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El Consejo Sinaloense de Empresarios solicitó a Claudia Sheinbaum un incremento extraordinario para 2027 y mantener la presencia de las fuerzas federales mientras se fortalecen las instituciones locales.
Culiacán, Sinaloa.— El Consejo Sinaloense de Empresarios (CSE) pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que la respuesta federal a la crisis de seguridad en Sinaloa también llegue al presupuesto: estima en 4 mil 877 millones de pesos el déficit que debe cubrirse para fortalecer las instituciones estatales de seguridad y justicia.
En un posicionamiento firmado por su presidente, Luis Osuna Vidaurri, el organismo propuso que el incremento extraordinario para el ejercicio fiscal 2027 sea acordado entre la Federación, el Gobierno del Estado y el Congreso de Sinaloa.
Los recursos, plantea el CSE, deberían dirigirse a policías, investigación criminal, Fiscalía General del Estado, Poder Judicial, sistema penitenciario, inteligencia, videovigilancia, tecnología, prevención del delito y atención a víctimas.
De la presencia federal al fortalecimiento local
La petición empresarial coincide con el compromiso realizado por Sheinbaum durante su visita a Culiacán de mantener al Ejército, Guardia Nacional y Marina en Sinaloa el tiempo que sea necesario.
El CSE respaldó que esa presencia federal continúe y se fortalezca, pero planteó que paralelamente deben desarrollarse las capacidades de las instituciones estatales y municipales.
El déficit señalado por los empresarios es consistente con estimaciones que desde el ámbito ciudadano de seguridad han ubicado el rezago acumulado por encima de los 4 mil 870 millones de pesos. La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública ha planteado incluso que Sinaloa necesita llevar su inversión anual en seguridad y justicia de alrededor de 5 mil millones a aproximadamente 10 mil millones de pesos.
Violencia también golpea economía e inversión
El Consejo Sinaloense de Empresarios sostuvo que la crisis no solamente tiene consecuencias en materia de seguridad, sino que ha afectado la convivencia social y la actividad económica.
En particular, manifestó preocupación por delitos como secuestro, extorsión y asesinatos de mujeres en Culiacán, además de las afectaciones que, desde su diagnóstico, enfrenta la economía y el turismo de Mazatlán.
El organismo consideró que la falta de tranquilidad reduce la confianza, limita inversiones y dificulta las posibilidades de crecimiento económico.
Por ello, planteó que después de la visita presidencial deben establecerse medidas concretas, permanentes, medibles y transparentes para fortalecer las instituciones y recuperar condiciones de seguridad.
