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El diputado federal del Partido del Trabajo presentó una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y establecer mecanismos de protección financiera que permitan a los productores enfrentar pérdidas ocasionadas por fenómenos climáticos y otras contingencias.
Ciudad de México.– Ante los riesgos que enfrentan los productores agrícolas y ganaderos por fenómenos climáticos, plagas y otras contingencias, el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Fernando García, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para impulsar la creación de un seguro de gestión de riesgos en el sector agropecuario.
La propuesta, presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados, busca establecer instrumentos financieros que permitan proteger las actividades productivas del campo y reducir el impacto económico de los daños ocasionados por factores ajenos al control de los productores.
Uno de los planteamientos centrales consiste en garantizar la cobertura de primas de reaseguro, mecanismo que permitiría respaldar financieramente los esquemas de aseguramiento ante contingencias de gran magnitud.
Durante su intervención, Fernando García señaló que las familias dedicadas a las actividades agropecuarias necesitan mayor certeza económica para mantener su producción y enfrentar los riesgos que cada año amenazan sus cosechas y su patrimonio.
El legislador sostuvo que la protección del campo debe considerarse una prioridad nacional, debido a su importancia para el abastecimiento de alimentos y la estabilidad económica de las comunidades rurales.
“Hay que apoyar al campo para garantizar que coman quienes nos dan de comer”, expresó desde la tribuna.
La iniciativa plantea atender una de las principales vulnerabilidades del sector agropecuario: la posibilidad de perder inversiones y producción como consecuencia de sequías, inundaciones, plagas y otros acontecimientos que afectan la actividad rural.
El diputado destacó que fortalecer la soberanía alimentaria también implica generar condiciones para que los productores puedan continuar trabajando, aun después de enfrentar pérdidas provocadas por situaciones extraordinarias.
“Seguiremos trabajando para fortalecer al campo y respaldar a quienes todos los días hacen producir nuestra tierra”, manifestó.
La propuesta deberá continuar su proceso legislativo antes de que pueda convertirse en una disposición obligatoria. Por ahora, no se han dado a conocer los montos de financiamiento, los requisitos de acceso ni los mecanismos específicos para operar el seguro planteado.
De avanzar la reforma, su aplicación podría representar una alternativa de protección para productores de distintas regiones del país, incluido Sinaloa, donde la agricultura constituye una de las principales actividades económicas y enfrenta riesgos asociados a la disponibilidad de agua y las condiciones climáticas.
