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En la raya. Jose Luis Lopez Duarte Graciela Domínguez cumple 70 días al frente del gobierno de Sinaloa y ya carga con una tarea que no admit...
En la raya.
Jose Luis Lopez Duarte
Graciela Domínguez cumple 70 días al frente del gobierno de Sinaloa y ya carga con una tarea que no admite maquillaje: administrar un poder contaminado por el desprestigio, el racismo político y las inercias de una estructura que todavía huele a Rubén Rocha. La operación de asepsia comenzó, sí, pero hasta ahora parece más una limpieza de oficinas que una cirugía mayor.
Se ha retirado a varios funcionarios vinculados con el viejo grupo. Se han movido piezas en áreas estratégicas del Poder Ejecutivo, sobre todo en aquellas relacionadas con el gasto público y la inversión. Eso permite una lectura bastante clara: no se está desmantelando todavía una corriente política; se está tomando el control de la caja.
Y no es poca cosa. En política, quien controla el presupuesto controla buena parte de las lealtades, las candidaturas y los silencios. El dinero público es el lubricante de las coaliciones. Sin él, muchas amistades revolucionarias se convierten rápidamente en llamadas no contestadas.
Pero la limpieza tiene límites muy evidentes. Siguen pendientes los enclaves del senador Enrique Inzunza, la Fiscalía General del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia y los organismos electorales. Es decir, buena parte de las instituciones que serán testigos, árbitros o protagonistas del proceso electoral de 2027 permanece intacta. Y cuando los árbitros no cambian, conviene preguntar quién los puso ahí y a quién le deben el silbato.
Tampoco se ha tocado de fondo al Poder Legislativo. Ahí siguen las estrellas políticas, los operadores disciplinados y el mazo de hierro de la Auditoría Superior del Estado, institución capaz de convertir una revisión administrativa en una sentencia política, o de hacer que una montaña de irregularidades termine archivada como simple polvo burocrático.
Los ayuntamientos son otro territorio sin mapa definido. Nadie sabe todavía quién buscará la reelección, quién será enviado al sacrificio ni quién recibirá la “papa caliente” de Culiacán. Porque gobernar la capital no es un premio: es una prueba de resistencia, una licuadora de conflictos y, a veces, una manera elegante de quemar a un aliado sin tener que despedirlo.
El problema central es que la coalición de la 4T construida desde 2021 no es una estructura menor. Tiene grupos, intereses, operadores y memoria. Desmantelar un liderazgo no equivale a desmontar sus redes. Cambiar funcionarios del Ejecutivo puede producir titulares, pero no necesariamente modifica las lealtades profundas que habitan en el Congreso, los municipios, la justicia o los organismos electorales.
Por eso la hipótesis más probable es que el nuevo gobierno busque, primero, controlar las finanzas; después, ordenar la administración; y solo más adelante decidir qué hacer con los enclaves políticos. La estrategia puede ser comprensible, pero también es peligrosa. Un gobierno que administra sin transformar termina heredando los mismos vicios con diferente papelería.
El horizonte es 2027, un año atípico para la 4T. Ya no enfrentará el entusiasmo de sus primeras victorias ni la cómoda narrativa de que todo cambio es moralmente superior por el simple hecho de llamarse transformación. Habrá contradicciones, conflictos, desgaste y una oposición más atenta. El gobierno necesitará apoyos institucionales, pero esos apoyos serán más difíciles de obtener si la administración llega debilitada y con servicios públicos reducidos.
En los próximos cuatro meses, el gobierno federal deberá tomar decisiones cruciales. Las tendencias electorales empezarán a dibujarse y con ellas aparecerán las preguntas incómodas: qué se puede perder, qué conviene sacrificar y qué grupo merece seguir respirando políticamente. Las maniobras serán intensas; las prioridades, menos nobles de lo que dirán los discursos.
La oposición, hasta ahora, no muestra capacidad de romper la estructura oficialista. Pero tampoco necesita hacer mucho si la 4T decide sabotearse sola. La coalición podría mantenerse cohesionada, sí, aunque con un gobierno estatal más débil, menos recursos políticos y nuevas crisis acumulándose en el camino.
Cuarenta días no alcanzan para cambiar un régimen. Apenas bastan para saber dónde están los muebles, quién tiene las llaves y qué habitaciones siguen cerradas. Y en Sinaloa, demasiadas puertas continúan sin abrir.
