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La nueva Corte, surgida tras la reforma judicial, resolvió en contra de los amparos del conglomerado de Ricardo Salinas Pliego, mientras Coparmex advierte que la extorsión está “arrodillando” al sector privado en México.
Ciudad de México.– El conglomerado empresarial de Ricardo Salinas Pliego deberá cubrir más de 48 mil millones de pesos por impuestos atrasados, luego del fallo emitido por la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —la primera electa en urnas tras la reforma judicial— que resolvió en contra de los litigios y amparos presentados por Grupo Salinas.
La resolución profundiza un conflicto que lleva años escalando entre el empresario y el Gobierno federal. Desde marzo, Salinas Pliego advirtió públicamente que las decisiones fiscales en su contra constituyen una “persecución política e ideológica”, alegando que el Estado busca silenciar a quienes cuestionan a la autodenominada Cuarta Transformación. “No sólo vienen por mí”, expresó en redes sociales, “van a ir por todo lo que les resulte incómodo”.
El distanciamiento no es nuevo. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el empresario mantuvo constantes diferencias con el Ejecutivo y con los gobiernos emanados de Morena. La tensión resurgió el 24 de septiembre, cuando Grupo Salinas anunció que analizaba acciones legales en México y Estados Unidos contra la presidenta Claudia Sheinbaum, acusándola de incurrir en difamación desde la tribuna presidencial.
Al día siguiente, Salinas Pliego propuso una “mesa de negociación” para acordar el pago de impuestos “conforme a la ley”, buscando certidumbre para sus inversiones. Sin embargo, Sheinbaum rechazó la propuesta, afirmando que negociar impuestos “es de otra época” y subrayando que se trata de un asunto estrictamente jurídico.
La confrontación escaló semanas después, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó operaciones de casinos vinculados al conglomerado por presunto lavado de dinero mediante movimientos en efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales. Grupo Salinas calificó la medida como un “uso faccioso del aparato del Estado”.
El 13 de noviembre, con el fallo de la SCJN, la empresa acusó una decisión tomada “por consigna” y calificó la jornada como “un día negro para la justicia y el Estado de Derecho”. Sheinbaum respondió que no existe “terrorismo fiscal” y reiteró que el conflicto se resuelve en automático si el empresario paga su adeudo.
En otro frente económico, la presidenta defendió que la Corte actuó conforme al derecho y reconoció su labor durante el arranque del proyecto Agua para Campeche.
La extorsión: un segundo frente que presiona al sector privado
Mientras el debate nacional gira en torno al caso Salinas, el sector empresarial enfrenta una realidad igualmente compleja. En Tijuana, durante el Encuentro Nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional del organismo, advirtió que la extorsión alcanza niveles que “arrodillan” al sector productivo en diversas regiones del país.
Sierra Álvarez afirmó que la ausencia del Estado permitió que grupos criminales establezcan mecanismos de control económico sobre territorios y cadenas de valor completos. “La extorsión destruye empleos, vacía comunidades, distorsiona mercados y provoca migración silenciosa”, señaló.
De enero a noviembre de 2025 se registraron 8,585 víctimas de extorsión, un incremento del 5.2%, principalmente en zonas fronterizas. Coparmex reconoce, sin embargo, que la cifra real podría ser mucho mayor debido al temor a represalias y la baja denuncia.
El líder empresarial urgió a los tres niveles de gobierno y a los poderes del Estado a articular una política nacional contra este delito: una estrategia federal integral, armonización legislativa en los congresos locales y fortalecimiento policial en municipios y estados.
¿Qué impacto tiene este fallo en el entorno económico y empresarial del país?
La decisión de la SCJN acelera un precedente de firmeza fiscal del Estado, pero también intensifica la tensión entre grandes corporativos y el gobierno, en un contexto donde la inseguridad y la extorsión ya presionan al sector privado. El caso podría influir en percepciones de certidumbre jurídica, inversión y gobernabilidad económica.
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