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La diputada federal defendió la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que prioriza el derecho humano al agua, fortalece la rectoría del Estado y corrige abusos derivados del modelo de concesiones privadas, con impacto directo en el sector agrícola de Sinaloa.
La diputada federal Graciela Domínguez Nava afirmó que la nueva Ley de Aguas propuesta a nivel federal tiene como objetivo central revertir el esquema de privatización heredado de políticas neoliberales y garantizar el acceso al agua como un derecho humano, especialmente para el consumo doméstico y la producción agrícola, por encima de intereses comerciales.
Durante su conferencia de prensa, Domínguez Nava señaló que existe una narrativa de desinformación promovida por sectores de oposición, particularmente vinculados a gobiernos anteriores, que busca generar temor entre productores agrícolas al asegurar que se les retirará el acceso al agua o que sus tierras perderán valor, lo cual calificó como falso. Aclaró que la reforma fortalece el binomio tierra-agua, indispensable para la productividad del campo.
Explicó que, si bien en regiones del centro-norte de Sinaloa el acceso al agua ha sido más regular, en la zona sur persisten problemáticas históricas, como el caso de ejidatarios del municipio de Rosario que durante años han enfrentado dificultades para obtener concesiones, lo que ha limitado la productividad de sus tierras. La nueva ley, dijo, busca corregir estas desigualdades y garantizar que todos los productores tengan acceso equitativo al recurso.
La legisladora detalló que uno de los ejes centrales de la reforma es la revisión de las concesiones actuales, con el fin de reasignar volúmenes de agua que no están siendo utilizados a quienes sí los requieren para la producción agrícola, bajo un esquema de uso regulado y eficiente.
Añadió que esta iniciativa se complementa con un programa nacional de tecnificación del riego, en el cual Sinaloa es uno de los estados beneficiados. Indicó que en 18 distritos de riego del país se invertirán más de 63 mil millones de pesos entre 2025 y 2030 para modernizar la infraestructura y reducir el desperdicio de agua, lo que permitirá un uso más eficiente del recurso.
Domínguez Nava subrayó que la inversión pública y la reforma legal deben avanzar de manera conjunta, ya que sin cambios en las reglas de administración del agua, los ahorros generados por la tecnificación seguirían concentrándose en pocas concesiones, anulando el impacto social y productivo de la inversión.
¿Qué busca corregir la nueva Ley de Aguas?
Busca evitar el acaparamiento del recurso, garantizar el derecho al agua para consumo y producción agrícola, y asegurar que los beneficios de la tecnificación lleguen a quienes históricamente han sido excluidos del acceso al agua.
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