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Wendy Barajas Cortés señaló que al menos 38 aspirantes han sido identificados en Ahome, Mazatlán, Guasave y Culiacán, y exigió transparentar los recursos utilizados en recorridos y actividades de promoción política.
Culiacán, Sinaloa.– La presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en Sinaloa, Wendy Barajas Cortés, cuestionó la permanencia en sus cargos de funcionarios públicos vinculados a Morena que buscan nuevas posiciones políticas rumbo al proceso electoral de 2027, al considerar que las actividades de promoción y los recorridos de los aspirantes deben estar sujetos a mecanismos de transparencia y fiscalización.
La dirigente estatal sostuvo que existe una creciente actividad política entre servidores públicos que, sin separarse de sus responsabilidades institucionales, participan en reuniones, eventos y recorridos relacionados con sus aspiraciones.
“¿Quién pone límites a la campaña permanente de Morena? ¿Qué reglas los regulan, quién fiscaliza sus actividades y de dónde salen los recursos para financiar tantos recorridos y eventos? La ciudadanía merece transparencia y rendición de cuentas”, expresó.
Barajas Cortés señaló que, de acuerdo con los registros identificados hasta el momento, existen al menos 38 aspirantes en cuatro de los principales municipios de Sinaloa, entre quienes se encuentran las personas que actualmente encabezan sus respectivos ayuntamientos.
Precisó que Ahome registra nueve aspirantes, Mazatlán diez, Guasave trece y Culiacán seis, aunque advirtió que la cifra podría ser superior debido a que no todos los interesados hacen públicas sus aspiraciones o registros.
El señalamiento ocurre en un contexto de movimientos políticos anticipados al proceso electoral de 2027, cuando estarán en disputa distintos cargos de representación popular y posiciones dentro de los gobiernos municipales y estatal.
La presidenta del PAN consideró que la cantidad de funcionarios interesados en nuevas responsabilidades políticas contrasta con los problemas que enfrenta la población sinaloense, particularmente en materia de seguridad, servicios públicos y actividad económica.
Entre las situaciones que mencionó se encuentran la persistencia de hechos de violencia, el deterioro de calles, las deficiencias del alumbrado público y las dificultades que enfrentan los establecimientos comerciales.
“¿De verdad Sinaloa necesita tantos aspirantes a coordinadores? Lo que necesitamos son autoridades ocupadas en resolver los problemas de la gente, no funcionarios preocupados por su siguiente cargo”, manifestó.
Uno de los principales cuestionamientos de la dirigente se relaciona con el origen de los recursos utilizados para financiar las actividades políticas de quienes actualmente desempeñan funciones públicas.
En ese sentido, planteó la necesidad de establecer con claridad si los recorridos, reuniones y eventos se realizan mediante recursos privados o partidistas y si existe alguna utilización de bienes, personal o presupuesto gubernamental.
Sin embargo, en el posicionamiento difundido no se presentaron pruebas documentales de un presunto uso indebido de recursos públicos ni se identificaron casos específicos en los que se haya acreditado alguna irregularidad.
La legislación electoral establece restricciones a la utilización de recursos públicos para favorecer opciones políticas y exige que los servidores públicos respeten los principios de imparcialidad y neutralidad. No obstante, la permanencia en un cargo mientras se manifiestan aspiraciones políticas no constituye, por sí misma, una infracción; cualquier posible responsabilidad depende de las conductas realizadas y de su valoración por las autoridades competentes.
Barajas Cortés insistió en que la ciudadanía debe mantenerse atenta al desempeño de los funcionarios y exigir que las responsabilidades administrativas no sean desplazadas por intereses electorales.
“Sinaloa necesita resultados y autoridades comprometidas con servir, no funcionarios en campaña permanente”, concluyó.
El posicionamiento del PAN introduce al debate político una discusión que cobrará relevancia conforme avance la definición de candidaturas para 2027: hasta dónde pueden llegar las actividades de promoción de los aspirantes que ocupan cargos públicos y cómo garantizar que sus obligaciones institucionales no se confundan con sus intereses partidistas.
Más allá del número de aspirantes, el punto central será comprobar que los recursos públicos se utilicen exclusivamente para las funciones de gobierno y que las autoridades mantengan su responsabilidad de atender los problemas ciudadanos, independientemente de sus proyectos políticos.
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