Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Los infelices son egoístas, injustos, crueles e incapaces de comprender al otro. Los infelices ...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“Los infelices
son egoístas, injustos, crueles e incapaces de comprender al otro. Los
infelices no unen a las personas, las separan” Antón Chéjov (1860-1904)
Dramaturgo y autor de relatos ruso.
¿BOMBA DE TIEMPO?
El 2025 dejó al
campo sinaloense en un punto de quiebre. No fue simplemente un año difícil: fue
el periodo en el que coincidieron la resaca de la crisis hídrica, la
incertidumbre sobre el agua para los nuevos ciclos agrícolas, la caída de la
rentabilidad del maíz y el frijol y una cadena de protestas y bloqueos que
colocaron al sector rural en el centro de la discusión pública.
Más que una
crisis aislada, el año evidenció que el modelo agrícola de Sinaloa está
sometido simultáneamente a la presión del clima, del mercado y de la política
pública.
El ciclo
agrícola 2024–2025 estuvo marcado por la escasez de lluvias y los bajos niveles
de las presas, lo que obligó a reducir superficies sembradas, ajustar planes de
riego y priorizar cultivos estratégicos, particularmente el maíz, que continúa
siendo la columna vertebral del campo sinaloense.
A lo largo del
año, la situación hídrica mostró ligeros signos de mejoría, pero no de
recuperación plena: el almacenamiento en presas permitió hablar de un ciclo
algo más estable que el anterior, aunque todavía frágil y desigual entre
regiones, especialmente en el sur, donde persiste la incertidumbre para los
productores que dependen del riego.
El año se movió
en esa dualidad: la memoria fresca de la sequía y un cierre con expectativas
moderadamente mejores, pero sin una solución de fondo a la vulnerabilidad
climática.
En paralelo, el
panorama productivo confirmó una realidad que el campo arrastra desde hace
años: la producción de maíz ha disminuido de manera estructural y, junto con
ella, su rentabilidad.
La combinación
de altos costos de producción, insumos cada vez más caros, menor disponibilidad
de agua y precios castigados en el mercado provocó que, para miles de
agricultores, el maíz dejara de ser un cultivo capaz de cubrir sus propios
costos.
Al mismo tiempo,
el sector se enfrenta a un entorno comercial dominado por granos importados a
precios más bajos y con subsidios externos, lo que coloca a Sinaloa en una
competencia desigual frente al mercado internacional.
La maquinaria
productiva sigue en pie, pero ya no produce bajo las mismas condiciones
económicas que antes.
Ese desfase
entre costos y precios fue el detonante de una conflictividad social que escaló
a lo largo del año. Lo que comenzó como inconformidad en reuniones y gestiones
institucionales se convirtió, con el paso de los meses, en plantones, bloqueos
de casetas y cierres de vialidades.
Los reclamos
giraron en torno a apoyos pendientes, precios de garantía insuficientes y la
incertidumbre sobre la comercialización de las cosechas.
Para los
productores, la protesta no fue sólo una expresión de molestia, sino un
mecanismo de supervivencia económica ante un sistema que, desde su perspectiva,
no les garantiza condiciones mínimas de equilibrio financiero.
Del lado
gubernamental, la respuesta transitó entre la negociación y el rescate parcial
a través de apoyos extraordinarios.
La Federación y
el Estado reactivaron programas, liberaron pagos pendientes y buscaron
desactivar tensiones inmediatas, pero el esquema volvió a descansar, una vez
más, en inyecciones de recursos emergentes para evitar que la crisis se
desbordara.
La lógica del
“apoyo para cerrar el ciclo” volvió a repetirse: suficiente para aliviar el
momento, insuficiente para transformar el modelo.
Pese a ello, el
año no fue únicamente protesta y desgaste. También comenzaron a visibilizarse
señales de adaptación, sobre todo en sectores del campo que han apostado por
diversificación productiva, tecnologías de riego más eficientes, cultivos
alternativos y esquemas de mayor valor agregado.
Sin embargo,
todavía se trata de procesos parciales, concentrados en ciertos estratos del
sector agrícola, mientras la mayoría de los productores continúa atrapada entre
los granos tradicionales, el agua limitada y un mercado que fija precios fuera
de su alcance.
El balance
general del 2025 deja una conclusión clara: el campo sinaloense no está
derrotado, pero sí está agotado bajo el modelo que lo sostiene.
El agua dejó de
ser garantía, el maíz ya no es sinónimo automático de rentabilidad, el frijol
enfrenta precios inciertos y la dependencia recurrente de apoyos
extraordinarios se ha convertido en un síntoma de fragilidad estructural.
Al mismo tiempo,
el sector envía señales de que busca transformarse, aunque aún no encuentra un
camino consolidado.
El futuro
inmediato dependerá de tres factores fundamentales: si Sinaloa logra construir
una gestión del agua que dé estabilidad a los ciclos agrícolas; si la política
pública se atreve a ir más allá de respuestas de emergencia y apuesta por un
rediseño integral del modelo; y si los propios productores pueden transitar de
la protesta reactiva hacia una agenda de modernización, diversificación y
sustentabilidad.
El 2025 deja una
lección profunda: Sinaloa sigue siendo el corazón agrícola de México, pero ese
corazón opera hoy bajo tensiones que ya no pueden ignorarse.
Lo que está en
juego no es sólo un ciclo productivo, sino el futuro de un modelo que durante
décadas sostuvo al estado y que hoy exige, con urgencia, una revisión de fondo.
El 2026 se
presenta como un año complejo para la agricultura en Sinaloa. El sector llega
con tres presiones que se entrelazan: bajos niveles de agua en presas, volatilidad
de precios internacionales y falta de certidumbre en esquemas de
comercialización. Este escenario ha reducido márgenes de ganancia y elevado el
riesgo financiero para los productores.
El agua será el
mayor condicionante del ciclo agrícola. La sequía dejó de ser un episodio
temporal y se convirtió en un factor estructural. Sembrar ya no consiste solo
en decidir qué cultivar, sino qué superficie puede sostenerse sin comprometer
el futuro del sistema productivo. La tecnificación avanza, pero aún no al ritmo
que demanda la crisis hídrica.
En materia de
mercado, el productor sinaloense enfrenta costos altos y precios que no siempre
compensan la inversión. Sin reglas claras de comercialización, el campo queda
expuesto a la especulación y a la incertidumbre sobre los pagos y el valor real
de la cosecha.
La reconversión
productiva sigue siendo una necesidad más que una realidad. Se habla de
diversificación y valor agregado, pero la estructura agrícola continúa
concentrada en granos.
Más que un año de crisis, 2026 puede
convertirse en un punto de inflexión. Todo dependerá de si Sinaloa apuesta por
la planeación estratégica o si vuelve a administrar la urgencia. El campo no
solo necesita sobrevivir al año: necesita redefinir su rumbo.
PUNTOS CONCRETOS
El 2025 fue un
año en el que el tema de la vialidad y el transporte público en Sinaloa volvió
a colocarse en el centro del debate social.
Entre el estado
del parque vehicular, la calidad del servicio urbano, las condiciones de las
rutas y la relación permanente entre autoridades, concesionarios y usuarios, la
movilidad en Sinaloa se presentó como un reflejo de los desafíos estructurales
que arrastra el sistema desde hace décadas: modernización pendiente, regulación
desigual y una ciudadanía que exige un servicio digno y eficiente.
En ese
escenario, la figura de Marco Antonio Osuna Moreno, director de Vialidad y
Transportes del Gobierno del Estado, ha sido clave tanto por las acciones
impulsadas desde la dependencia como por los episodios que han marcado la
percepción pública sobre su gestión.
Desde su llegada
al cargo, la dirección ha privilegiado la supervisión operativa del transporte
urbano, especialmente en ciudades como Culiacán, donde se realizaron miles de
revisiones físico-mecánicas a las unidades, retirando de circulación vehículos
que no cumplían con las condiciones mínimas de seguridad.
Este proceso,
aunque incómodo para algunos permisionarios, respondió a una demanda ciudadana
persistente: garantizar que los camiones que circulan diariamente estén en
condiciones adecuadas para transportar a miles de usuarios.
A la par, se logró la reincorporación de rutas
y unidades que permanecían inactivas desde la pandemia, contribuyendo a ampliar
la cobertura del servicio y a reducir tiempos de espera para la población que
depende del transporte público como su principal medio de movilidad.
Otro eje de la
gestión ha sido la atención a denuncias ciudadanas relacionadas con el cobro de
tarifas sin la contraprestación adecuada, como ocurrió con unidades que
operaban sin aire acondicionado mientras cobraban la tarifa completa. Las
sanciones aplicadas en estos casos enviaron un mensaje claro: el usuario no
debe pagar por un servicio que no recibe.
Asimismo, la
discusión sobre las tarifas del transporte se mantuvo bajo un enfoque técnico y
regulado, evitando decisiones improvisadas y reiterando que cualquier ajuste
debe responder a criterios establecidos y no a presiones o rumores.
La capacitación
de operadores y el fortalecimiento de programas sociales vinculados al
transporte, como la renovación de credenciales estudiantiles con beneficio
tarifario, también formaron parte de una estrategia que busca equilibrar dos
dimensiones: por un lado, la operación eficiente del servicio, y por el otro,
el componente social que debe acompañar a un sistema de transporte público en
un estado con amplias zonas populares y estudiantiles.
Sin embargo, la
gestión de Marco Antonio Osuna Moreno no ha estado exenta de controversias. Propias
del tema de Vialidad que en cada gobierno ha sido una papa caliente
El balance del
año muestra una gestión activa en materia operativa, con esfuerzos orientados a
mejorar la calidad del transporte público y a reforzar la regulación del
servicio, pero también evidencia que la confianza pública en las instituciones
no sólo se construye con acciones administrativas, sino también con el ejemplo
personal de quienes las dirigen. La vialidad y el transporte en Sinaloa siguen
enfrentando retos de fondo —modernización, infraestructura, cultura vial y
transparencia en el sistema concesionado— y el liderazgo institucional será
determinante para avanzar en ellos.
Lo ocurrido en
2025 deja una lección clara: el transporte público no es únicamente un asunto
técnico, sino un tema social que impacta directamente en la calidad de vida de
miles de sinaloenses. Las acciones de supervisión, regulación y mejora
operativa son necesarias, pero deben ir acompañadas de coherencia institucional
y compromiso ético. Sólo así será posible construir un sistema de movilidad más
digno, eficiente y confiable para el estado.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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