Culiacán, Sinaloa.- Es cruel lo que les sucede a los indígenas Tarámaris de la zona serrana del norte de Sinaloa, porque ni siquiera aparece...
Al participar en el panel virtual “Racismo y Clasismo, Formas de Discriminación en México”, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, lamentó que las autoridades educativas no hayan contratado maestros y maestras bilingües para llevar educación a comunidades indígenas, como los Tarámaris.
“Etiquetamos presupuesto. Dinero había, y no lo utilizaron. Era muy claro el planteamiento: la importancia de contratar maestros bilingües. Ya estaban prácticamente las maestras, no se les quiso pagar… o sea, hay una situación de discriminación por parte de las autoridades”, lamentó.
Todo esto, explicó, tiene que ver con un contexto de la sociedad que hemos formado. Las autoridades también actúan así, porque tenemos una sociedad que es complaciente y por supuesto que esto no debe ocultarse y se debe visibilizar, porque si no lo visibilizamos no vamos a poder trascender·.
La diputada Graciela Domínguez hizo referencia a la comunidad de los Tarámaris, cuyo caso fue expuesto en el panel virtual por la activista Hortensia López, directora del Colectivo Tarahumara-Sinaloense.
Este colectivo realiza gestiones para apoyar a esta comunidad indígena e incluso les vende sus artesanías como una forma de ayudarles a que tengan un ingreso.
Sin embargo, había denunciado que en materia de educación esta comunidad está marginada debido a que no cuentan con maestras, y si se contratan, resulta que no son maestras tituladas.
Denunció que las autoridades educativas prefirieron construir una escuela en una comunidad donde sólo había dos niños mestizos, que construirla en una comunidad Tarámaris, donde hay más de 10 niños y quienes para acudir a la escuela señalada deben caminar dos horas para llegar, y otras dos horas para regresar.
Ante ello, la diputada Graciela Domínguez se pronunció por legislar a favor de las comunidades indígenas, pero siempre tomando en cuenta sus opiniones. “Ya no más legislación en asuntos que tienen que ver con la vida de las comunidades indígenas, sin tomar la opinión de ellos”.
Graciela Domínguez presentó datos de una encuesta sobre discriminación que se realizó en 2010, en la que resaltó que el 59.5 por ciento de los encuestados dijo que la riqueza divide.
El 26.6 por ciento pensaba que divide poco, y sólo el 12.5 por ciento señalaba que no divide.
En cuanto al ejercicio de sus derechos, agregó, el 31.6 por ciento dijo que no se les respetaban sus derechos por no tener dinero; el 34.5 por ciento lo atribuyó a su apariencia física, el 24 por ciento, a la edad, el 23 por ciento, al sexo, pero además, el 60 por ciento de las personas pensaron que en México existía un trato desigual en razón del tono de piel.
Añadió que los resultados de la última encuesta nacional sobre discriminación indican que los principales grupos aseguran que sus derechos se respetan muy poco o nada.
“Lo componen el 57 por ciento de las trabajadoras domésticas, el 49 por ciento, son indígenas; el 48 por ciento, personas con discapacidad; el 44 por ciento, adultos mayores, el 44 por ciento, mujeres, el 36 por ciento, adolescentes y jóvenes; el 26 por ciento con diversidad religiosa y el 22 por ciento, niñas y niños.
“Son datos que nos ilustran que la pobreza y la marginación social son elementos claves del racismo, clasismo y discriminación”, expresó.
El panel fue organizado por el Congreso del Estado a través del Instituto de Investigaciones Parlamentarias.
