Un posicionamiento legislativo cuestiona que el proyecto federal contemple un incremento de apenas 0.3 por ciento para Sinaloa, frente al pr...
Un posicionamiento legislativo cuestiona que el proyecto federal contemple un incremento de apenas 0.3 por ciento para Sinaloa, frente al promedio nacional de 4.6 por ciento, y solicita revisar la asignación de recursos ante la pérdida de empleos y el deterioro de las actividades productivas.
Culiacán, Sinaloa.– En medio de las afectaciones económicas y sociales provocadas por la violencia en Sinaloa, un posicionamiento presentado ante la tribuna legislativa cuestionó la distribución de recursos contemplada en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, al considerar que la asignación propuesta resulta insuficiente frente a las necesidades extraordinarias que enfrenta la entidad.
De acuerdo con las cifras expuestas, el proyecto presupuestal de la presidenta Claudia Sheinbaum contempla un incremento de apenas 0.3 por ciento en los recursos federalizados destinados a Sinaloa, mientras que el crecimiento promedio previsto para las entidades federativas sería de 4.6 por ciento.
El planteamiento sostiene que esta diferencia debe revisarse durante la discusión presupuestal, debido a las consecuencias que la crisis de seguridad ha tenido sobre la actividad económica, el empleo, los establecimientos comerciales y las familias desplazadas de sus comunidades.
“No estamos pidiendo privilegios. Estamos exigiendo justicia presupuestal para un estado que ha contribuido enormemente al desarrollo económico de México y a la alimentación de millones de mexicanos”, señala el pronunciamiento.
Entre los indicadores mencionados destaca una contracción de 4.5 por ciento de la economía sinaloense durante el primer trimestre de 2026 respecto al trimestre anterior, identificada en el posicionamiento como la caída más pronunciada entre las entidades del país.
Asimismo, se advierte que las actividades primarias registraron una disminución anual de 16.6 por ciento, situación que afecta a sectores fundamentales para la economía estatal, como la agricultura, la ganadería y la pesca.
El documento también señala que durante los últimos 24 meses Sinaloa habría perdido cerca de 23 mil empleos formales, mientras aproximadamente cinco mil patrones dejaron de figurar en los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Estas cifras fueron utilizadas para argumentar que el deterioro económico no se limita a las grandes actividades productivas, sino que alcanza directamente a pequeños comercios, empresas familiares y trabajadores que dependen de ingresos regulares.
En particular, se expuso la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas, cuyos propietarios han enfrentado dificultades para mantener sus operaciones debido a la reducción de ventas, los gastos permanentes y las condiciones de inseguridad.
El posicionamiento sostiene que numerosos empresarios recurrieron a sus ahorros y al endeudamiento para conservar sus negocios y fuentes de empleo, aunque algunos terminaron por cerrar sus establecimientos.
También se advierte que el empleo formal habría retrocedido a niveles registrados en 2021, lo que incrementa la presión sobre el mercado laboral y las posibilidades de recuperación económica.
Frente a este panorama, se hizo un llamado a revisar los criterios de distribución de los recursos federales y considerar las condiciones particulares de Sinaloa durante la discusión del presupuesto correspondiente al próximo año.
La demanda central consiste en que la asignación presupuestal responda no solamente a los mecanismos ordinarios de distribución, sino también a las consecuencias económicas y sociales de la crisis que atraviesa el estado.
Las cifras citadas corresponden al posicionamiento legislativo y requieren contrastarse con el proyecto presupuestal y los registros económicos oficiales para establecer su alcance definitivo.
La discusión del presupuesto federal será determinante para conocer si existen ajustes en los recursos destinados a Sinaloa. Mientras tanto, el planteamiento coloca sobre la mesa una pregunta de fondo: si las condiciones económicas del estado son extraordinarias, ¿debe mantenerse una distribución de recursos que no contemple medidas adicionales para su recuperación?
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