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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Sólo hay una guerra que puede permitirse el ser humano: la guerra contra su extinción”, Isaac A...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“Sólo hay una
guerra que puede permitirse el ser humano: la guerra contra su extinción”, Isaac
Asimov (1920-1992) Escritor y bioquímico estadounidense.
ATENCIÓN
Está mas que
claro que, la fortaleza de las instituciones no se mide únicamente por la
solidez de sus leyes, sino por la manera en que quienes las representan
responden ante la exigencia social de justicia, información y respeto.
El reciente
pronunciamiento del diputado Manuel de Jesús Guerrero Verdugo vuelve a colocar
ese principio en el centro del debate público, a partir del caso de la
desaparición de Herminia Guadalupe Rivera Rendón y del trato dispensado a
periodistas que acudieron a solicitar información oficial.
La gestión
anunciada para propiciar un encuentro entre el periodista Rafael Covantes y la
fiscal general Claudia Zulema Sánchez Kondo no es, en sí misma, un gesto
extraordinario.
Es, más bien,
una reacción institucional esperable ante un hecho grave que involucra derechos
humanos, libertad de expresión y la obligación del Estado de investigar con
diligencia.
Sin embargo, el
contexto en el que se produce revela una problemática más profunda: la
distancia, a veces innecesaria y otras francamente preocupante, entre la
autoridad y la ciudadanía.
El señalamiento
sobre la actitud del vicefiscal de la zona sur —quien se negó a atender a
comunicadores y optó por la confrontación— exhibe una falla que no puede
normalizarse.
No se trata solo
de una descortesía administrativa, sino de una ruptura simbólica del deber
público.
Cuando un
funcionario rehúye al diálogo o responde con desdén, el mensaje que se
transmite es de cerrazón, y esa percepción erosiona la confianza en las
instituciones encargadas de procurar justicia.
Guerrero Verdugo
acierta al subrayar que, aun cuando no exista información concluyente, la
obligación mínima es escuchar, explicar y mantener canales abiertos. La
transparencia no siempre implica tener respuestas inmediatas, pero sí exige
disposición y respeto. En este punto, la defensa del trato digno a periodistas
no es un privilegio corporativo, sino una condición básica para garantizar el
derecho social a estar informado.
Resulta
relevante también que el legislador haya reconocido que el tema no se abordó
previamente por razones de agenda, pero que ahora exista el compromiso de
escalar la preocupación al más alto nivel de la fiscalía y de involucrar al
Congreso.
Esa ruta
institucional —informar a la Junta de Coordinación Política y considerar la
intervención de la Comisión de Justicia— abre la posibilidad de que el caso no
quede en una anécdota mediática, sino en un precedente de actuación
responsable.
El fondo del
asunto va más allá de un episodio concreto.
La pregunta que
subyace es si las instituciones están dispuestas a corregir inercias
autoritarias y asumir que servir implica rendir cuentas, incluso cuando la
presión es incómoda.
En tiempos donde
la desconfianza pública es alta, cada gesto cuenta.
La desaparición
de una persona y la exigencia de respuestas no admiten soberbia ni evasivas.
Escuchar no
debilita al poder; por el contrario, lo legitima. Y en ese equilibrio entre
autoridad y ciudadanía se juega, día a día, la credibilidad del Estado.
CULTURA GENERAL
Las
declaraciones de María Teresa Guerra Ochoa colocan sobre la mesa una discusión
que, aunque recurrente, sigue siendo incómoda: ¿dónde está realmente la raíz de
la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar? Para la presidenta de la
Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, el problema no radica
en la ausencia de mecanismos de apoyo ni en fallas estructurales del Estado,
sino en la persistencia de una cultura machista que se resiste a desaparecer.
La postura no es
menor. En tiempos donde la respuesta inmediata suele ser señalar a las
instituciones como responsables únicas de la violencia, Guerra Ochoa plantea
una lectura distinta: existen más herramientas, más redes de apoyo y mayor
visibilidad para las mujeres, pero eso no ha sido suficiente para erradicar
conductas profundamente arraigadas en las relaciones de pareja. El machismo, en
esta lógica, opera como un factor que desborda cualquier política pública si no
se confronta de fondo.
El señalamiento
cobra relevancia en contextos como Los Mochis y Ahome, donde hechos recientes
de violencia extrema evidencian que el problema no distingue avances
institucionales ni discursos de igualdad. La legisladora reconoce que hoy las
mujeres ocupan más espacios: económicos, políticos y sociales. Paradójicamente,
ese fortalecimiento —que debería ser motivo de celebración— se convierte en
detonante de conflicto en relaciones donde persisten esquemas de control, celos
y dominación.
Aquí aparece un
punto clave: la violencia no siempre surge de la carencia, sino del cambio.
Cuando los roles tradicionales se ven cuestionados, algunos entornos reaccionan
con agresión. No porque falten leyes o apoyos, sino porque la transformación
cultural va más lenta que la realidad social. En ese desfase se incuban muchos
de los episodios de violencia doméstica que hoy encabezan las estadísticas.
Sin embargo, la
afirmación de que “los organismos encargados hacen su trabajo” también abre un
espacio para la reflexión crítica. Si bien es cierto que existen más mecanismos
de denuncia y acompañamiento, el aumento de casos reportados —particularmente aquellos
que involucran a parejas— obliga a preguntarse si la prevención está siendo tan
efectiva como la reacción. Atender después del daño no puede ser el único
parámetro de éxito institucional.
El discurso de
Guerra Ochoa apunta, con razón, a la necesidad de una acción coordinada:
Estado, sociedad y entorno familiar. Deconstruir el machismo no es tarea
exclusiva de una dependencia ni de una legislación; es un proceso largo,
incómodo y, muchas veces, impopular. Implica revisar prácticas cotidianas,
educar en el respeto y asumir que la violencia no es un asunto privado, sino un
problema público.
La violencia
contra las mujeres en casa no se explica por una sola causa ni se resuelve con
una sola estrategia. Reconocer los avances institucionales es necesario, pero
también lo es admitir que, mientras el cambio cultural no alcance a la vida
cotidiana, la brecha entre la ley y la realidad seguirá cobrándose vidas. La
pregunta ya no es si existen mecanismos, sino si como sociedad estamos
dispuestos a transformar aquello que los vuelve insuficientes.
CAMINO ÁSPERO
En la relación
entre el Estado y las universidades públicas suele existir una expectativa
implícita: que, llegado el momento de la crisis, el gobierno saldrá al rescate.
Sin embargo, esa premisa encuentra un punto de quiebre cuando los números ya no
alcanzan.
Eso es, en
esencia, lo que dejó ver David Moreno Lizárraga al reconocer que el Gobierno
del Estado no puede cubrir el monto que la Universidad Autónoma de Sinaloa
requiere para cumplir con aguinaldos y otras prestaciones laborales.
El mensaje no
fue de desinterés, sino de realidad presupuestal. Moreno Lizárraga subrayó que
existe una instrucción directa del gobernador Rubén Rocha Moya para buscar
alternativas que permitan apoyar a la comunidad universitaria.
No obstante,
también dejó claro que hay problemas cuya magnitud rebasa las capacidades
financieras del Estado, incluso cuando hay voluntad política.
El argumento
oficial se sostiene en los antecedentes: apoyos extraordinarios año con año y
una inyección acumulada de alrededor de 2 mil 900 millones de pesos para la
regularización del ISR ante el SAT.
Es decir, el
respaldo ha existido y ha sido cuantioso. Pero, según la versión gubernamental,
este año el margen de maniobra simplemente se agotó.
Aquí es donde el
debate adquiere mayor profundidad. ¿Debe el gobierno asumir de manera
permanente las deficiencias financieras de una institución autónoma? ¿O
corresponde a la propia universidad revisar sus estructuras internas y su
modelo de gasto?
La respuesta de
Moreno Lizárraga apunta hacia lo segundo: la UAS, dijo, necesita una
autorrevisión, cosa que ya realiza con la propusta de la Reingernierá, pero
falta aplicarla, esto le permitirá cumplir con sus obligaciones hacia
estudiantes y trabajadores sin depender exclusivamente de rescates externos.
No es una
postura cómoda ni políticamente rentable, pero sí revela un cambio de tono. El
Estado ya no se presenta como salvador incondicional, sino como un acompañante
con límites claros.
En ese sentido,
el llamado a la corresponsabilidad no implica desconocer la importancia social
de la universidad, sino reconocer que la sostenibilidad financiera también es
parte de su responsabilidad institucional.
El dilema no es
menor. De un lado están miles de trabajadores que esperan certezas; del otro,
un gobierno que enfrenta restricciones reales.
Entre ambos, una
universidad que históricamente ha sido pilar educativo de Sinaloa, pero que hoy
carga con decisiones del pasado que condicionan su presente.
Tal vez el fondo
del asunto no sea si hay o no apoyo, sino cómo se redefine la relación entre
autonomía universitaria y responsabilidad financiera. Porque cuando el auxilio
público llega a su límite, lo que sigue ya no es solo gestión política, sino
una revisión profunda de prioridades, estructuras y compromisos.
CERCANÍA
La cercanía con
la gente del gobierno de Mazatlán se ha convertido en un mensaje político en sí
mismo. La decisión de la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez de encabezar una
nueva jornada del programa Contigo Mazatlán apunta justamente en esa dirección:
sacar al gobierno del escritorio y llevarlo al espacio público, donde las
demandas ciudadanas se expresan sin intermediarios.
La jornada,
programada en la Plazuela República, no es un acto aislado. Forma parte de una
estrategia que busca atender de manera directa problemas cotidianos —desde
servicios públicos hasta apoyos sociales— y medir, en tiempo real, la capacidad
de respuesta del Ayuntamiento.
El antecedente
en la colonia Benito Juárez, con decenas de solicitudes canalizadas, refuerza
la idea de que este modelo genera resultados concretos, al menos en términos de
escucha y gestión inmediata.
Sin embargo, el
reto va más allá del ejercicio de presencia. La eficacia de estos programas no
se define solo por la afluencia o el número de peticiones recibidas, sino por
el seguimiento y la solución real de los planteamientos. Ahí es donde la
política de cercanía se pone a prueba.
Acercar el
gobierno a la gente siempre es un buen punto de partida. Convertir esa cercanía
en respuestas sostenidas es lo que, al final, marca la diferencia entre un
gesto simbólico y una política pública efectiva.
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