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El Congreso dio primera lectura a cuatro iniciativas que también plantean cambios en obra pública, reforestación y protección de las familias; ninguna ha sido aprobada.
Culiacán, Sinaloa.— Una iniciativa ciudadana propone incorporar el delito de acecho al Código Penal de Sinaloa y sancionarlo con seis meses a cuatro años de prisión, con penas que podrían duplicarse cuando existan amenazas, violencia, daños o ingreso no autorizado a espacios de la víctima.
La propuesta, presentada por Karla Ortega Flores y Lizbeth García Montoya, fue una de las cuatro iniciativas que recibieron primera lectura durante la sesión ordinaria de este martes en el Congreso del Estado. Todas fueron turnadas a una segunda y última lectura.
El proyecto define el acecho como el seguimiento o vigilancia ilegal de una persona, los intentos de contacto constante mediante llamadas, mensajes o redes sociales, así como presentarse sin consentimiento en su domicilio, trabajo o lugares que frecuenta.
Para configurar el delito, plantea que estas conductas limiten la libertad de actuar o tomar decisiones, o provoquen temor o angustia ante un posible daño a la persona, su familia o patrimonio. La iniciativa contempla que pueda manifestarse en una sola ocasión o de manera reiterada.
Además de prisión, propone una multa de hasta 500 salarios mínimos. Las penas se duplicarían en supuestos como afectar significativamente el estilo de vida de la víctima, causar daños físicos, psicológicos o patrimoniales, emplear armas o cometer actos de vandalismo.
El delito se perseguiría por querella, salvo excepciones que incluyen víctimas menores de edad o pertenecientes a grupos vulnerables, relaciones jerárquicas entre las partes o hechos cometidos por servidores públicos.
En materia de obra pública, el Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Jorge Antonio González Flores, la diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y ciudadanía presentaron una iniciativa para fortalecer las reglas de contratación y ejecución, así como armonizarlas con el marco nacional anticorrupción.
La propuesta plantea obligaciones concretas, plazos, prohibiciones expresas y un sistema de sanciones. También incorpora aportaciones técnicas de Iniciativa Sinaloa y del Observatorio Ciudadano de Mazatlán.
Otra iniciativa, impulsada por la diputada de Morena Elizabeth Ramírez Tirado, busca que los municipios incluyan en sus programas de reforestación una jornada anual de plantación con motivo del Día del Árbol, con participación ciudadana, educativa, social y empresarial.
Por su parte, el Grupo Parlamentario del PAS y las ciudadanas Rosa Emma Contreras Villapudua y Paula Liliana Díaz Quiñónez propusieron modificar el Código Familiar para incorporar la perspectiva de familia en los programas y acciones de las autoridades, bajo el respeto a los derechos humanos.
Las cuatro propuestas continúan en trámite legislativo y todavía no constituyen reformas vigentes.
