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La diputada señaló que las solicitudes pendientes superaron las 26 mil en 2025, mientras disminuyó el número de peritos; propuso fortalecer la Fiscalía y establecer metas públicas para reducir el atraso.
Culiacán, Sinaloa.— La diputada Paola Gárate advirtió que Sinaloa enfrenta una crisis de procuración de justicia además de la inseguridad, al señalar que la capacidad para investigar delitos y procesar evidencia no ha crecido al ritmo de la violencia.
Según las cifras expuestas por la legisladora, las solicitudes pendientes en servicios periciales de la Fiscalía General del Estado pasaron de aproximadamente 6 mil 300 en 2023 a cerca de 19 mil en 2024 y superaron las 26 mil en 2025, un incremento de más del 300 por ciento en dos años.
En contraste, indicó que el número de peritos disminuyó de 228 en 2024 a 217 en 2025. Añadió que durante este último año la institución reportó solamente cinco personas adscritas a inteligencia y análisis criminal, capacidad que consideró insuficiente frente a la complejidad de los delitos.
“La seguridad no termina con una detención. Hay justicia cuando se investiga, se procesa la evidencia, se lleva a los responsables ante un juez y las víctimas reciben respuestas”, expresó.
Gárate sostuvo que los retrasos en los dictámenes pueden frenar el avance de las investigaciones y prolongar la espera de las familias. Aclaró que sus señalamientos no están dirigidos contra el personal que trabaja diariamente en la Fiscalía, sino hacia la necesidad de fortalecer sus capacidades institucionales.
La diputada también cuestionó los recursos destinados a la procuración de justicia. De acuerdo con los datos que presentó, en 2024 el gasto de la Fiscalía de Sinaloa representó aproximadamente 282 pesos por habitante, frente a 712 pesos en Sonora, 821 en Chihuahua y 872 en Quintana Roo.
Por ello, planteó que el Congreso revise si el presupuesto corresponde a las necesidades del estado y recordó que la autonomía de la Fiscalía no la exime de rendir cuentas.
Entre sus propuestas incluyó un programa extraordinario para fortalecer servicios periciales, Policía de Investigación, ministerios públicos e inteligencia criminal, así como una estrategia para reducir las solicitudes pendientes mediante metas trimestrales públicas y verificables.
También pidió publicar indicadores sobre investigaciones sin actuación, peritajes pendientes, tiempos de respuesta y órdenes judiciales por ejecutar.
En el ámbito federal, solicitó que la Fiscalía General de la República informe sobre los casos de especial trascendencia para Sinaloa que están bajo su responsabilidad, entre ellos el asesinato de Héctor Melesio “N”.
“No queremos más presupuesto para administrar el mismo rezago. Queremos recursos suficientes, personal especializado, controles, metas y resultados”, concluyó.
