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La diputada del PRI demandó esclarecer las fallas de seguridad en los centros penitenciarios de Aguaruto y El Castillo, donde, según las cifras expuestas en tribuna, al menos 20 personas han perdido la vida entre mayo y octubre de 2026.
Culiacán, Sinaloa.– La diputada local Paola Gárate Valenzuela exigió una investigación a fondo sobre el ingreso de armas de fuego a los centros penitenciarios de Sinaloa, las posibles redes de corrupción y las responsabilidades de funcionarios encargados de garantizar la seguridad, luego de los hechos violentos que, de acuerdo con su posicionamiento, han dejado al menos 20 personas fallecidas en los penales de Aguaruto y El Castillo.
Durante su intervención en tribuna del Congreso del Estado, la legisladora priista cuestionó cómo es posible que armamento de alto poder ingrese a instalaciones bajo custodia gubernamental sin que hasta ahora se hayan dado a conocer resultados concluyentes sobre las fallas en los controles de seguridad.
“Los fusiles no tienen alas, las armas de alto poder no atraviesan solas los controles de seguridad, alguien está fallando, alguien está permitiendo que suceda”, expresó.
Gárate Valenzuela sostuvo que los operativos realizados después de cada enfrentamiento, así como los decomisos de armas, teléfonos celulares y equipos de comunicación, no representan una respuesta suficiente si las autoridades no explican cómo ingresaron esos objetos a los centros penitenciarios.
La diputada planteó que las investigaciones deben determinar si existieron omisiones, complicidades o actos de corrupción de servidores públicos responsables de la vigilancia y administración de los penales.
De acuerdo con las cifras expuestas por la legisladora, entre mayo y julio fueron asesinados ocho internos en el centro penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, mientras que los enfrentamientos registrados los días 8 y 9 de octubre en El Castillo, Mazatlán, dejaron otras 12 personas fallecidas.
Entre las víctimas de los hechos ocurridos en Mazatlán, mencionó a un niño de dos años que se encontraba de visita con su padre, quien permanece privado de la libertad.
La legisladora consideró que la muerte del menor obliga a revisar las condiciones en que se realizan las visitas familiares y las medidas de protección que deben existir dentro de instalaciones bajo responsabilidad del Estado.
“¿Qué explicación puede dar el gobierno ante semejante tragedia?”, cuestionó.
Como parte de su posicionamiento, citó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el que, según señaló, Sinaloa obtuvo una calificación de 5.02 puntos.
Indicó que el centro penitenciario El Castillo registró 5.25 puntos, mientras que Goros II, en Los Mochis, obtuvo 4.79, en una evaluación que identificó deficiencias relacionadas con seguridad, custodia, capacitación del personal y prevención de hechos violentos.
Ante estos antecedentes, Gárate Valenzuela consideró necesario que el Congreso del Estado solicite las comparecencias correspondientes para conocer qué acciones se han implementado, cuáles son los resultados de las investigaciones y qué medidas se adoptarán para evitar nuevos enfrentamientos.
La diputada también se refirió al anuncio de la construcción de un nuevo centro penitenciario en Sinaloa con respaldo federal, al señalar que la inversión en infraestructura no debe sustituir la obligación de corregir las deficiencias existentes.
“Nadie se opone a mejorar la infraestructura penitenciaria, cuestionamos que pretendan presentarla como la gran solución mientras dejan pendientes los problemas que provocaron esta tragedia”, manifestó.
Finalmente, insistió en que las autoridades deben esclarecer no solamente la participación de quienes intervinieron directamente en los enfrentamientos, sino también las posibles responsabilidades administrativas y penales de quienes permitieron, por acción u omisión, las condiciones que hicieron posibles estos hechos.
