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La diputada del PRI pidió al Congreso de Sinaloa dar trámite a la solicitud presentada hace más de dos meses y reclamó investigar señalamientos sobre contratos de obra pública, manejo de recursos y presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Culiacán, Sinaloa.— La diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, exigió este martes 3 de noviembre que el Congreso del Estado dé trámite legal inmediato a la solicitud de juicio político que presentó hace más de dos meses contra Rubén Rocha Moya, al considerar que los señalamientos sobre presuntas irregularidades administrativas y el manejo de recursos públicos ameritan una revisión institucional.
Durante una conferencia de prensa, la legisladora sostuvo que el Poder Legislativo debe ejercer sus facultades de fiscalización y control, sin que las diferencias partidistas condicionen el análisis de las denuncias presentadas.
Gárate Valenzuela cuestionó que la solicitud permanezca sin una determinación pública sobre su procedencia y llamó a las diputadas y diputados a asumir su responsabilidad frente a los señalamientos relacionados con la administración estatal.
“Rubén Rocha Moya debe estar en la cárcel, igual que quienes han saqueado a Sinaloa”, declaró la legisladora, quien atribuyó a la gestión gubernamental parte de las afectaciones que enfrenta la entidad en materia de seguridad y economía.
La afirmación corresponde a la postura política de la diputada y no constituye una determinación judicial sobre la responsabilidad penal del mandatario.
La representante priista aseguró que su solicitud de juicio político responde a señalamientos sobre presuntos actos de corrupción, contratos sin suficiente transparencia, posibles triangulaciones de recursos públicos y supuestos vínculos con la delincuencia organizada.
En ese contexto, hizo referencia a acusaciones que atribuyó a autoridades estadounidenses sobre una presunta red de protección a actividades delictivas en la que, según sus declaraciones, estarían involucrados Rocha Moya y funcionarios de su administración.
Sin embargo, los señalamientos expuestos por la diputada requieren ser acreditados mediante documentación oficial y los procedimientos legales correspondientes.
Cuestiona contratos y observaciones de auditoría
Uno de los principales argumentos presentados por Gárate Valenzuela está relacionado con observaciones que atribuyó a la Auditoría Superior de la Federación sobre contratos de obra pública y movimientos financieros de recursos estatales.
La diputada mencionó presuntas contrataciones con una empresa constructora vinculada con familiares de un funcionario, depósitos que habrían superado los montos de determinadas obras y transferencias a particulares.
También señaló supuestos pagos millonarios a un exfuncionario del área de finanzas bajo el concepto de “pago préstamo”, operaciones sobre las que solicitó aclaraciones.
Como parte de sus argumentos, citó una revisión de Iniciativa Sinaloa que, según expuso, identificó deficiencias de transparencia en al menos 76 contratos de obra pública que no habrían sido publicados.
La legisladora indicó que las contrataciones señaladas representan aproximadamente 2 mil 634.5 millones de pesos, monto que corresponde al valor de los contratos mencionados y no necesariamente a recursos desviados o daños patrimoniales acreditados.
A estos cuestionamientos agregó un contrato de servicios de cómputo por 45.9 millones de pesos y pidió transparentar las obras que, de acuerdo con sus señalamientos, fueron asignadas directamente sin procedimientos de licitación.
“Los sinaloenses merecen conocer la verdad”, manifestó.
Gárate Valenzuela insistió en que cualquier irregularidad en el ejercicio del gasto público debe investigarse y, en su caso, sancionarse mediante las instancias competentes.
Exige que Morena permita avanzar el procedimiento
La diputada también dirigió sus críticas al Grupo Parlamentario de Morena, al que pidió no anteponer la defensa política de sus funcionarios a las obligaciones institucionales del Congreso.
“Morena tiene que dejar de cerrar filas alrededor de sus funcionarios y responderle a Sinaloa”, expresó, al reclamar que se dé seguimiento a la solicitud de juicio político conforme a los procedimientos establecidos.
La legisladora vinculó sus cuestionamientos con la situación de inseguridad que atraviesa Sinaloa y las consecuencias económicas que, afirmó, han resentido familias, comerciantes y sectores productivos.
Consideró que el análisis de las posibles responsabilidades administrativas y políticas debe realizarse tomando en cuenta las afectaciones que enfrenta la población, aunque estas relaciones de responsabilidad deberán determinarse con base en pruebas y procedimientos legales.
La exigencia de Gárate Valenzuela se produce después de que el coordinador parlamentario de Morena, Eligio López Portillo, informara que la solicitud de juicio político contra Rocha Moya continúa en revisión y seguimiento, sin anticipar una determinación sobre su procedencia.
Mientras la bancada morenista sostiene que debe concluirse el análisis correspondiente, la legisladora priista demanda que el Congreso avance en el trámite y dé a conocer las decisiones que adopte sobre el expediente.
“Sinaloa ya ha pagado demasiado por las fallas de su gobierno. A Sinaloa le deben verdad, le deben justicia y le deben resultados. Este Congreso debe responder y llevar el juicio político hasta sus últimas consecuencias”, concluyó.
La solicitud permanece así como un asunto pendiente de definición legislativa, mientras las acusaciones expuestas deberán ser examinadas por las autoridades competentes para establecer si existen elementos que sustenten responsabilidades políticas, administrativas o penales.
