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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga "Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes" , Khali...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
"Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes" , Khalil Gibran (1883-1931) Ensayista, novelista y poeta libanés.
DE UNA VEZ
En política existe un error particularmente peligroso: Creer que acabar jurídicamente con un adversario significa necesariamente acabar políticamente con él.
El caso de Gerardo Vargas Landeros comienza a entrar en ese terreno.
El exalcalde de Ahome enfrenta procesos judiciales y la regla debe ser sencilla: si existen elementos, que se investigue. Si cometió algún delito, que responda. Y si no existen pruebas suficientes, que también quede establecido.
Sin privilegios. Pero tampoco con dedicatorias. Porque Gerardo tiene algo que sus expedientes judiciales no han conseguido desaparecer: estructura política.
Sigue teniendo presencia en Ahome, relaciones en distintos municipios y un grupo que permaneció activo incluso después de que Imelda Castro ganara la coordinación estatal.
Y eso cambia la lectura.
Quienes eventualmente pretendieran sacar a Gerardo de la competencia política mediante los tribunales —si esa fuera realmente la intención— deberían considerar una posibilidad: podrían terminar fortaleciéndolo.
Porque existe una diferencia enorme entre un político derrotado y un político que logra instalarse entre sus seguidores como víctima de una injusticia.
Gerardo ya utiliza la narrativa de la persecución política. Eso no demuestra que exista. Pero políticamente tampoco necesita demostrarla completamente para obtener beneficios. Le basta con conseguir que una parte de Morena la crea. Y ahí comienza el problema para el partido.
Porque mientras más procesos aparezcan y más coincidan con momentos de definición política, mayor será la obligación de las autoridades de demostrar que cada actuación responde exclusivamente a razones jurídicas.
La justicia no solamente debe ser imparcial. También debe parecerlo.
Vargas Landeros perdió la competencia estatal. Pero no desapareció. Aceptó el resultado, respaldó públicamente a Imelda Castro y continúa moviéndose dentro del escenario político.
Eso significa que Morena tendrá que decidir qué hacer con él. Integrarlo. Competirle. Negociar con su estructura. O dejar que sus procesos judiciales definan su futuro. La última alternativa sería probablemente la más riesgosa.
Porque los expedientes los resolverán los jueces. Pero la percepción de persecución la resolverá la militancia. Y esas dos sentencias pueden ser completamente distintas.
Gerardo Vargas conoce el poder. Ha sido secretario general de Gobierno, diputado federal y presidente municipal de Ahome. Tiene aliados, adversarios y una larga historia política.
No necesita que nadie lo convierta en mártir. Por eso Morena debería ser especialmente cuidadoso. Si existen responsabilidades, que lleguen hasta sus últimas consecuencias.
Pero si alguien creyera que utilizando instituciones puede terminar con un adversario interno, quizá debería recordar una vieja regla del poder: cuando golpeas políticamente a alguien y no lo acabas, normalmente lo haces más fuerte.
Gerardo Vargas todavía está de pie. La pregunta ya no es solamente qué ocurrirá con sus procesos.
Hay otra mucho más interesante rumbo al 2027: ¿lo están sacando del juego o, sin querer, están construyendo su regreso?
Ahí se las dejo de tarea.
EN LA COCINA
Primero fueron declaraciones. Ahora apareció la fotografía.
César Emiliano Gerardo Lugo y Roberto Padilla, por el PRI, se sentaron con Wendy Barajas y Roxana Rubio, del PAN, para hablar de algo que desde hace meses ronda la política sinaloense: construir un frente opositor rumbo al 2027.
No significa que exista alianza. Mucho menos que estén definidos candidatos. Pero ya comenzaron a hablar. Y eso importa.
PRI y PAN parecen haber entendido una realidad bastante sencilla: competir separados frente a Morena y sus aliados puede terminar fragmentando todavía más el voto opositor.
Por eso Wendy Barajas amplió públicamente la invitación. PAN. PRI. PAS. Movimiento Ciudadano. Y ciudadanos.
La intención parece clara: construir un bloque suficientemente amplio para disputar municipios, diputaciones y eventualmente la gubernatura. El problema comenzará cuando tengan que pasar de las palabras a los espacios.
Porque decir “Sinaloa por encima de los partidos” resulta sencillo mientras nadie pregunta quién encabezará las candidaturas.
Cuando llegue ese momento comenzarán las verdaderas negociaciones.
¿Quién pone candidato en Ahome?
¿Quién en Culiacán?
¿Quién en Mazatlán?
¿Quién en Guasave?
¿Y quién estaría dispuesto a renunciar a una candidatura propia para respaldar a alguien de otro partido?
Ahí sabremos qué tan seria es esta conversación.
Hay además una pieza importante. Movimiento Ciudadano no parece tener la misma prisa. Pío Esquer acaba de decir que primero quiere escuchar ciudadanos, construir estructura y después decidir si existen condiciones para una alianza.
No cerró la puerta. Pero tampoco entró. Eso puede colocar a MC en una posición interesante si consigue llegar a la negociación con suficientes votos propios.
Porque una oposición amplia difícilmente se construirá solamente sumando dirigencias. Necesita estructuras. Necesita candidatos competitivos. Y, principalmente, necesita votos.
PRI y PAN tienen además otro desafío. Convencer a una parte de la ciudadanía que ya votó contra ambos partidos de que ahora una alianza entre ellos representa algo distinto.
No será suficiente explicar contra quién van. Tendrán que explicar para qué quieren ir juntos. Seguridad. Economía. Campo. Empleo. Servicios públicos. Gobiernos municipales.
Ahí tendrá que aparecer una propuesta que vaya más allá de detener a Morena. Porque una alianza construida únicamente desde el rechazo puede sumar votos. Pero difícilmente construye esperanza.
La fotografía entre PRI y PAN es apenas el comienzo.Ahora tendrán que invitar a los demás.
Después ponerse de acuerdo.Y finalmente enfrentar la parte que históricamente destruye muchas alianzas:repartir el poder antes de haberlo ganado.
La oposición comienza a sentarse. La pregunta rumbo al 2027 será mucho más complicada: ¿están dispuestos realmente a construir juntos o solamente quieren que los demás se sumen detrás de ellos?
A CONSIDERACIÓN
Casi 935 millones de pesos.
Esa es la cifra que inevitablemente llama la atención después de la comparecencia de la auditora Emma Guadalupe Félix Rivera ante el Congreso del Estado.
Pero hay que separar las cosas.
De ese monto, alrededor de 698 millones ya fueron recuperados durante el proceso de fiscalización y casi 237 millones permanecen señalados como probable recuperación. No significa automáticamente desvío. Mucho menos corrupción comprobada.
Los entes fiscalizados tienen todavía derecho a presentar documentación, justificar gastos y solventar observaciones. Pero tampoco significa que no esté pasando nada.
La ASE promovió 2 mil 208 acciones y 532 recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 2025. Y algunas causas de las observaciones deberían preocupar más que el monto global.
Falta de documentos para justificar gastos. Retenciones de impuestos que no fueron enteradas. Trabajos de obra pública reportados pero no ejecutados. Y quizá una de las más difíciles de explicar: obras terminadas o pagadas que no están funcionando ni beneficiando a la población. Ahí cambia la discusión.
Porque detrás de una observación contable puede existir una calle que no se construyó, una obra que no funciona o dinero público cuyo destino todavía necesita explicación.
Hay otro dato políticamente incómodo. El 62 por ciento de los 236.9 millones de pesos pendientes de probable recuperación está concentrado en Ahome, Escuinapa, Elota y Navolato, además de juntas de agua de Guasave, Sinaloa y Salvador Alvarado.
Son alrededor de 147 millones de pesos. Naturalmente, cada gobierno tendrá oportunidad de responder. Y habrá que escuchar esas respuestas. Pero también habrá que recordarlas.
Porque uno de los problemas de la fiscalización en México es que conocemos perfectamente el día en que aparece una observación y pocas veces sabemos cómo terminó años después.
Ahí estuvo probablemente la pregunta más importante de la comparecencia.
No quién tiene más observaciones. Ni siquiera quién debe más. Sino: ¿Qué pasa después?
Porque si una observación puede tardar años en llegar a su conclusión, existe el riesgo de que cuando finalmente sepamos si hubo responsabilidad, los funcionarios ya hayan dejado el cargo, cambiado de administración o incluso regresado a competir por otro puesto público.
Y estamos entrando precisamente al 2027. Muchos nombres volverán a pedir confianza. Algunos buscarán reelegirse. Otros intentarán convertirse en alcaldes, diputados o funcionarios. Entonces quizá las auditorías también deberían formar parte de la conversación electoral.
No para condenar anticipadamente a nadie. Pero sí para preguntar. ¿Cómo administraste cuando tuviste dinero público en las manos? Porque auditar sirve para detectar.
Recuperar sirve para corregir. Pero si existieron irregularidades acreditadas, falta una tercera palabra: responsabilidad. Y ahí está la pregunta que vale la pena dejar abierta: ¿Usted cree que en Sinaloa las auditorías realmente terminan en consecuencias o solamente nos hemos acostumbrado a ver observaciones que, con el tiempo, dejamos de recordar?
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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