.png)
La FGE solicitó vincularlos a proceso por presuntas irregularidades en la contratación de una empresa externa; la defensa pidió 144 horas pa...
La FGE solicitó vincularlos a proceso por presuntas irregularidades en la contratación de una empresa externa; la defensa pidió 144 horas para que se defina su situación jurídica
Culiacán, Sinaloa.— El exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y seis exintegrantes del Comité de Adquisiciones deberán esperar para conocer si serán vinculados a proceso por las presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de una empresa externa para recuperar cartera vencida del impuesto predial.
Durante la audiencia inicial realizada este jueves en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional a 144 horas, petición que fue concedida por el juez de Control.
La Fiscalía General del Estado solicitó la vinculación a proceso de los imputados por su presunta responsabilidad en los delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público.
Contrato contemplaba una cartera de más de 2 mil 677 millones de pesos
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, el Ayuntamiento de Ahome celebró el 1 de febrero de 2022 un contrato con la empresa Extratimex para realizar labores de cobranza de cartera vencida correspondiente a 63 mil 145 claves catastrales.
La cartera considerada en el contrato ascendía a 2 mil 677 millones 876 mil 429 pesos y la empresa podría recibir como contraprestación el 35 por ciento de lo recuperado, lo que representaría hasta 937 millones 256 mil 750 pesos.
Sin embargo, la propia Fiscalía señaló que durante la vigencia del contrato, que concluyó el 31 de octubre de 2024, a la empresa se le pagaron 1 millón 522 mil 399 pesos en tres exhibiciones.
FGE señala presunta simulación en la cobranza
Uno de los puntos centrales de la acusación es que presuntamente existieron irregularidades en las gestiones de cobranza reportadas por la empresa.
El Ministerio Público sostuvo que algunas cartas de invitación para regularizar adeudos aparecían entregadas en domicilios abandonados e incluso habrían sido firmadas por personas que ya habían fallecido.
La Fiscalía también argumentó que el Ayuntamiento contaba con una Dirección de Cobranza facultada para realizar esas funciones, por lo que cuestionó la contratación de un despacho externo.
Otro de los señalamientos es que el contrato fue otorgado mediante adjudicación directa, cuando, según la postura de la FGE, por el monto involucrado debió realizarse mediante licitación pública.
Será una vez concluido el plazo constitucional solicitado por las defensas cuando el juez determine si existen elementos suficientes para vincular o no a proceso a Gerardo Vargas Landeros y los demás exfuncionarios.
