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Más de 40 adolescentes han sido rescatados en la Central de Tlaquepaque, pero organizaciones estiman que entre 30 y 40 mil menores en el país han sido captados por el crimen organizado. La estrategia se sofistica y el Estado llega tarde.
El problema del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en México dejó de ser un fenómeno “local” hace mucho tiempo. Hoy, informes de organizaciones civiles y agencias internacionales hablan de una realidad extendida, difícil de medir y profundamente arraigada en la violencia estructural del país.
La organización Reinserta estima que entre 30 y 40 mil menores de edad han sido reclutados activamente por bandas criminales en México, arrastrados a una espiral de violencia, desaparición y muerte. No existen cifras oficiales: ni el gobierno federal ni las fiscalías estatales cuentan con un registro completo del fenómeno, y la mayoría de los casos se diluye entre carpetas de desaparición, trata de personas o delincuencia organizada.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) ha advertido que, durante 2024, la niñez y adolescencia enfrentó un escenario de violencia persistente, donde el reclutamiento, la desaparición y la explotación se entrecruzan en distintos territorios del país. UNICEF, por su parte, ha reiterado que el reclutamiento de menores por grupos armados constituye una de las violaciones más graves a sus derechos: los expone a presenciar o cometer actos extremos de violencia, a abandonar la escuela y a vivir con secuelas físicas y psicológicas de por vida.
En ese mapa nacional, Jalisco se ha convertido en un punto clave.
Tlaquepaque: la Central como filtro… y como radiografía del país
La reciente confirmación de que más de 40 jóvenes —principalmente adolescentes— han sido rescatados en la Central Camionera Nueva de Tlaquepaque encendió las alertas. En cuestión de meses, operativos coordinados entre la Secretaría de Seguridad y la Policía de Tlaquepaque han logrado impedir que al menos 45 menores sean trasladados por reclutadores, gracias a filtros para venta de boletos y verificación de identidades.
Los jóvenes venían de Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Nayarit y Colima. Su destino: otros estados del país —como Puebla o Aguascalientes— donde, según las investigaciones, serían entregados a células del crimen organizado. El menor más joven tenía apenas 13 años.
El fenómeno no es nuevo. Reportajes y organizaciones locales ya habían bautizado a la terminal como “embarcadero de la muerte”: un punto donde adolescentes desaparecen tras ser engañados con falsas ofertas laborales y subir a un autobús cuyo destino real nunca aparece en el boleto.
La información revelada tras el hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán —presunto campo de adiestramiento criminal—, terminó de trazar la ruta: Jalisco funciona como nodo de encuentro y redistribución. El fiscal Salvador de los Santos lo sintetiza con crudeza: “Los usan como carne de cañón”. Jóvenes reclutados se mueven por rutas que conectan Zacatecas, Nayarit y Sinaloa, según las investigaciones estatales.
Redes sociales, videojuegos y TikTok: el nuevo “enganche”
Los testimonios de las víctimas rescatadas en Jalisco encajan con lo que ya describen informes nacionales: la captación se ha trasladado a espacios digitales. El caso de Carlos Sebastián, de 16 años —cuyo testimonio se hizo viral—, retrata el mecanismo: un mensaje en redes sociales, una oferta de empleo atractiva, promesas de alojamiento y sueldo alto, y un boleto de autobús pagado por desconocidos. El destino final no era un trabajo, sino un grupo criminal en Sinaloa.
No es un caso aislado. Estudios sobre reclutamiento y utilización de menores por grupos criminales señalan que la captación ocurre cada vez más en plataformas digitales, con discursos que normalizan la violencia, romantizan la vida delictiva y se dirigen a jóvenes en contextos de pobreza o desarraigo.
El secretario de Seguridad en Jalisco, Juan Pablo Hernández, ha reconocido públicamente que los reclutadores utilizan videojuegos en línea y TikTok para contactar a adolescentes, ofrecerles sumas de dinero, estatus y pertenencia. Algunas y algunos saben que van a trabajar para un grupo delictivo; otros creen que se trata de “chambas” temporales bien pagadas.
Un crimen sin rostro estadístico: subregistro y silencio
Especialistas consultados advierten que la cifra de casos conocidos es apenas la superficie de un problema más profundo. La propia exposición de motivos de una iniciativa federal reciente reconoce que el reclutamiento de menores por el crimen organizado lleva décadas y carece de datos oficiales robustos.
El sociólogo Jorge Ramírez Plascencia, de la Universidad de Guadalajara, sostiene que existe un subregistro estructural: muchas familias no denuncian por miedo, otras retiran la denuncia bajo amenaza y algunas ni siquiera identifican que sus hijos han sido reclutados, sino que los consideran “fugados” o migrantes.
“Los operativos en centrales son apenas un primer paso. No se está mandando un mensaje claro de que con los niños no se metan. La respuesta ha sido más reactiva que preventiva”, advierte.
Organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia, Tejiendo Redes Infancia o UNICEF han insistido en que la niñez afectada por violencia armada vive en condiciones similares a un conflicto interno: desplazamiento, reclutamiento, normalización del miedo y ruptura del tejido comunitario.
Un Estado que reacciona… pero no termina de transformar la ruta
Frente a este panorama, las autoridades han movido algunas piezas. En Jalisco se han reforzado los filtros en la Central de Tlaquepaque y en otras terminales; se impide vender boletos a menores sin identificación y se realizan revisiones constantes en andenes.
La directora del Centro de Prevención Social, Yasmin Palos, informó que el gobierno estatal trabaja con UNICEF en diagnósticos de contexto para identificar perfiles de riesgo y patrones de captación. Estos informes, sin embargo, aún no se han difundido públicamente, pese a solicitudes de especialistas y colectivos.
A nivel federal, el gobernador Pablo Lemus ha insistido en homologar filtros de seguridad en todas las centrales camioneras, con estándares similares a los aeropuertos: identificación obligatoria al comprar y abordar boletos, registros de pasajeros y mayor vigilancia en zonas de ascenso y descenso
Una iniciativa presentada en el Congreso plantea reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para elevar esos controles a rango nacional. Sin embargo, la propuesta sigue detenida, mientras la ruta del reclutamiento se mantiene activa.
¿Alcanzan los filtros cuando el problema nace antes del boleto?
Los operativos en centrales camioneras han evitado que decenas de adolescentes desaparezcan en cuestión de horas. Pero especialistas y organizaciones coinciden en que la raíz del problema está en otra parte: pobreza, falta de oportunidades educativas y laborales, ausencia de espacios comunitarios y una narrativa social donde el dinero rápido parece el único camino posible.
Mientras tanto, la violencia avanza más deprisa que las reformas, y el crimen organizado innova con nuevos métodos de captación.
