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Dos exfuncionarios vinculados al esquema de desvío deberán pagar el monto tras acreditarse irregularidades en contratos entre Sedesol y la Universidad Intercultural del Estado de México.
Ciudad de México.– La Fiscalía General de la República informó este jueves la recuperación de 62.8 millones de pesos como reparación del daño al Estado mexicano, derivado de la investigación contra dos exfuncionarios señalados por participar en la trama de corrupción conocida como la Estafa Maestra. La fiscal Ernestina Godoy señaló que los acusados son Ricardo “M”, exfuncionario de Sedesol, y José “M”, exrector de la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), ambos imputados por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
De acuerdo con la FGR, los exfuncionarios firmaron un convenio en el que se detectaron múltiples irregularidades, entre ellas que no se aseguraron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad y oportunidad. La UIEM subcontrató la totalidad de los servicios previamente convenidos con Sedesol a un costo menor, generando un daño directo a la hacienda pública federal por el monto señalado.
Tras comprobarse estas irregularidades, la Fiscalía obtuvo una resolución judicial que ordena el pago total de la reparación del daño. La dependencia aclaró que los acusados podrán acceder a sustitutivos legales, siempre y cuando garanticen o cubran íntegramente el monto impuesto como reparación.
El caso forma parte de la llamada Estafa Maestra, entramado de corrupción revelado en 2017 que operó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que involucró a diversas dependencias federales mediante un esquema sistemático para desviar recursos millonarios. Entre los personajes señalados se encuentra Rosario Robles, exsecretaria de Sedesol y Sedatu, quien estuvo encarcelada de 2019 a 2022 por su presunta participación en estos desvíos.
¿Por qué los exfuncionarios pueden acceder a beneficios legales tras pagar la reparación del daño?
Porque el Código Penal Federal permite sustitutivos de pena cuando la persona imputada cubre íntegramente la reparación, sin que ello implique absolución del delito.
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