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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga "A veces hace falta un ramalazo de locura para construir un destino", Marguerite Yourcenar (...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
"A veces hace falta un ramalazo de locura para construir un destino", Marguerite Yourcenar (1903-1987) Escritora francesa.
En política no solamente importan las decisiones. También importa cuánto tiempo pueden sostenerse.
Rubén Rocha Moya regresó el viernes 21 de agosto al Gobierno de Sinaloa después de 112 días de licencia. Un día después presentó nuevamente ante el Congreso del Estado una solicitud para separarse del cargo.
Entre una decisión y otra transcurrieron poco más de 30 horas.
Pero políticamente ocurrió mucho más.
El viernes, Rocha regresó ejerciendo plenamente sus facultades constitucionales. Notificó al Congreso, retomó actividades en Palacio de Gobierno, encabezó reuniones y restituyó a Yeraldine Bonilla Valverde en la Secretaría General de Gobierno.
Su mensaje era de normalidad institucional.
Sin embargo, rápidamente comenzó a quedar claro que la normalidad administrativa no necesariamente significaba normalidad política.
Desde el Gobierno federal se señaló que su reincorporación había sido una decisión personal. Morena nacional también tomó distancia y diferentes actores del movimiento comenzaron a pronunciarse sobre la conveniencia de su regreso. La propia presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no había sido consultada previamente y posteriormente lanzó un mensaje en el que sostuvo que ningún interés personal puede estar por encima del pueblo y de la Nación.
Ese fue probablemente el momento que cambió el escenario. No porque constitucionalmente impidiera a Rocha gobernar. Sino porque evidenció que su regreso carecía del consenso político que muchos suponían.
El aislamiento pesó
Durante el sábado las reacciones comenzaron a acumularse.
Dentro de Morena hubo posiciones diferentes. Algunos actores respaldaron la reincorporación; otros prefirieron guardar silencio y algunos más se alinearon con la posición presidencial. También surgieron cuestionamientos desde la oposición y sectores ciudadanos anunciaron movilizaciones contra el regreso.
La discusión dejó entonces de centrarse en si Rocha podía regresar. La pregunta comenzó a ser si políticamente convenía que permaneciera. Y ahí probablemente se encuentra la explicación más importante de la segunda licencia.
Rocha decidió volver a separarse del cargo mientras continúan abiertas las investigaciones relacionadas con los señalamientos que pesan sobre él. La nueva solicitud llegó después de una jornada marcada por el distanciamiento de actores importantes de su propio movimiento y por una creciente presión política.
Sería apresurado afirmar que existió una orden desde el centro para que dejara nuevamente el gobierno. No existe, hasta ahora, evidencia pública que permita sostenerlo. Pero también sería difícil ignorar que el contexto político cambió radicalmente después de las posiciones expresadas desde Palacio Nacional y Morena.
La crisis también alcanzó inevitablemente el proceso interno de Morena.
Algunos aspirantes a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía cerraron filas alrededor de Claudia Sheinbaum. Imelda Castro sostuvo que dentro del movimiento no existen proyectos individuales ni intereses personales y manifestó su respaldo incondicional a la Presidenta.
Pero Gerardo Vargas Landeros fue más allá.
No se limitó a respaldar la posición presidencial. Celebró abiertamente la nueva licencia y consideró que era una decisión necesaria porque, desde su perspectiva, la permanencia de Rocha comenzaba a causar daño político a Sinaloa y al país. Incluso sostuvo que separarse nuevamente era lo mejor para la “salud política” del propio gobernador y de quienes lo rodean.
La diferencia no es menor.
Mientras algunos aspirantes decidieron colocarse junto a la Presidenta sin confrontar directamente a Rocha, Vargas decidió fijar una posición sobre el gobernador.
Y tiene un antecedente.
Desde julio había sostenido públicamente que Rocha no debía regresar al cargo y que hacerlo sería políticamente inconveniente.
Eso le permite argumentar ahora que no modificó su postura después del mensaje presidencial.
Pero también eleva considerablemente su apuesta.
Porque una cosa es acompañar políticamente a Claudia Sheinbaum y otra muy distinta convertirse, dentro del propio proceso de Morena, en una de las voces más críticas hacia un gobernador emanado del mismo movimiento.
Habrá que observar las consecuencias.
Vargas está intentando construir su proyecto alrededor de paz, seguridad y experiencia. La crisis de estas horas le permite reforzar ese discurso, pero simultáneamente lo coloca en una posición de mayor confrontación con el grupo político que acompañó a Rocha.
Y eso también tendrá efectos cuando llegue la encuesta.
Una rectificación con costos
La segunda licencia puede interpretarse como una decisión para reducir la tensión y evitar que el caso continúe trasladándose hacia el gobierno estatal y hacia la propia Cuarta Transformación.
También representa una rectificación. Y toda rectificación política tiene costos.
El regreso del viernes pretendía proyectar capacidad para reasumir el gobierno. La licencia presentada apenas un día después deja, inevitablemente, preguntas sobre la valoración política que antecedió aquella decisión.
¿Por qué regresar si no existían condiciones para permanecer?
¿Qué cambió en esas horas?
¿Existieron conversaciones posteriores?
Son preguntas que probablemente continuarán acompañando el episodio.
Pero también sería excesivo convertir la nueva licencia en una sentencia sobre el futuro político de Rocha. Una licencia no determina responsabilidades. Los señalamientos que existen deberán resolverse en las instancias correspondientes, mediante investigaciones, pruebas y debido proceso.
La política tiene sus tiempos. La justicia debe tener los suyos. Confundirlos solamente aumentaría la polarización alrededor de un asunto suficientemente delicado.
Ahora le corresponde al Congreso
La atención se trasladará este domingo 23 de agosto al Congreso del Estado. La Diputación Permanente fue convocada a las 11:00 horas para atender la solicitud presentada por Rocha y activar el procedimiento legislativo correspondiente. Y esa sesión será mucho más que un trámite.
El Congreso tendrá que aportar certidumbre institucional después de un episodio particularmente acelerado: licencia, interinato, regreso y una nueva solicitud de separación en cuestión de meses.
Yeraldine Bonilla tiene un antecedente inmediato que inevitablemente la coloca dentro del escenario. El propio Congreso la designó gobernadora interina cuando aprobó la anterior licencia de Rocha el pasado 2 de mayo.
Pero corresponderá al Poder Legislativo procesar esta nueva situación y definir los siguientes pasos. Conviene no adelantar decisiones.
La sucesión también cambia
Existe además una consecuencia política que difícilmente podrá separarse de este episodio. Sinaloa ya se encuentra rumbo a 2027.
Morena desarrolla su proceso para definir quién encabezará la siguiente etapa del movimiento y varios de sus principales cuadros recorren el estado. La nueva licencia modifica inevitablemente ese tablero.
No porque automáticamente fortalezca o debilite a determinado aspirante, sino porque introduce una pregunta que hasta hace pocos días parecía distinta:
¿qué peso conservará Rubén Rocha en la construcción de la sucesión?
Habrá quienes intenten tomar distancia. Otros mantendrán cercanía. Y seguramente aparecerán quienes busquen interpretar cada declaración como señal de Palacio Nacional. Conviene tener cuidado.
Todavía falta demasiado proceso para convertir las reacciones de estas horas en candidaturas o sentencias políticas. Lo que sí puede afirmarse es que el centro de gravedad de la sucesión podría comenzar a desplazarse. Y todos los aspirantes lo saben.
Lo que dejaron estas horas
El regreso de Rocha demostró que la legalidad constitucional y la viabilidad política no siempre caminan exactamente al mismo ritmo. Podía regresar. Regresó. Después decidió volver a solicitar licencia.
Ahora corresponderá al Congreso darle cauce institucional a esa determinación. Y quizá eso sea lo más importante después de jornadas tan agitadas. Sinaloa necesita que las instituciones funcionen independientemente de nombres, grupos y aspiraciones.
La situación jurídica de Rubén Rocha deberá resolverse donde corresponde. Su futuro político será otra historia. Y el gobierno estatal tendrá que continuar funcionando con quien constitucionalmente determine el Congreso.
Porque después de tantas horas dedicadas a quién entra, quién sale, quién respalda y quién se deslinda, existe algo que no debería perderse entre el ruido político: Sinaloa sigue teniendo problemas que gobernar.
Seguridad. Economía. Campo. Empleo.
Servicios públicos.
La sesión de este domingo deberá comenzar a devolver certeza sobre quién conducirá esa responsabilidad. Todo parece indicar por lógica, que Yeraldine Bonilla Valverde volverá a tomar protesta como gobernadora interina.
Ya veremos como se acomodan las calabazas.
QUIERO VOLVER, VOLVER...
Enrique Inzunza Cázarez ya puso fecha. El próximo 30 de agosto regresará presencialmente al Senado para participar en la plenaria de Morena y posteriormente incorporarse al periodo ordinario que comienza el primero de septiembre. Lo hará después de 113 días sin acudir físicamente a la Cámara Alta.
Inzunza aclara algo importante: nunca dejó de ser senador ni abandonó formalmente sus responsabilidades. Sostiene que durante este tiempo continuó trabajando en dictámenes y asuntos legislativos, aunque buena parte de esa actividad se desarrolló sin presencia física en el recinto.
Legalmente hay una diferencia importante respecto al caso de Rubén Rocha Moya. Políticamente, sin embargo, será inevitable que alguien intente compararlos.
Ambos quedaron bajo fuertes cuestionamientos públicos después de los señalamientos provenientes de Estados Unidos. Rocha solicitó licencia; Inzunza decidió permanecer en su cargo. Y ahora el senador sostiene que su regreso presencial no depende de lo ocurrido con el gobernador.
Hay que tomarle la palabra mientras no exista evidencia que demuestre otra cosa. Pero también hay una realidad.
Inzunza no necesita recuperar jurídicamente su escaño. Necesita recuperar presencia política.
Y eso puede resultar más complicado. Durante más de tres meses su ausencia física se convirtió en parte de la conversación pública. Ahora tendrá que regresar a un Senado donde habrá cámaras, preguntas, adversarios y seguramente cuestionamientos que durante este periodo pudieron mantenerse a distancia.
Ahí estará la verdadera prueba. El senador asegura tener trabajo legislativo para mostrar y recuerda que preside una comisión con una importante carga de dictámenes.
Perfecto. Entonces habrá que evaluarlo precisamente por eso. Por su trabajo. Por sus respuestas. Y por su capacidad para ejercer plenamente la representación que obtuvo en las urnas. Inzunza ya había descartado buscar la gubernatura de Sinaloa en 2027 y aseguró que pretende concluir su periodo en el Senado hasta 2030.
Eso hace todavía más importante su regreso. Si no está construyendo una candidatura y pretende permanecer cuatro años más como senador, necesita recuperar normalidad institucional alrededor de su función.
El 30 de agosto volverá físicamente. Pero regresar al edificio será la parte sencilla. Lo complicado será recuperar el espacio político que dejó vacío durante 113 días.
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