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Las propuestas plantean incorporar la violencia vicaria al Código Familiar, investigar toda muerte violenta de mujeres bajo la hipótesis inicial de feminicidio, tipificar la cohabitación forzada y utilizar detectores de metales en escuelas.
Culiacán, Sinaloa.— La Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura este martes a cinco iniciativas que plantean cambios en materia de violencia familiar, feminicidio, protección de menores, justicia de paz y seguridad en planteles educativos.
Una de las propuestas fue presentada por la diputada Erika Rubí Martínez Rodríguez, de Morena, y plantea reformar el Código Familiar del Estado para incorporar expresamente el concepto de violencia vicaria y establecer medidas de protección para las víctimas.
Entre los cambios se propone que, cuando existan datos suficientes sobre violencia familiar o vicaria, el juez actúe con perspectiva de género, dicte las medidas cautelares necesarias para proteger a las víctimas y a niñas, niños y adolescentes involucrados, además de dar vista al Ministerio Público.
La iniciativa también contempla incorporar la violencia vicaria entre las causas que pueden limitar el ejercicio de la patria potestad.
Por su parte, el Grupo Parlamentario del PRI propuso modificar el Código Penal para establecer que toda muerte violenta de una mujer sea investigada de oficio, desde el primer momento, bajo la hipótesis de feminicidio y con perspectiva de género.
De acuerdo con el planteamiento, esa hipótesis solamente podría descartarse después de agotar las líneas de investigación correspondientes y determinar de manera fundada que no existieron razones de género.
Otra iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario del PAS junto con las ciudadanas Rosa Emma Contreras Villapudua y Paula Liliana Díaz Quiñónez, propone expedir una Ley de Justicia de Paz del Estado de Sinaloa.
El proyecto contempla regular la figura y funciones de los jueces de paz, sus competencias, responsabilidades y mecanismos para la solución alternativa de conflictos, particularmente aquellos relacionados con la convivencia vecinal.
En materia de protección de menores, el Grupo Parlamentario del PAN propuso incorporar al Código Penal el delito de cohabitación forzada.
La iniciativa plantea sancionar a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u ofrezca a una persona menor de 18 años, o que no tenga capacidad para comprender o resistir el hecho, para establecer una convivencia equiparable al matrimonio o concubinato.
La pena propuesta es de ocho a 15 años de prisión y de mil a 2 mil 500 días de multa, con agravantes cuando la víctima pertenezca a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana, o cuando exista violencia física, psicológica o sexual.
Finalmente, la diputada Nancy Yadira Santiago Marcos, de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación Superior para el Estado de Sinaloa y establecer mecanismos de control de acceso mediante detectores de metales en instituciones educativas.
La propuesta contempla su implementación en planteles de secundaria y media superior para prevenir el ingreso de armas u otros objetos que puedan poner en riesgo a estudiantes, docentes y trabajadores.
También establece que estos mecanismos deberán sujetarse a lineamientos de las autoridades educativas y respetar los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la no discriminación y la protección de datos personales.
Las cinco iniciativas fueron presentadas ante la Diputación Permanente y deberán continuar con el procedimiento legislativo correspondiente antes de que eventualmente puedan ser sometidas a discusión y votación
