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El Pleno aprobó reformas clave en materia penal y de seguridad pública, recibió el informe anual de la Auditoría Superior del Estado y dio lectura a tres iniciativas de reforma constitucional en derecho a la información.
Con 35 votos a favor, el Pleno avaló el dictamen de la Comisión de Justicia que reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, mediante el cual se crea la Unidad de Investigación Cibernética, instancia especializada para prevenir, investigar y perseguir delitos cometidos a través de medios electrónicos y tecnológicos, como fraude, extorsión, robo de identidad, acoso, explotación sexual y trata de personas en entornos digitales. La reforma establece que el titular de esta unidad tendrá nivel de Inspector General de la Policía de Investigación y dependerá directamente de la Comisaría General y de la Fiscalía General del Estado, con el propósito de fortalecer la capacidad institucional frente al crecimiento de la delincuencia cibernética.
En la misma sesión, con 34 votos a favor, el Congreso aprobó la adición del artículo 207 Bis C al Código Penal del Estado, que tipifica como robo equiparado la no devolución de vehículos arrendados sin causa justificada y sin consentimiento del arrendador. Esta conducta será sancionada con penas de cuatro a ocho años de prisión y multas de cien a trescientos días, con agravantes cuando el vehículo sea utilizado para cometer otros delitos, desmantelado, enajenado de forma fraudulenta o trasladado a otra entidad. El dictamen señala que esta modalidad delictiva ha sido utilizada de manera recurrente por grupos criminales y que el marco jurídico anterior resultaba insuficiente para sancionarla adecuadamente.
Durante la sesión ordinaria, la Mesa Directiva informó también que el Poder Legislativo recibió el informe de resultados de la Auditoría Superior del Estado correspondiente a 2025, así como el avance del Plan Estratégico 2024-2031. El documento detalla que durante el año se ejecutaron 243 acciones de fiscalización, incluyendo auditorías financieras, de desempeño, mixtas, forenses y estudios técnicos, además de revisiones derivadas de denuncias. Se destacó un incremento del 18.76 por ciento en la muestra auditada del ejercicio fiscal 2024, que superó los 34 mil millones de pesos, así como avances en auditorías forenses, uso de herramientas digitales, perspectiva de género y fortalecimiento de la rendición de cuentas.
Asimismo, el Congreso dio lectura a tres iniciativas de reforma constitucional en materia de derecho de acceso a la información pública. Una de ellas, presentada por el Ejecutivo estatal, propone armonizar la Constitución local con la reforma federal que prevé la extinción del INAI, trasladando las funciones de garantía del derecho de acceso a la información a los órganos de contraloría interna de los poderes y organismos autónomos, además de modificar la integración del Sistema Estatal Anticorrupción.
Las otras dos iniciativas, presentadas por ciudadanas y ciudadanos sinaloenses, plantean modelos alternativos: una propone mantener la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y crear un Sistema Estatal de Transparencia, mientras que la tercera plantea suprimir dicha comisión y establecer múltiples autoridades garantes, incluyendo una autoridad local descentralizada de la Contraloría del Ejecutivo, así como órganos internos de control de distintos poderes e instituciones. Las tres propuestas fueron turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para su análisis y dictaminación.
Con estas acciones, el Congreso del Estado refrendó su compromiso de actualizar el marco jurídico, fortalecer la seguridad pública, combatir nuevas modalidades delictivas, robustecer la fiscalización de los recursos públicos y abrir el debate legislativo sobre el futuro de la transparencia y el acceso a la información en Sinaloa.
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