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Habitantes de la colonia, algunos con 16 años de residencia, aseguran que enfrentan cobros elevados para regularizar sus terrenos y temen pe...
Habitantes de la colonia, algunos con 16 años de residencia, aseguran que enfrentan cobros elevados para regularizar sus terrenos y temen perder el patrimonio que construyeron tras abandonar sus comunidades de origen.
Mazatlán, Sinaloa.– Familias de la colonia San Antonio, muchas de ellas desplazadas por la violencia de comunidades serranas del sur de Sinaloa, denunciaron que enfrentan el riesgo de ser desalojadas de los terrenos que han habitado durante aproximadamente 16 años, además de cobros que consideran excesivos para obtener la regularización de sus lotes.
La problemática fue expuesta durante una asamblea comunitaria encabezada por los propios vecinos, en la que participó Juan Carlos Patrón Rosales, aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Mazatlán, quien se comprometió a brindar respaldo legal y social a las familias afectadas.
El encuentro se realizó en una de las calles de terracería del asentamiento, donde los habitantes explicaron que llegaron a la zona cuando carecía de infraestructura y servicios básicos, y que durante años han trabajado para construir sus viviendas y consolidar la comunidad.
De acuerdo con los testimonios de los colonos, ahora enfrentan exigencias económicas para regularizar la propiedad de sus terrenos, con montos que, aseguran, resultan comparables e incluso superiores a los precios de lotes en desarrollos residenciales.
“Nos sale más barato comprar un lote en una residencial que aquí en la invasión, siendo que nosotros abrimos brecha”, expresaron los vecinos durante la reunión.
Los habitantes sostuvieron que la situación resulta especialmente preocupante porque muchas familias llegaron a Mazatlán después de abandonar sus comunidades de origen debido a la inseguridad, buscando un lugar donde establecerse y reconstruir su patrimonio.
Sin embargo, después de más de una década de residencia, aseguran que nuevamente enfrentan incertidumbre sobre la permanencia en sus hogares, ahora por conflictos relacionados con la tenencia de la tierra y los costos de regularización.
Durante la asamblea, Patrón Rosales manifestó su disposición para acompañar a los vecinos en la búsqueda de alternativas jurídicas que permitan proteger sus viviendas y alcanzar acuerdos de regularización bajo condiciones económicas accesibles.
El aspirante morenista señaló que la situación de las familias requiere atención institucional y consideró necesario evitar que quienes han enfrentado desplazamiento por violencia vuelvan a perder el espacio donde han construido sus hogares.
Su compromiso, de acuerdo con lo expresado durante el encuentro, contempla impulsar acciones de acompañamiento legal y social para defender los intereses de los habitantes.
No obstante, hasta el momento no se han dado a conocer documentos relacionados con los presuntos procedimientos de desalojo, el régimen de propiedad de los terrenos, los montos específicos que se estarían cobrando ni la postura de la empresa señalada por los colonos.
Estos elementos serán fundamentales para determinar la situación jurídica del asentamiento, las obligaciones de las partes involucradas y las posibles alternativas de regularización.
La problemática también evidencia uno de los desafíos que enfrenta Mazatlán ante el crecimiento de asentamientos populares y la llegada de familias que han abandonado comunidades rurales por situaciones de violencia.
Para quienes se establecieron en San Antonio, la regularización de sus terrenos representa no solamente un trámite administrativo, sino la posibilidad de obtener certeza jurídica sobre el lugar donde han desarrollado su vida familiar durante años.
Los vecinos agradecieron el respaldo ofrecido por Juan Carlos Patrón y acordaron mantenerse organizados mediante asambleas comunitarias mientras buscan una solución que les permita conservar sus viviendas y acceder a condiciones de regularización que consideran justas.
El caso plantea la necesidad de que las autoridades competentes revisen las condiciones legales de los predios y los señalamientos de los habitantes, garantizando tanto el respeto a los derechos de propiedad como la protección de las familias en situación de vulnerabilidad.
La intervención política puede contribuir a visibilizar el conflicto, pero su solución dependerá de mecanismos jurídicos, acuerdos verificables y la participación de las instituciones responsables.
Porque para estas familias, que aseguran haber dejado atrás sus comunidades por la violencia, la posibilidad de perder nuevamente su hogar representa mucho más que un conflicto inmobiliario: significa enfrentar otra vez la incertidumbre de no saber dónde podrán vivir.
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