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Durante un conversatorio por el 73 aniversario del voto femenino en México, Tere Guerra, Ana Francis Chiquete y Karla Daniela Ulloa reflexionaron sobre los avances de la paridad y los desafíos que persisten para garantizar la participación efectiva de las mujeres en la vida pública.
Culiacán, Sinaloa.– A 73 años del reconocimiento constitucional del derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser votadas, el Congreso del Estado de Sinaloa abrió un espacio de reflexión sobre los avances de la participación femenina en la política y los obstáculos que todavía limitan su acceso a los espacios de decisión.
Bajo el título “Mujeres en la transformación: del derecho a elegir al poder de decidir”, el encuentro reunió a la diputada con licencia Tere Guerra Ochoa, la senadora Ana Francis Chiquete Elizalde y la diputada Karla Daniela Ulloa Rodríguez, quienes abordaron la evolución de los derechos políticos de las mujeres y los retos pendientes para alcanzar una igualdad efectiva.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Moncerrat López López, destacó que el reconocimiento del sufragio femenino, ocurrido el 17 de octubre de 1953, representó un punto de partida para ampliar la participación de las mujeres en las elecciones y abrirles paso hacia los cargos de representación popular.
Señaló que esta conquista fue resultado de la lucha de generaciones que enfrentaron condiciones de exclusión y que su conmemoración también debe servir para revisar las barreras que permanecen en la actualidad.
Durante su intervención, Tere Guerra Ochoa, ex presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, recordó que los derechos políticos de las mujeres no fueron una concesión, sino el resultado de un proceso histórico de organización, exigencias sociales y reformas legislativas.
Explicó que la participación femenina avanzó gradualmente mediante las cuotas de género y posteriormente con el establecimiento de la paridad, aunque durante ese proceso surgieron prácticas que buscaron evadir las disposiciones legales.
Entre ellas mencionó el fenómeno conocido como las “Juanitas”, mediante el cual mujeres que habían obtenido cargos de elección popular eran sustituidas por hombres, situación que motivó modificaciones para impedir la simulación de la representación femenina.
Guerra Ochoa sostuvo que, si bien las mujeres han conseguido una presencia más amplia en los congresos y gobiernos, todavía existen espacios donde su participación continúa siendo limitada.
Por ello, planteó la necesidad de impulsar políticas públicas que permitan ejercer los derechos políticos en condiciones de igualdad, particularmente en los ámbitos municipal, rural, económico y social.
También llamó a fortalecer las redes de apoyo entre mujeres y a reconocer su capacidad para intervenir en las decisiones públicas y transformar sus comunidades.
Por su parte, la senadora Ana Francis Chiquete Elizalde señaló que la presencia de mujeres en los órganos legislativos y otras instituciones es resultado de décadas de movilización y defensa de sus derechos.
Reconoció los avances hacia la integración paritaria de los congresos, pero advirtió que todavía existen desafíos importantes en los gobiernos municipales y en el ejercicio de los cargos públicos.
La legisladora federal subrayó la necesidad de garantizar que las mujeres puedan desarrollar sus responsabilidades sin discriminación ni violencia política en razón de género, pues la representación numérica no siempre se traduce en igualdad de condiciones para tomar decisiones.
El conversatorio también contó con la participación de la diputada Karla Daniela Ulloa Rodríguez, como parte del diálogo sobre la representación política femenina y los retos de las nuevas generaciones.
La conmemoración del sufragio femenino permitió colocar nuevamente en la discusión pública la diferencia entre acceder a un cargo y ejercer realmente el poder.
Después de siete décadas de reconocimiento constitucional, el desafío para las instituciones no se limita a mantener la paridad en las candidaturas y los congresos, sino a garantizar que las mujeres participen en las decisiones que determinan el rumbo de sus comunidades, municipios y estados.
