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Trabajadores denuncian retrasos de hasta 18 meses en el pago de finiquitos y solicitan incrementar las prestaciones por retiro, así como fortalecer el Fondo de Ahorro.
Culiacán, Sinaloa.— Integrantes del sindicato estatal del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) solicitaron al Congreso del Estado de Sinaloa gestionar mayores recursos presupuestales para el ejercicio fiscal 2027, con el propósito de garantizar el pago de finiquitos, mejorar las prestaciones por retiro y fortalecer los beneficios económicos de sus trabajadores.
Durante una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, representantes sindicales expusieron las necesidades financieras que enfrenta el personal docente, particularmente quienes concluyen su vida laboral sin recibir oportunamente las prestaciones que les corresponden.
El encuentro fue atendido por el diputado Ambrocio Chávez Chávez, presidente de la Comisión, y las diputadas Erika Rubí Martínez Rodríguez y Rita Fierro Reyes, vocales de la misma. También participó Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.
Víctor Javier Garza Bustamante, secretario general de la sección Sinaloa del sindicato del CONALEP, explicó que la institución pasó de depender completamente del Gobierno Federal a funcionar como organismo público descentralizado con participación del Gobierno del Estado, situación que implica responsabilidades presupuestales compartidas.
El dirigente sindical señaló que la organización cuenta con aproximadamente 20 años de existencia y reconoció avances laborales alcanzados durante la actual administración estatal, entre ellos la basificación de personal docente y la recategorización de 115 trabajadores.
Destacó que estos procesos permitieron brindar mayor estabilidad laboral y reconocer la preparación y capacitación de quienes forman parte de la institución educativa.
Sin embargo, advirtió que uno de los principales problemas pendientes corresponde al pago de prestaciones por retiro, debido a que una proporción importante del personal docente supera los 50 años de edad.
Garza Bustamante expuso que anualmente entre 20 y 25 maestros dejan de prestar sus servicios en el CONALEP, pero enfrentan dificultades para recibir sus finiquitos debido a la insuficiencia de recursos destinados a este concepto.
Incluso, señaló que existen extrabajadores que acumulan más de 18 meses de espera para recibir los pagos correspondientes, situación que ha generado inconformidad entre los integrantes del sindicato.
Ante este panorama, solicitó que el monto utilizado para calcular las prestaciones por retiro se incremente de dos a cinco salarios mínimos por cada día considerado en el cálculo, con el objetivo de mejorar las condiciones económicas de quienes concluyen su trayectoria laboral.
Otra de las propuestas consiste en fortalecer el Fondo de Ahorro, integrado por aportaciones de los trabajadores y de la propia institución, mediante un incremento de aproximadamente 400 mil pesos anuales por parte del CONALEP, acompañado de una aportación equivalente de los empleados.
Por su parte, el diputado Ambrocio Chávez Chávez explicó que la elaboración del proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos corresponde al Poder Ejecutivo, mientras que el Congreso del Estado participa en su análisis, discusión y aprobación.
Precisó que durante este procedimiento se establecen mesas de trabajo entre representantes de ambos poderes para evaluar posibles modificaciones y reasignaciones de recursos.
El legislador consideró necesario que la dirigencia sindical y las autoridades administrativas del CONALEP trabajen conjuntamente con el Congreso para construir una propuesta financiera que permita atender las demandas laborales.
Asimismo, planteó que las gestiones deberán realizarse durante la integración y revisión del presupuesto estatal correspondiente a 2027, a fin de analizar la viabilidad de incorporar recursos adicionales para el pago de prestaciones y compromisos pendientes.
La solicitud sindical queda así planteada ante el Poder Legislativo, aunque su eventual incorporación al presupuesto dependerá del análisis financiero y de las decisiones que se adopten durante el proceso de aprobación del gasto público estatal.
