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El programa contempla la participación de 35 unidades agrícolas de cinco municipios, donde trabajadores sociales darán seguimiento a niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras migrantes.
Culiacán, Sinaloa.– Un total de 58 campos agrícolas distribuidos en cinco municipios de Sinaloa serán incorporados durante la temporada 2026-2027 a las acciones del Subprograma de Desincorporación de la Mano de Obra Infantil Jornalera, mediante el cual el Sistema DIF estatal busca prevenir el trabajo infantil y fortalecer la atención a niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras migrantes.
La estrategia contempla la participación de 35 unidades agrícolas ubicadas en Culiacán, Navolato, Eldorado, Guasave y Elota, donde personal de trabajo social tendrá la responsabilidad de identificar a menores que requieran atención, actualizar los registros de beneficiarios y facilitar el acceso a apoyos alimentarios.
Como parte de los preparativos para el nuevo ciclo agrícola, la Dirección de Asistencia Alimentaria del DIF Sinaloa inició acciones de capacitación dirigidas a trabajadores sociales que mantienen contacto directo con las familias que llegan a los campos durante las temporadas de siembra y cosecha.
El objetivo es mejorar los mecanismos de identificación y seguimiento de niñas, niños y adolescentes que podrían encontrarse en condiciones de vulnerabilidad o riesgo de incorporarse a las labores agrícolas.
Durante la capacitación se abordaron los criterios de operación del subprograma, los procedimientos para integrar y actualizar los padrones de beneficiarios, así como los requisitos documentales para la entrega de apoyos alimentarios.
También se revisaron mecanismos de comunicación entre el personal de los campos agrícolas y el DIF Sinaloa, con la finalidad de mantener un seguimiento de las familias que se desplazan entre distintas zonas productivas.
Esta movilidad representa uno de los principales desafíos para la atención institucional, debido a que las familias jornaleras pueden cambiar de residencia temporal conforme avanzan las temporadas agrícolas, lo que dificulta la continuidad de los servicios y la identificación de necesidades.
En ese contexto, la participación de trabajadores sociales resulta fundamental para detectar oportunamente situaciones de riesgo y canalizar los casos que requieran intervención de las instituciones responsables de proteger los derechos de la infancia.
El programa busca contribuir a que los menores permanezcan fuera de las actividades laborales agrícolas y tengan mejores condiciones para su alimentación, bienestar y desarrollo.
Sin embargo, la información difundida por DIF Sinaloa no precisa cuántas niñas, niños y adolescentes serán atendidos durante la temporada 2026-2027, ni el presupuesto destinado a la operación del subprograma.
Tampoco se dieron a conocer cifras de menores retirados del trabajo agrícola durante el ciclo anterior, indicadores que permitirían evaluar los resultados alcanzados y los desafíos que todavía enfrenta esta estrategia.
La problemática del trabajo infantil en el sector agrícola requiere una atención que no se limite a la entrega de apoyos alimentarios, sino que también considere el acceso a la educación, los servicios de salud y la protección social de las familias jornaleras.
La presencia de menores en los campos agrícolas constituye un asunto especialmente sensible debido a las condiciones de movilidad, las necesidades económicas de los hogares y las dificultades que pueden enfrentar para mantener una trayectoria escolar continua.
Por ello, la coordinación entre las instituciones públicas, los responsables de las unidades agrícolas y el personal de trabajo social será determinante para identificar riesgos y garantizar la atención de los menores.
Con la incorporación de los 58 campos agrícolas, DIF Sinaloa busca ampliar el alcance de sus acciones preventivas durante la próxima temporada productiva.
El reto será que la capacitación y los mecanismos de seguimiento se traduzcan en resultados verificables, particularmente en la reducción de la participación infantil en labores agrícolas y en el acceso efectivo a servicios de protección.
Porque el futuro de los hijos de las familias jornaleras no debe quedar condicionado a las necesidades de una cosecha: su lugar debe estar en las aulas, en espacios seguros y en oportunidades que les permitan desarrollarse plenamente.
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