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Jesús Abraham “N” fue detenido en Mazatlán con armamento y municiones. Autoridades federales lo vinculan con la célula criminal investigada por la desaparición de diez trabajadores mineros, de los cuales nueve fueron localizados sin vida.
Mazatlán, Sinaloa.– Jesús Abraham “N”, alias “El Talibán”, identificado por autoridades federales como presunto integrante de la facción de Los Chapitos del Cártel del Pacífico y relacionado con el caso de los diez trabajadores mineros privados de la libertad en Concordia, permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa tras ser presentado ante un juez de control por delitos relacionados con armas y municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes 20 de octubre que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, formuló imputación contra Jesús “N” por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército.
Durante la audiencia inicial, el juez de control calificó como legal la detención y determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá privado de la libertad mientras continúa el procedimiento penal.
La captura de Jesús Abraham “N”, conocido como “El Talibán”, ocurrió el pasado 17 de octubre en Mazatlán, como resultado de trabajos de inteligencia militar desarrollados por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales.
De acuerdo con información difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional, el detenido es identificado como una persona de confianza de Juan Benito “N”, alias “Beny 17”, señalado como uno de los jefes regionales de Los Chapitos, facción del Cártel del Pacífico.
La detención adquiere relevancia por su presunta relación con uno de los casos de violencia que mayor impacto ha generado en el sur de Sinaloa durante 2026: la privación de la libertad de diez trabajadores de la empresa minera Canam/Vizsla Silver Corp., ocurrida el 23 de enero en el municipio de Concordia.
Las autoridades federales han relacionado a la célula delictiva a la que presuntamente pertenece “El Talibán” con el secuestro y homicidio de los trabajadores mineros, así como con la privación de la libertad de cuatro turistas originarios del Estado de México, registrada el 3 de febrero en Mazatlán.
En el caso de los mineros, las investigaciones comenzaron después de que un grupo armado se llevara a diez trabajadores vinculados con el proyecto minero Pánuco, en Concordia.
Posteriormente, las labores de búsqueda permitieron localizar restos humanos en la zona de El Verde. La empresa minera confirmó en abril que nueve de sus trabajadores habían sido identificados sin vida, mientras que uno permanecía desaparecido.
La detención de “El Talibán” se produjo después de otro operativo efectuado el 16 de octubre en el municipio de Rosario, donde fuerzas federales capturaron a cuatro presuntos integrantes de una célula criminal, entre ellos una persona de nacionalidad colombiana.
Según la información de Defensa, los detenidos en Rosario formaban parte del círculo de seguridad de Óscar Luciano “N”, alias “Casco” o “El 81”, también identificado como jefe regional de Los Chapitos.
Ambas acciones fueron presentadas por las autoridades como parte de una misma estrategia de inteligencia orientada a desarticular estructuras delictivas que operan en el sur de Sinaloa.
Sin embargo, aunque las autoridades federales relacionan a Jesús Abraham “N” con la organización investigada por el caso de los mineros, la imputación judicial informada este martes corresponde a delitos relacionados con armas, cartuchos y cargadores. No se ha confirmado que haya sido imputado formalmente por la desaparición u homicidio de los trabajadores.
La Fiscalía General de la República continuará con el procedimiento penal correspondiente, mientras las investigaciones sobre la participación de los integrantes de esta célula en otros hechos delictivos siguen bajo responsabilidad de las autoridades competentes.
La captura representa un avance en las acciones federales contra las estructuras criminales que operan en la región, aunque el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Concordia dependerá de los resultados de las investigaciones y de las determinaciones judiciales.
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