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La Comisión de Justicia del Congreso de Sinaloa avaló por unanimidad dos dictámenes que fortalecen la persecución de delitos digitales y endurecen sanciones contra el acoso sexual cometido por choferes del transporte público.
Culiacán, Sinaloa.– La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó este lunes dos dictámenes con proyecto de Decreto, uno para crear la Unidad de Investigación Cibernética y otro para tipificar y sancionar de manera específica el acoso sexual en el transporte público, ambos respaldados por unanimidad de las y los diputados presentes en la sesión de trabajo.
La reunión fue encabezada por el presidente de la Comisión, Hólincer Castro Marañón, quien explicó que el primer dictamen propone adicionar los artículos 46 Bis y 46 Bis A a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, con el fin de establecer una corporación policial especializada encargada de investigar delitos cometidos a través de medios electrónicos y tecnológicos.
De acuerdo con el proyecto, la nueva unidad tendrá como objetivo incrementar la seguridad en la red pública de internet y proteger la integridad física y patrimonial de la ciudadanía. El titular de esta área contará con nivel de inspector general de la Policía de Investigación y dependerá de la Comisaría General y de la Fiscalía General del Estado.
Durante la discusión, Castro Marañón subrayó que la delincuencia ha evolucionado y opera con rapidez en el ciberespacio, donde se registran delitos como robo de identidad, secuestro de información, fraude electrónico, extorsión digital y explotación sexual infantil en línea, afectando de manera particular a niñas, niños, adultos mayores y usuarios vulnerables.
El segundo dictamen aprobado propone reformar el Código Penal para tipificar el acoso sexual en el transporte público, mediante la adición de un párrafo al artículo 185 Bis, así como modificaciones a la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Estado de Sinaloa. Las reformas establecen que, cuando el acoso sea cometido por choferes del transporte público, además de la pena correspondiente, se cancelará de manera definitiva la licencia de conducir.
El proyecto precisa que el conductor sancionado no podrá obtener una nueva licencia hasta por cinco años, contados a partir del cumplimiento de la pena privativa de libertad, y que en caso de reincidencia, la autorización no podrá expedirse nuevamente. El presidente de la Comisión aclaró que la iniciativa responde al incremento de casos reportados y que no busca estigmatizar a las y los conductores, sino prevenir y sancionar conductas específicas.
Ambos dictámenes fueron turnados a la Secretaría General del Congreso para continuar con el trámite legislativo y deberán ser presentados ante el Pleno para su discusión y votación definitiva. En la sesión participaron también la diputada Erika Rubí Martínez Rodríguez y el diputado Ambrocio Chávez Chávez, quienes avalaron los proyectos.
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