La gobernadora de Sinaloa estableció que los integrantes de su administración que decidan registrarse en los procesos internos de Morena ten...
La gobernadora de Sinaloa estableció que los integrantes de su administración que decidan registrarse en los procesos internos de Morena tendrán que separarse de sus cargos. Sobre alcaldes y diputados con aspiraciones políticas, señaló que corresponde a cada uno sujetarse a las reglas del partido.
Mazatlán, Sinaloa.– Los funcionarios del Gobierno del Estado que pretendan participar en los procesos internos de Morena rumbo a las elecciones de 2027 deberán presentar su renuncia, advirtió la gobernadora Graciela Domínguez Nava, al fijar una postura sobre la participación política de los integrantes de su administración.
La mandataria estatal dejó en claro que quienes ocupan responsabilidades dentro del Poder Ejecutivo y hayan decidido registrarse en las convocatorias del partido deberán separarse de sus funciones para continuar con sus aspiraciones.
La declaración se produce en medio de los movimientos políticos que comienzan a desarrollarse en Sinaloa, donde distintos funcionarios, legisladores y autoridades municipales han manifestado su interés por participar en las coordinaciones territoriales de Morena.
“En el caso de los funcionarios que pertenecen al Gobierno del Estado y han tomado la decisión de registrarse, lo que sí hemos establecido es que tienen que presentar renuncia”, expresó Domínguez Nava.
Sin embargo, al ser cuestionada sobre si este mismo criterio debería aplicarse a presidentes municipales y diputados que buscan participar en los procesos partidistas, la gobernadora evitó extender su determinación a otros poderes y órdenes de gobierno.
Explicó que las convocatorias de Morena establecen sus propias disposiciones y que corresponde a cada aspirante conocerlas y asumir las responsabilidades derivadas de su participación.
“No, yo no puedo intervenir en eso porque hay reglas que establece el partido, y cada quien en la responsabilidad personal se sujeta a las reglas”, sostuvo.
Con esta postura, Domínguez Nava estableció una diferencia entre las condiciones que exige a los funcionarios bajo su responsabilidad administrativa y las decisiones que deberán tomar quienes ocupan cargos de elección popular.
La gobernadora tampoco emitió un posicionamiento sobre si alcaldes o legisladores deberían solicitar licencia por razones éticas, al considerar que se trata de determinaciones personales sujetas a las disposiciones partidistas y legales correspondientes.
El pronunciamiento ocurre cuando Morena atraviesa una etapa de organización interna en la que comienzan a perfilarse aspirantes a las coordinaciones municipales y distritales, consideradas espacios relevantes para la construcción de su estructura política rumbo a 2027.
En Culiacán, entre los nombres que han sido mencionados por sus aspiraciones se encuentran María Teresa Guerra Ochoa, Serapio Vargas Ramírez, Alonso Ramírez Reyes y Jesús Ibarra.
En Ahome figuran Ana Elizabeth Ayala Leyva, Isaura Salas Castro, Sixto Rosas Hernández y Carlos Valle Saracho, mientras que en Mazatlán se han mencionado perfiles como Édgar González Zataráin, María José Salazar, Juan Carlos Patrón, Fabiola Torres y Manuel de Jesús Guerrero.
La presencia de funcionarios y representantes populares entre los perfiles interesados ha abierto interrogantes sobre la separación entre las responsabilidades institucionales y las actividades políticas que puedan desarrollar durante el proceso interno.
En ese escenario, la determinación de Domínguez Nava representa una exigencia directa para quienes forman parte del gabinete estatal, aunque no implica una obligación general de renuncia para todos los servidores públicos que aspiren a una coordinación partidista.
La mandataria reiteró que respetará las decisiones internas de Morena y que no intervendrá en las determinaciones que correspondan a sus órganos partidistas.
De esta manera, mientras las aspiraciones políticas comienzan a tomar forma en distintos municipios, los funcionarios estatales interesados tendrán que definir si permanecen en sus responsabilidades administrativas o se separan de ellas para participar en el proceso interno.
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