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La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación aprobó por unanimidad dos dictámenes que buscan reconocer el derecho a una vivienda adecuada y establecer plazos para informar al Cabildo sobre las auditorías realizadas a los ayuntamientos.
Culiacán, Sinaloa.– El Congreso del Estado de Sinaloa dio un paso en materia de derechos sociales y fiscalización municipal, luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación aprobara por unanimidad dos dictámenes para reformar la Constitución estatal y la Ley de Gobierno Municipal.
Durante la sesión celebrada este martes 20 de octubre, las diputadas y diputados integrantes de la comisión avalaron modificaciones que buscan garantizar el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, así como fortalecer los mecanismos de información sobre el uso de los recursos públicos en los ayuntamientos.
En el primer dictamen se propone reformar la fracción XI del artículo 4 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, para establecer expresamente que toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda adecuada en condiciones de igualdad y sin discriminación.
La modificación también contempla que la legislación correspondiente establezca los instrumentos y apoyos necesarios para avanzar en el cumplimiento de este derecho, con lo que se busca fortalecer su reconocimiento dentro del marco constitucional estatal.
El segundo dictamen contempla reformas a los artículos 67 Bis 1 y 67 Bis J de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, relacionadas con las obligaciones de los órganos internos de control y el manejo de la información derivada de las auditorías.
Una de las principales modificaciones establece que los informes de las revisiones y auditorías realizadas para verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes municipales deberán presentarse ante el Cabildo en un plazo máximo de 30 días hábiles posteriores a la emisión del informe de resultados.
Con esta disposición se pretende establecer un periodo definido para que los integrantes del Cabildo conozcan los resultados de las revisiones practicadas a la administración municipal, evitando que su presentación quede sin un límite temporal expresamente señalado.
Asimismo, la reforma al artículo 67 Bis J establece la obligación de guardar estricta reserva sobre la información y documentación conocida durante los procedimientos de auditoría.
Esta responsabilidad será aplicable tanto a los servidores públicos adscritos a los órganos internos de control de los ayuntamientos como a los profesionales contratados para realizar revisiones, quienes deberán mantener la confidencialidad de sus actuaciones y observaciones.
El dictamen contempla que quienes incumplan esta obligación podrán enfrentar las responsabilidades previstas en las disposiciones legales correspondientes.
En la votación participaron Juana Minerva Vázquez González, presidenta de la comisión; César Ismael Guerrero Alarcón, secretario; y las diputadas y el diputado Rita Fierro Reyes, Arely Berenice Ruiz López y Jorge Antonio González Flores, quienes respaldaron ambas propuestas.
Con la aprobación de estos dictámenes en comisión, las reformas avanzan en su procedimiento legislativo y quedan pendientes de las siguientes etapas para su eventual aprobación definitiva.
Las modificaciones abordan dos aspectos distintos de la vida pública sinaloense: el reconocimiento constitucional de condiciones adecuadas de vivienda y la obligación de informar oportunamente sobre la revisión de los recursos municipales, asuntos relacionados con los derechos de la población y la rendición de cuentas de los gobiernos locales.
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