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La Comisión de Justicia aprobó el dictamen que busca convertir en delito el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para actividades delictivas; las penas podrían aumentar hasta en una mitad en casos agravados.
Culiacán, Sinaloa.— Reclutar a niñas, niños y adolescentes para involucrarlos en actividades delictivas podría castigarse en Sinaloa con penas de cinco a 12 años de prisión y multas de 800 a mil 60 días, de acuerdo con un dictamen aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso del Estado.
La propuesta reforma y adiciona disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Penal de Sinaloa, con el objetivo de establecer sanciones específicas contra quienes incorporen a menores de edad a actividades criminales.
El dictamen fue aprobado por las diputadas Elizabeth Ramírez Tirado y Erika Rubí Martínez Rodríguez, así como por el diputado Ambrocio Chávez Chávez, integrantes de la Comisión de Justicia.
Penas podrían aumentar hasta en una mitad
La reforma plantea que las sanciones se incrementen hasta en una mitad cuando el reclutamiento sea cometido por familiares de la víctima o personas que tengan al menor bajo su guarda o educación.
La agravante también se aplicaría cuando quien incurra en esta conducta sea servidor público o cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes en situación de calle.
Además, se contempla sancionar a quien realice el reclutamiento por medio de otra persona y considerar una conducta equiparable cuando se cometa contra personas que no tengan capacidad para comprender las acciones que se les obliga a realizar.
Plantean atención y reinserción para las víctimas
Las modificaciones no se limitan al terreno penal. Con la reforma al artículo 13 y la adición del artículo 13 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se plantea establecer protocolos especializados para detección temprana, atención psicológica, reinserción social y justicia restaurativa para las víctimas de reclutamiento.
Con la aprobación en comisión, el dictamen avanza en el proceso legislativo y deberá continuar su trámite en el Congreso antes de que las reformas puedan entrar en vigor.
