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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga "El equilibrio no es algo que encuentras. Es algo que creas cada día". - Jana Kingsford....
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
"El
equilibrio no es algo que encuentras. Es algo que creas cada día". - Jana
Kingsford.
BALANCE
El cierre de
2025 en Sinaloa deja un escenario político que, más allá de coyunturas o
tensiones momentáneas, invita a una reflexión serena sobre el ejercicio del
poder, la relación entre el gobierno y la sociedad, y la evolución de los
equilibrios institucionales en un contexto de transición generacional y
reconfiguración de liderazgos.
No es un año de
rupturas abruptas, sino de señales acumuladas que marcan una ruta hacia 2026:
la consolidación de proyectos políticos, la exigencia social de resultados y la
búsqueda de nuevos espacios de participación pública.
En el centro de
este panorama se encuentra la dinámica de un gobierno estatal alineado con el
proyecto nacional de la Cuarta Transformación, encabezado por Rubén Rocha Moya,
cuya administración ha transitado entre la continuidad programática, la
disciplina institucional y el esfuerzo por mantener cercanía política con los
sectores sociales, productivos y académicos.
A la par, los
gobiernos municipales —algunos emanados de Morena y otros de la oposición— han
adquirido mayor relevancia como espacios donde la ciudadanía mide con mayor
rigor la efectividad gubernamental: servicios públicos, inversión urbana,
atención directa y capacidad de gestión.
Más que hablar
de contrastes partidistas, 2025 deja la imagen de un ecosistema político en el
que la legitimidad ya no depende únicamente de la identidad ideológica, sino de
la capacidad de gobernar, dialogar y resolver.
Desde el ámbito
estatal, el gobierno de Rocha Moya mantuvo una línea de gestión basada en
programas sociales, infraestructura focalizada, apoyo a sectores productivos y
coordinación con el gobierno federal.
Figuras de
Morena como Enrique Inzunza, con un papel relevante en el Senado y en temas
legislativos así como diputados federales como Graciela Domínguez Nava y Ana
Ayala Leyva reflejan una estructura que apuesta por la cohesión interna y el
acompañamiento al proyecto nacional.
Sin embargo,
2025 también marcó el fortalecimiento de espacios de contraste institucional,
particularmente en los poderes legislativo y municipal, donde fuerzas políticas
como PRI, PAN, PAS y Movimiento Ciudadano encontraron márgenes para promover
agendas propias, cuestionar decisiones administrativas o posicionarse ante la
opinión pública.
No se trata de
una oposición confrontativa, sino de una oposición que busca definirse desde la
agenda ciudadana, la transparencia y la fiscalización.
En este sentido,
actores como Sergio Torres Félix desde Movimiento Ciudadano, o cuadros priistas
como Bernardino Antelo, Paola Gárate o Irma
Moreno que mantienen presencia regional.
Así como voces de
Roxana Rubio y Jorge Antonio González del PAN que representan una oposición que
ha comprendido que su lugar ya no está únicamente en la crítica discursiva,
sino en la construcción de propuestas, negociación política y participación
activa en temas presupuestales, desarrollo económico y planeación urbana.
El equilibrio no
es de ruptura, sino de contrapesos graduales.
Si algo dejó
claro 2025 es que el verdadero pulso político de Sinaloa late en los
municipios. Ahí se concentra la expectativa ciudadana, la evaluación más severa
y el mayor desgaste administrativo.
Alcaldes de
distintos partidos —desde los gobiernos de Morena hasta administraciones
municipales donde participan fuerzas opositoras— enfrentaron el mismo reto:
demostrar capacidad de gestión más allá del discurso.
Bacheo,
alumbrado, agua potable, ordenamiento urbano, atención directa en colonias y
sindicaturas. Es en ese terreno donde la ciudadanía define si un gobierno
merece continuidad.
En Mazatlán, la
gestión de Estrella Palacios Domínguez se ha caracterizado por una agenda
orientada al turismo, la infraestructura urbana y el ordenamiento del espacio
público, con énfasis en fortalecer la proyección económica del puerto sin
descuidar la atención a los servicios municipales.
Su
administración ha impulsado acciones de mejora urbana, rehabilitación de áreas
recreativas y mantenimiento de zonas de alta afluencia turística, al tiempo que
ha reforzado la coordinación con el sector hotelero y empresarial para
consolidar a Mazatlán como un destino competitivo y en crecimiento.
Este enfoque
combina vocación turística con políticas de gestión local que buscan equilibrar
desarrollo económico y atención ciudadana.
En el plano
político y administrativo, Palacios Domínguez ha proyectado un estilo de
gobierno institucional, dialogante y orientado a resultados, sustentado en la
cercanía con la ciudadanía y en la construcción de acuerdos con distintos
sectores sociales y productivos.
Su narrativa de
gestión privilegia la coordinación intergubernamental y la operación cotidiana
de los servicios como herramienta de legitimación pública, manteniendo una
presencia constante en territorio y en agendas comunitarias.
En el balance de
2025, su administración se perfila como un ejercicio de continuidad del impulso
turístico del municipio, acompañado por una estrategia de orden y operación
administrativa que busca fortalecer la confianza ciudadana en el gobierno
local.
En Culiacán, la
administración de Juan de Dios Gámez Mendívil ha consolidado una agenda de
gestión centrada en la infraestructura urbana y los servicios públicos, con
énfasis en la pavimentación de vialidades, mantenimiento urbano y obras con
sentido social en colonias populares y comunidades rurales.
Su gobierno ha
impulsado proyectos de agua potable, rehabilitación de espacios públicos y
modernización de tramos viales estratégicos, acompañados de una narrativa de
cercanía territorial y diálogo directo con vecinos, sectores productivos y
organizaciones sociales.
Este enfoque
coloca a Culiacán como un municipio que apuesta por la atención de rezagos
estructurales a partir de intervenciones tangibles y visibles en el territorio.
En el plano
político, Gámez Mendívil ha buscado proyectar una imagen de gobierno cercano,
técnico y menos confrontativo, sustentado en resultados administrativos y
legitimidad electoral.
Su estilo ha
privilegiado la coordinación institucional y la gestión permanente por encima
del protagonismo discursivo, lo que le ha permitido construir una relación de
confianza gradual con distintos sectores urbanos y comunitarios.
En el balance de
2025, su administración se perfila como un ejemplo de gestión municipal
enfocada en la operación cotidiana y la obra pública como eje de legitimación
política y de consolidación de proyecto de gobierno.
La lectura
política es clara: los gobiernos municipales ya no pueden apoyarse únicamente
en la narrativa partidista. La legitimidad se gana, o se pierde, en la
experiencia cotidiana del ciudadano.
Uno de los
elementos que marcan el cierre del año es la percepción de estabilidad relativa
en sectores como el comercio, el turismo y los servicios, junto con esfuerzos
institucionales para atraer inversión y fortalecer la actividad productiva.
El gobierno
estatal priorizó proyectos estratégicos, acompañados por gestiones ante la
federación y diálogo con cámaras empresariales y sectores agrícolas.
En este punto,
la política dejó ver un rasgo importante: la capacidad de construir acuerdos
más allá de las siglas partidistas. Sectores productivos, universidades,
organizaciones sociales y autoridades encontraron espacios de interlocución
que, aunque no exentos de discrepancias, permitieron sostener procesos
administrativos y proyectos regionales.
Las tensiones,
por supuesto, no desaparecen: persisten debates sobre planeación, uso de
recursos, transparencia en obra pública y prioridades presupuestales. Pero la
discusión pública ha evolucionado: menos polarización y más demanda de
claridad, indicadores y resultados medibles.
El Congreso del
Estado jugó durante 2025 un papel relevante en la discusión de reformas
administrativas, armonización normativa y ajustes institucionales. Legisladores
de Morena mantuvieron control político del recinto, pero la oposición logró
posiciones estratégicas en comisiones y espacios de deliberación.
Figuras del
ámbito legislativo —tanto afines al bloque oficialista como provenientes del
PRI, PAN, PAS y MC— contribuyeron a un clima de debate en el que temas como
gobernanza local, rendición de cuentas, educación, desarrollo económico y
fortalecimiento municipal adquirieron centralidad.
El Congreso de
Sinaloa concluye el año como un espacio donde el equilibrio no depende solo de
números, sino de capacidad de interlocución y oficio político.
En el ámbito
legislativo, la figura de María Teresa Guerra Ochoa destaca por su perfil
técnico-jurídico y su trayectoria vinculada a la defensa de los derechos
humanos y las políticas públicas con perspectiva social.
Su participación
en el Congreso del Estado se ha orientado a la construcción de marcos
normativos en materia de igualdad, prevención de violencia y fortalecimiento
institucional, privilegiando el debate informado y el trabajo de comisión por
encima del protagonismo mediático.
Este enfoque le
ha permitido consolidar una imagen de legisladora seria, con experiencia en
temas de justicia y agenda social, y con capacidad para articular posiciones
argumentadas en los procesos deliberativos.
En el plano
político, Guerra Ochoa proyecta un estilo de interlocución responsable y
orientación institucional, con énfasis en el diálogo entre poderes y la
coordinación con organizaciones civiles, académicas y comunitarias.
Su labor combina
la gestión territorial con la construcción de iniciativas de impacto social, lo
que contribuye a posicionarla como un referente de trabajo legislativo de
fondo, especialmente en temas relacionados con la protección de grupos
vulnerables y el fortalecimiento del tejido social.
En el balance de
2025, su desempeño se inscribe en la lógica de una representación política que
apuesta por la técnica, la sensibilidad social y la responsabilidad pública
como ejes de legitimidad.
Tal vez la
reflexión más profunda del cierre de 2025 no está en los edificios de gobierno,
sino en la calle y en la conversación social. La ciudadanía sinaloense es hoy
más exigente, más informada y menos dispuesta a conformarse con discursos
generales.
Redes sociales,
medios digitales y participación comunitaria han generado una opinión pública
más activa, que observa, cuestiona, compara y evalúa.
En ese contexto,
el liderazgo político —sea de Morena o de la oposición— debe basarse menos en
la narrativa ideológica y más en la consistencia administrativa, la ética
pública y la transparencia.
El mensaje del
año es inequívoco: la política ya no se explica solo desde el poder; se explica
desde la confianza que el ciudadano está dispuesto a conceder… o a retirar.
Sinaloa cierra
2025 con un balance político que no puede resumirse en triunfos o derrotas,
sino en procesos: continuidad institucional, fortalecimiento de gobiernos
locales, consolidación del proyecto estatal, reorganización de la oposición, y
sobre todo, una ciudadanía que marca el ritmo del debate público.
El reto hacia
2026 no es únicamente administrar —es gobernar con legitimidad, planeación y
sentido social.
Ahí se encuentra
el punto de encuentro entre gobierno, oposición y sociedad: en la construcción
de un Sinaloa donde la política deje de ser promesa y se convierta en
resultado.
