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Las iniciativas buscan reconocer constitucionalmente el derecho a una vivienda digna y obligar a los órganos internos de control de los ayuntamientos a presentar sus informes de auditoría ante el Cabildo en un plazo máximo de 30 días hábiles.
Culiacán, Sinaloa.– El Congreso del Estado de Sinaloa avanzó este martes 20 de octubre en el proceso legislativo de dos reformas relacionadas con el derecho a una vivienda adecuada y la fiscalización de los recursos públicos municipales, al dar primera lectura a los dictámenes que modificarían la Constitución estatal y la Ley de Gobierno Municipal.
Ambas propuestas fueron turnadas a una segunda y última lectura, antes de ser sometidas a discusión y, en su caso, aprobación por el Pleno del Poder Legislativo.
La primera reforma contempla modificar la fracción XI del artículo 4 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa para establecer expresamente que toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda adecuada en condiciones de igualdad y sin discriminación.
La propuesta busca ampliar el alcance de este derecho, al considerar que una vivienda adecuada no se limita a contar con un espacio físico para habitar, sino que también debe reunir condiciones que permitan el desarrollo y bienestar de las familias.
Entre los elementos contemplados se encuentran la habitabilidad, disponibilidad de servicios básicos, asequibilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.
El dictamen establece además que la legislación secundaria deberá determinar los instrumentos y apoyos necesarios para avanzar en el cumplimiento de este derecho.
La reforma constitucional se elaboró a partir de dos iniciativas presentadas por las diputadas Martha Yolanda Dagnino Camacho, del Partido Verde Ecologista de México, y Moncerrat López López, del Partido del Trabajo.
En materia de fiscalización municipal, el segundo dictamen propone modificar los artículos 67 Bis I y 67 Bis J de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, con el propósito de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en los ayuntamientos.
Uno de los cambios centrales establece la obligación de presentar al Cabildo los informes derivados de revisiones y auditorías realizadas para verificar la correcta aplicación de los recursos y bienes municipales.
De aprobarse la reforma, estos documentos deberán entregarse en un plazo no mayor de 30 días hábiles posteriores a la emisión del informe que contenga los resultados de las revisiones.
La disposición busca que los integrantes del Cabildo tengan conocimiento oportuno de las observaciones y resultados de las auditorías practicadas a la administración municipal, lo que permitiría fortalecer las funciones de vigilancia sobre el ejercicio del presupuesto público.
La segunda modificación establece que los servidores públicos adscritos a los órganos internos de control, así como los profesionales contratados para realizar auditorías, deberán mantener estricta reserva sobre la información, documentos, actuaciones y observaciones a los que tengan acceso durante el desempeño de sus funciones.
El incumplimiento de esta obligación podría generar responsabilidades conforme a las disposiciones legales aplicables.
Esta iniciativa fue presentada por el diputado de Morena, Eligio López Portillo, y forma parte de las propuestas orientadas a fortalecer los procedimientos de control administrativo dentro de los gobiernos municipales.
Con la primera lectura de ambos dictámenes, el Congreso de Sinaloa dejó encaminadas dos reformas que abordan aspectos distintos de la administración pública: el reconocimiento de derechos sociales y la supervisión del manejo de los recursos municipales.
Las propuestas todavía no constituyen reformas aprobadas, por lo que deberán completar el procedimiento legislativo correspondiente antes de entrar en vigor.
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