partido que a méritos o vocaciones legislativas. Esa desconfianza es el principal obstáculo que enfrentan hoy los nuevos titulares.
Por eso, más que celebrar la reestructuración, lo que corresponde es fiscalizar el desempeño. ¿Qué iniciativas impulsarán? ¿A quién llamarán a comparecer? ¿Qué mecanismos usarán para vincularse con la sociedad? ¿Qué tan independientes serán frente a su propio partido?
El Congreso tiene ante sí una nueva oportunidad para recuperar terreno perdido. Pero eso no se logra con acuerdos internos ni comunicados solemnes. Se logra con trabajo serio, con una producción legislativa coherente, con vigilancia real de los actos de gobierno y, sobre todo, con una vocación de servicio público que aún está por demostrarse.
BUENOS TIEMPOS
Mazatlán ha iniciado con fuerza el periodo vacacional de Semana Santa, marcado por una afluencia creciente de visitantes y una estrategia integral que busca equilibrar el desarrollo turístico con la seguridad ciudadana y el orden público. La Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, ha puesto en marcha una serie de acciones coordinadas que no solo apuntan a recibir a miles de turistas, sino a garantizar una experiencia segura, organizada y positiva tanto para los visitantes como para los propios mazatlecos.
Este miércoles, la alcaldesa encabezará un recorrido de supervisión en la zona de playas, acompañada por los titulares de Oficialía Mayor, Obras Públicas, Servicios Públicos, Seguridad Pública y Protección Civil. Esta acción, más que una revisión logística, representa un ejercicio de liderazgo en territorio y una muestra clara de presencia institucional en un momento clave para la ciudad.
La verificación de los 37 accesos a la playa tiene como objetivo garantizar que estén en condiciones óptimas para su uso, lo cual implica una visión del espacio público como un bien común, accesible, limpio y seguro. La gestión responsable de estos accesos envía el mensaje de que Mazatlán está preparado no solo para recibir turismo, sino para hacerlo de manera ordenada y con respeto al entorno.
Con una proyección de hasta el 90% en ocupación hotelera para el fin de semana, los desafíos logísticos y humanos se incrementan. Sin embargo, también se multiplica la oportunidad: Semana Santa es uno de los momentos más importantes del año en términos económicos para el destino. Restaurantes, hoteles, comercios y prestadores de servicios tienen altas expectativas de derrama, y la clave estará en traducir ese dinamismo en beneficios sostenibles y compartidos para todos los sectores.
En ese contexto, el llamado que hace la alcaldesa a los habitantes para que también salgan a disfrutar del municipio es oportuno. No se trata solo de atender al turismo externo; también es importante incentivar la apropiación positiva del territorio por parte de los propios mazatlecos, promoviendo una convivencia sana, segura y en armonía.
Por otro lado, la implementación de las “rutas seguras” en las principales carreteras —Mazatlán-Durango, Mazatlán-Culiacán y Mazatlán-Escuinapa— con la participación de la Guardia Nacional y la recién creada Policía Estatal de Caminos, refuerza el compromiso con la seguridad desde los accesos viales. Esta cobertura se extiende también a las zonas urbanas y rurales, lo que muestra una estrategia articulada y preventiva, pensada en todos los frentes.
Mazatlán no solo es un destino de playa: es una ciudad dinámica, organizada y capaz de responder a los grandes retos del turismo con visión, orden y calidez. Esta Semana Santa es, sin duda, una oportunidad para fortalecer su posicionamiento como uno de los principales destinos turísticos del país, donde el disfrute va de la mano con el cuidado y la responsabilidad institucional.
CONFLICTO A PROPÓSITO
El conflicto suscitado en Culiacán por los cambios de uso de suelo en áreas originalmente destinadas a zonas verdes ha escalado del ámbito local al Congreso del Estado, con manifestaciones de vecinos inconformes, posicionamientos de legisladores y una creciente preocupación por la posible afectación a decenas de fraccionamientos. La situación refleja una tensión creciente entre las políticas de urbanización acelerada y la preservación del entorno urbano como espacio colectivo.
Vecinos de diversos sectores acudieron al Congreso con carteles en mano, denunciando que el Ayuntamiento de Culiacán ha modificado los usos de suelo en terrenos que —según señalan— estaban designados como áreas verdes. Su protesta no es menor: se trata de una demanda legítima por el cumplimiento de un derecho adquirido, ya que dichos espacios suelen estar contemplados en los proyectos habitacionales como parte integral de la calidad de vida comunitaria.
En este contexto, la diputada morenista Teresa Guerra Ochoa ha ofrecido fungir como mediadora entre los vecinos y la autoridad municipal, reconociendo que si bien el tema no es competencia directa del Congreso, sí puede ser atendido desde una lógica de interlocución institucional. La disposición al diálogo es positiva, pero no debe diluir la responsabilidad específica de las autoridades locales que aprobaron los cambios.
Por su parte, la diputada priista Paola Gárate ha advertido que hasta 50 fraccionamientos podrían estar en la misma situación, lo que eleva el caso a una dimensión más preocupante. Su señalamiento sobre la ausencia de consultas ciudadanas y la falta de transparencia en el proceso toca un punto clave: las decisiones que afectan al entorno urbano no pueden tomarse a espaldas de quienes lo habitan. La legalidad, la participación ciudadana y la planeación responsable deben ir de la mano.
Más allá del legítimo objetivo de ampliar la oferta de vivienda —particularmente en sectores vulnerables—, las acciones del Ayuntamiento no pueden contravenir principios básicos de urbanismo sostenible. Las áreas verdes no son un lujo, sino un componente vital para el equilibrio ambiental, la salud mental y la convivencia comunitaria. Quitarle a una colonia su parque, su jardín o su espacio común es romper con el tejido social que mantiene viva a una ciudad.
Este episodio es un llamado a revisar con rigor los planes de desarrollo urbano, transparentar los procedimientos y poner al centro el interés de los ciudadanos. En tiempos donde la confianza institucional es frágil, actuar de espaldas a la ciudadanía solo erosiona más el vínculo entre gobierno y sociedad.
El Congreso puede no tener competencia directa, pero sí tiene voz. Y más que mediar, puede y debe exigir claridad y legalidad. La vivienda digna y las ciudades habitables no pueden construirse en contradicción, sino en equilibrio.
