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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Entre dos individuos, la armonía nunca viene dada, sino que debe conquistarse indefinidamente”,...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“Entre dos
individuos, la armonía nunca viene dada, sino que debe conquistarse
indefinidamente”, Simone de Beauvoir (1908-1986) Novelista e intelectual
francesa.
PRUEBA DE FUEGO
En política hay
personajes que construyen su carrera frente a las cámaras y otros que pasan
años trabajando detrás de ellas. Marco César Reyes Ortega pertenece, hasta
ahora, al segundo grupo.
Su trayectoria
no se ha desarrollado principalmente desde los cargos públicos ni desde la
exposición mediática, sino desde la organización territorial, las campañas
electorales, la articulación de estructuras y el trabajo social.
Sin embargo,
algo comienza a cambiar: después de años participando en proyectos de otros,
empieza a construir presencia propia en el centro-sur de Sinaloa.
No es todavía un
personaje de grandes reflectores ni existe razón para anticiparle una
candidatura. Su relevancia está en otra parte.
Reyes ha
acumulado experiencia en una región políticamente compleja y territorialmente
extensa, particularmente alrededor del sexto distrito federal, cuya cabecera se
encuentra en Mazatlán y que comprende también municipios del sur y centro-sur
sinaloense.
Ahí convergen
realidades económicas y sociales distintas: turismo, agricultura, pesca,
ganadería, comunidades rurales y serranas. Construir relaciones políticas en
ese territorio requiere algo más que presencia en redes sociales.
Su historia
profesional ayuda a entender esa forma de hacer política. Tiene 28 años dentro
del sector educativo, principalmente como maestro y asesor técnico pedagógico.
Su formación comenzó en la Escuela Normal de Sinaloa y continuó en el área de
Ciencias Sociales.
Antes de
involucrarse de lleno en procesos electorales ya conocía una estructura que
pocas veces recibe suficiente atención política: maestros, escuelas, padres de
familia y comunidades. Ese contacto territorial terminaría convirtiéndose
también en una herramienta para la organización social.
La evolución
posterior resulta más interesante. En 2021 asumió responsabilidades de
promoción del voto en el Distrito 18 local y un año después participó en la
organización territorial para la Revocación de Mandato.
Su currículum
reporta más de 17 mil firmas recabadas en aquella demarcación. Para 2024 ya
estaba involucrado directamente en la coordinación de una campaña por una
diputación local en el Distrito 19.
Es decir, fue
pasando de la movilización territorial a responsabilidades donde la estrategia,
la integración de equipos y la capacidad para convertir organización en votos
comenzaron a tener mayor peso.
Pero quizá uno
de los episodios que mejor explica su perfil ocurrió durante la elección
judicial de 2025. Reyes Ortega coordinó la estructura política y social de la
campaña del hoy magistrado Jorge Medina.
De acuerdo con
integrantes de aquel proyecto, tuvieron que remar contra corriente porque
Medina no habría formado parte de los nombres impulsados mediante los llamados
“acordeones” que adquirieron notoriedad durante aquel proceso.
Esa
circunstancia debe entenderse como la versión de quienes participaron en
aquella campaña, pero el resultado sí dejó una enseñanza política para el
equipo: una estructura organizada también puede competir frente a condiciones
que inicialmente parecen desfavorables.
La operación
consistió en articular estructura social, relaciones construidas dentro del
ámbito judicial y trabajo territorial bajo una coordinación común.
El triunfo de
Medina terminó fortaleciendo una característica que ya acompañaba a Reyes:
trabajar sin necesariamente convertirse en el protagonista de aquello que
estaba construyendo.
Para alguien
formado en la operación política, ganar una elección complicada representa algo
más importante que aparecer en una fotografía: permite ampliar relaciones,
generar confianza entre grupos y acreditar capacidad para coordinar equipos con
intereses diferentes.
Ese recorrido
comenzó a tomar otra dimensión durante 2026. Reyes ha incrementado su presencia
en espacios de organización social y ha buscado reunir sectores que normalmente
mantienen agendas independientes.
En Mazatlán
impulsó un encuentro en el que participaron representantes de pueblos
originarios, mujeres emprendedoras, ganaderos, maestros y otros grupos
sociales. No parece casual que después de varios procesos electorales su
siguiente movimiento sea precisamente hacia la articulación social.
Ahí podría
encontrarse el cambio más importante de su trayectoria. Durante años fue un
operador político. Hoy comienza a comportarse como alguien interesado en
transformar esa experiencia acumulada en capital político propio.
No
necesariamente significa abandonar la operación; probablemente significa
utilizarla de otra manera. Quien conoce estructuras sabe dónde están, cómo
funcionan, quiénes las integran y, sobre todo, cuáles sobreviven después de una
elección.
Tampoco conviene
sobredimensionarlo. Una cosa es coordinar campañas exitosas y otra muy distinta
construir una candidatura propia, competir internamente, enfrentar escrutinio
público y posteriormente ejercer una responsabilidad de gobierno o representación
popular.
La política está
llena de buenos operadores que nunca consiguieron trasladar su capacidad
organizativa hacia una posición propia. Reyes tendrá que demostrar si puede
cruzar esa frontera.
Pero tampoco
sería prudente ignorarlo. En una región donde comienzan a moverse nombres rumbo
a 2027, Marco César Reyes reúne características diferentes a las de quienes han
construido su presencia principalmente desde cargos públicos.
Conoce
territorio, ha trabajado campañas, mantiene vínculos sociales y ha comenzado a
salir de la discreción que caracteriza al operador tradicional.
Su eventual
destino político todavía está abierto. Puede aparecer en una competencia
federal, incorporarse a otro proyecto regional o convertirse nuevamente en
pieza importante para construir una candidatura distinta.
Precisamente por
eso puede resultar incómodo intentar encasillarlo demasiado pronto.
Marco César
Reyes pasó buena parte de su trayectoria ayudando a otros a ganar.
Ahora comienza
una etapa diferente: saber si toda aquella estructura, experiencia y relaciones
construidas durante años pueden convertir al operador en actor político.
Porque en el
centro-sur de Sinaloa hay muchos nombres visibles.
Pero las
sorpresas políticas, casi siempre, comienzan con aquellos que aprendieron
primero a mover las piezas antes de intentar convertirse en una de ellas.
Échense ese
trompo a la uña.
DE RECIO
Lo ocurrido este
martes en el Senado de la República ya no puede leerse únicamente como otro
episodio del enfrentamiento político entre Paloma Sánchez y Enrique Inzunza.
La conferencia
de prensa encabezada por la senadora sinaloense, acompañada por ciudadanos y
organizaciones que llevaron más de 23 mil firmas para exigir que Inzunza deje
su escaño, elevó nuevamente un conflicto que comenzó en Sinaloa y que poco a
poco se ha instalado en la agenda nacional.
Hay que separar,
sin embargo, política de justicia. Enrique Inzunza enfrenta acusaciones
formuladas por autoridades estadounidenses y una investigación en México, pero
eso no equivale a una sentencia.
El senador ha
rechazado los señalamientos, sostiene que es inocente y ha decidido permanecer
en su escaño. Desde su regreso al Senado, además, continúa como legislador sin
formar parte de la bancada de Morena.
Precisamente por
eso el movimiento encabezado por Paloma Sánchez tiene una lectura esencialmente
política. La oposición no puede determinar la responsabilidad penal de Inzunza
y tampoco una recolección de firmas sustituye los procedimientos constitucionales
correspondientes.
Lo que sí puede
hacer es mantener abierto el costo político de su permanencia en el Senado. Y
eso es exactamente lo que está ocurriendo.
Las más de 23
mil firmas aportan un elemento que Paloma necesitaba para modificar la
narrativa. Hasta ahora había sido principalmente ella quien confrontaba a
Inzunza: primero desde la tribuna, después llevando a su escaño expedientes y
publicaciones relacionadas con homicidios, desapariciones y hechos violentos
registrados en Sinaloa.
Ahora el mensaje
llegó acompañado de ciudadanos y organizaciones que respaldan una petición
concreta.
Pero ocurrió
algo adicional que terminó proporcionando mayor visibilidad al acto. Los
integrantes de la comitiva denunciaron que inicialmente se les impidió ingresar
al Senado.
Según Vania
Pérez Morales y Paloma Sánchez, personal de Resguardo Parlamentario les
comunicó que existían instrucciones de la Mesa Directiva para restringirles el
acceso. Después de la intervención de legisladoras de oposición, finalmente
pudieron entrar y ofrecer la conferencia de prensa. La existencia y alcance de
esa supuesta instrucción fueron denunciados por los participantes; no debe
presentarse automáticamente como una decisión comprobada de censura o
protección.
Políticamente,
sin embargo, el episodio produjo exactamente la imagen que la oposición
necesitaba: ciudadanos afuera intentando ingresar al Senado mientras adentro
permanecía el legislador cuya separación estaban solicitando.
Independientemente
de las razones administrativas o de seguridad que hayan existido, esa
fotografía fortaleció el discurso de quienes sostienen que Inzunza está siendo
protegido políticamente.
Para Paloma
Sánchez existe también una consecuencia evidente. La senadora está convirtiendo
el caso Inzunza en uno de los principales ejes de su actuación legislativa.
Ya no se trata
de una declaración aislada ni de una confrontación circunstancial. Hay
continuidad, construcción narrativa y una estrategia para mantener el asunto
presente.
Eso puede darle
visibilidad nacional, pero también implica un riesgo: mientras más personalice
su agenda alrededor de Inzunza, mayor será la exigencia de acompañar la
confrontación con propuestas y resultados sobre los problemas de Sinaloa.
Del otro lado,
Inzunza parece haber elegido una estrategia completamente diferente: resistir.
Regresó al Senado después de más de cien días de ausencia, se declaró inocente,
pidió que las investigaciones concluyan y ha mantenido su decisión de conservar
el escaño.
Incluso figuras
de Morena habían considerado que debía solicitar licencia para enfrentar las
investigaciones, pero él optó por separarse de la bancada y continuar como
senador.
Ahí está el
verdadero choque. Paloma necesita mantener el asunto en movimiento. Inzunza
necesita que el tiempo reduzca su intensidad. Ella confronta. Él permanece.
Y entre ambos
existe algo mucho más importante que su disputa personal: instituciones que
tienen la obligación de esclarecer los señalamientos y ciudadanos que tienen
derecho a conocer qué ocurrió.
Porque
finalmente el Senado no puede determinar la culpabilidad de Enrique Inzunza,
como tampoco puede hacerlo Paloma Sánchez ni una petición ciudadana. Eso
corresponde a las autoridades competentes y al debido proceso.
Pero
políticamente la pregunta seguirá presente mientras no exista una definición
jurídica clara:
¿cuánto tiempo
puede resistir Enrique Inzunza en su escaño mientras sus adversarios consiguen
que el costo de permanecer ahí siga creciendo?
Dicen que el
hilo se rompe por lo más débil. A ver si esto ocurre aquí.
GESTIÓN
Hay momentos en los gobiernos municipales en los que la política no se mide por grandes obras ni por discursos. Se mide por la capacidad para sentarse frente a un problema, reconocerlo y encontrar una ruta para resolverlo. Eso parece estar intentando hacer Estrella Palacios Domínguez en su relación con el STASAM.
El acuerdo para
establecer reuniones semanales entre el Ayuntamiento y la dirigencia sindical
puede parecer un asunto administrativo, pero tiene una lectura política
importante. Hace apenas unos días, las diferencias con trabajadores de Aseo
Público llegaron a afectar las rutas nocturnas de recolección de basura. El
conflicto pudo escalar y convertirse en otro problema para una administración
que precisamente intenta recuperar presencia en servicios públicos. Finalmente
hubo diálogo, acuerdos y las rutas volvieron a operar.
Ahora Estrella
parece intentar que aquella experiencia no vuelva a repetirse.
La reunión con
Laura Elena Tirado Aguilar y la dirigencia del STASAM permitió colocar sobre la
mesa problemas que impactan directamente en las condiciones laborales, pero
también en la capacidad operativa del Ayuntamiento. Medicamentos y atención
médica en el Hospital Municipal, mantenimiento de vehículos, fallas eléctricas
en unidades de Aseo Urbano, reparación de los carritos utilizados para el
barrido y las condiciones del camino hacia el basurón forman parte de los
pendientes.
No son asuntos
menores.
Un camión
recolector detenido por una falla mecánica termina convirtiéndose en basura
acumulada en una colonia. Un trabajador sin herramientas adecuadas disminuye la
capacidad de respuesta del municipio. Un camino deteriorado hacia el basurón
afecta los tiempos de las rutas. Y las deficiencias en medicamentos o atención
médica terminan deteriorando la relación entre Ayuntamiento y trabajadores.
Por eso resulta
favorable para Estrella que el conflicto haya pasado de la presión a una mesa
permanente de seguimiento.
También fue
importante que, después del encuentro con la dirigencia sindical, la alcaldesa
bajara a la explanada del Ayuntamiento para hablar directamente con los
trabajadores y explicarles los acuerdos alcanzados. Puede parecer un detalle,
pero políticamente comunica disposición para enfrentar personalmente los
problemas y no dejar toda la interlocución en funcionarios intermedios.
Eso encaja
además con la etapa que intenta construir desde su regreso a la Presidencia
Municipal. La estrategia de “Mazatlán al 100” pretende colocar los servicios
públicos como uno de los ejes de su administración. Para conseguirlo necesita
necesariamente a los trabajadores municipales.
Ahí está quizá
la parte más relevante.
Estrella puede
tener maquinaria, programas, campañas de limpieza y una estrategia de
comunicación, pero quienes diariamente recogen basura, barren calles, reparan
infraestructura y mantienen funcionando los servicios son los trabajadores.
Construir una relación funcional con ellos no es solamente una decisión
laboral; es una condición para que su estrategia municipal pueda funcionar.
Tampoco conviene
adelantar resultados.
Instalar
reuniones semanales no significa que los problemas estén solucionados. El
verdadero indicador será comprobar dentro de algunas semanas si existen
medicamentos suficientes, si los vehículos fueron reparados, si mejoraron las
condiciones del equipo y si el camino hacia el basurón recibió atención.
La diferencia
estará entre reunirse cada semana y resolver cada semana.
Pero después de
un periodo complicado para el Ayuntamiento, Estrella Palacios parece haber
identificado una ruta políticamente más rentable y administrativamente más
sensata: menos confrontación y mayor interlocución.
Porque un
gobierno municipal difícilmente puede poner a “Mazatlán al 100” si primero no
consigue que quienes hacen funcionar diariamente al Ayuntamiento también estén
en condiciones de trabajar al cien.
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