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La autoridad electoral impuso una multa de 500 mil reales diarios por incumplimiento, tras denuncias sobre restricciones a publicaciones del presidente y recomendaciones de contenido favorables a su adversario.
Brasilia, Brasil.– En medio de una cerrada contienda presidencial rumbo a la segunda vuelta del 25 de octubre, el Tribunal Superior Electoral de Brasil ordenó a Meta garantizar condiciones de igualdad para las campañas de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en sus plataformas digitales, luego de recibir denuncias sobre presuntas diferencias en la distribución y visibilidad de contenidos políticos.
La resolución establece que la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp deberá evitar restricciones injustificadas a publicaciones relacionadas con las candidaturas presidenciales y garantizar que sus mecanismos de moderación no generen ventajas indebidas para alguno de los contendientes.
El tribunal fijó una multa diaria de 500 mil reales en caso de incumplimiento, aunque aclaró que hasta el momento no existen pruebas suficientes para determinar que Meta haya manipulado deliberadamente sus plataformas con el propósito de favorecer a un candidato.
La controversia surgió después de que la campaña de Lula denunciara problemas de visibilidad en sus publicaciones y dificultades para contratar servicios de promoción de contenido político.
Entre los incidentes señalados destaca uno ocurrido el 9 de octubre, cuando la cuenta del mandatario brasileño habría enfrentado durante aproximadamente 24 horas restricciones para pagar la ampliación del alcance de sus publicaciones.
También se reportaron irregularidades en los sistemas de recomendación de contenido, particularmente en WhatsApp, donde al realizar búsquedas relacionadas con la expresión “Ejército de Lula” aparecían recomendaciones vinculadas con canales de Flávio Bolsonaro.
Situaciones similares fueron señaladas en Instagram, donde presuntamente se promovía la visibilidad del perfil del candidato opositor.
Ante estos acontecimientos, representantes de la campaña presidencial de Lula presentaron denuncias ante siete misiones de observación electoral, al considerar que las diferencias en el funcionamiento de las plataformas podrían afectar las condiciones de competencia.
Por su parte, los abogados de Flávio Bolsonaro también acudieron ante la autoridad electoral para cuestionar la difusión de anuncios negativos contra el senador, ampliando la controversia sobre los límites de la propaganda política digital.
La Secretaría Nacional de Derechos Digitales intervino en el debate y recomendó a la fiscalía general promover una demanda civil pública contra Meta, al considerar necesario revisar los mecanismos de transparencia y los criterios utilizados para moderar contenidos electorales.
Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con la falta de claridad sobre el funcionamiento de los algoritmos que determinan qué publicaciones reciben mayor exposición y cuáles enfrentan limitaciones en su distribución.
En respuesta, Meta atribuyó los problemas denunciados a incidentes técnicos y rechazó cualquier intención de favorecer a alguna de las candidaturas presidenciales.
La compañía sostuvo que mantiene una posición de neutralidad frente a los procesos electorales y negó que sus decisiones operativas respondan a intereses políticos.
Sin embargo, las explicaciones no eliminaron las preocupaciones expresadas por representantes de las campañas y autoridades brasileñas sobre la influencia que pueden ejercer las plataformas digitales en una elección definida por márgenes estrechos.
La resolución del Tribunal Superior Electoral adquiere especial relevancia debido a que Lula y Bolsonaro llegan a la recta final de la campaña con una intención de voto prácticamente empatada, según distintas encuestas.
En este escenario, la visibilidad de los mensajes políticos, la contratación de publicidad digital y los sistemas de recomendación pueden convertirse en factores relevantes para alcanzar a los electores indecisos.
La intervención judicial busca establecer condiciones de competencia equitativas sin que ello implique, hasta ahora, una determinación de responsabilidad por manipulación electoral deliberada.
Con la segunda vuelta presidencial a pocos días de celebrarse, el caso coloca nuevamente en el centro del debate internacional la responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas frente a los procesos democráticos y la transparencia de sus plataformas.
