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Las penas podrán aumentar hasta en una mitad cuando exista violencia, abuso de poder, parentesco con la víctima o se aprovechen condiciones especiales de vulnerabilidad.
Culiacán, Sinaloa.— El Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas para tipificar y castigar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para actividades delictivas, estableciendo penas de 10 a 20 años de prisión y multas de 800 a mil 600 días.
Las modificaciones alcanzan la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa y el Código Penal, e incorporan además obligaciones para que autoridades estatales y municipales desarrollen mecanismos especializados de prevención, atención y reinserción de menores víctimas de reclutamiento.
Reclutar a menores será un delito específico
El nuevo capítulo incorporado al Código Penal establece que cometerá este delito quien, directamente o mediante otra persona, reclute, enliste, integre o incorpore por cualquier medio a una o varias personas menores de 18 años para realizar actividades delictivas.
La sanción será independiente de las penas que correspondan por otros delitos cometidos.
Además, las penas podrán incrementarse hasta en una mitad cuando el responsable tenga parentesco o esté encargado de la custodia, guarda o educación del menor; utilice violencia física o psicológica, abuso de poder o se aproveche de su vulnerabilidad; sea servidor público, o la víctima se encuentre en condiciones como abandono, orfandad, migración, desplazamiento forzado, situación de calle o discapacidad.
La misma sanción podrá aplicarse cuando la víctima sea una persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.
Obligan a crear protocolos especializados
Las reformas también establecen una protección reforzada para niñas, niños y adolescentes frente a su utilización por grupos delictivos.
Las autoridades deberán desarrollar políticas de prevención, rescate, rehabilitación, atención, reintegración y reparación del daño.
Asimismo, deberán implementar protocolos para la detección temprana, atención psicológica, reinserción social y justicia restaurativa, mediante la coordinación del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, las áreas de Seguridad y Educación y la Fiscalía General del Estado.
Las modificaciones aprobadas surgieron de cuatro iniciativas presentadas por separado por los grupos parlamentarios de Morena, PVEM y PRI, así como por la diputada morenista Arely Berenice Ruiz López.
