Paloma Sánchez acusa intento de control político del agua y afirma que la nueva ley “condena al campo mexicano”

La senadora del PRI señala que la iniciativa centraliza el manejo hídrico, criminaliza a productores y se impuso sin consultar a pueblos in...

La senadora del PRI señala que la iniciativa centraliza el manejo hídrico, criminaliza a productores y se impuso sin consultar a pueblos indígenas.

Ciudad de México.— La senadora Paloma Sánchez Ramos, del Partido Revolucionario Institucional, advirtió que el Gobierno Federal pretende imponer una Ley General de Aguas que, lejos de garantizar el derecho humano al agua, busca someter al campo mexicano y dejar el manejo del recurso en manos del poder político.

Durante su posicionamiento, la legisladora aseguró que la crisis agrícola del país es evidente y profunda: México dejó de producir 12 millones de toneladas en los últimos años, hoy importa más de la mitad del maíz y los márgenes de ganancia han caído casi 40%, lo que —dijo— refleja un abandono total del sector primario.

Añadió que, además de haber retirado apoyos y eliminado políticas públicas estratégicas, el gobierno ahora intenta “patear mientras están en el suelo” a los agricultores con una ley que nunca fue consultada con los pueblos indígenas y que, advirtió, permitirá decidir quién sí y quién no accede al agua conforme a intereses electorales.

“Quieren un campo rendido, callado, sumiso y mediocre con lo poco que les dan”, expresó.

“El proyecto tiene fines políticos, no técnicos”

La sinaloense explicó que la propuesta de ley persigue tres objetivos principales:

1. Centralizar la administración del agua en un gobierno que “ya controla todo”.

2. Reasignar volúmenes hídricos con criterios políticos, no técnicos.

3. Limitar la libertad productiva mediante restricciones que impiden actuar a los productores como agentes independientes.

Sánchez criticó que el oficialismo busque convertir las concesiones en permisos temporales, pese a que representan derechos fundamentales para quienes producen alimentos. Afirmó que la inconformidad del campo crece porque “ya no resiste el abandono” y porque el gobierno incumple compromisos, incluso los firmados por la Secretaría de Gobernación.

Cuestionó que la presidenta minimice las movilizaciones llamándolas protestas de “ricos y privilegiados”, ignorando —dijo— la realidad de miles de familias que luchan por subsistir.

“Una productora lo expresó con claridad: ‘ya nos dieron en la madre’. Sin Financiera Rural, sin apoyos a la comercialización y sin certidumbre, los productores están olvidados”, señaló.

“Criminalizan al productor y no al crimen organizado”

Sánchez Ramos sostuvo que mientras los agricultores enfrentan criminalización, el narcotráfico mantiene control sobre distritos de riego sin investigaciones ni combate.

“Con esta ley buscan criminalizar a los productores en lugar de ir contra los criminales; la esencia del oficialismo no es impartir justicia, es administrar la ilegalidad”, subrayó.

La senadora reiteró que el agua es un bien nacional y no propiedad de ningún gobierno. Por ello, adelantó que el Grupo Parlamentario del PRI rechazará cualquier dictamen que “condene al campo mexicano” y exigió escuchar a los productores e incorporar cambios de fondo.

“Queremos una ley que garantice el derecho humano al agua y que fortalezca al campo, la ganadería y a todos los sectores productivos. Decimos no al abuso, no a la amenaza y no al control político del agua”, concluyó.

¿Por qué preocupa al sector agrícola convertir concesiones en permisos temporales?

Porque elimina certeza jurídica, permite criterios discrecionales y limita la planeación productiva a largo plazo, afectando a agricultores y sectores estratégicos.

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