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La diputada pidió al Gobierno estatal y al DIF una política específica para quienes han perdido a sus padres o cuidadores; advirtió que se desconoce cuántos enfrentan esta situación.
Culiacán, Sinaloa.— La diputada Paola Gárate exigió al Gobierno del Estado y al Sistema DIF Sinaloa crear una política pública para atender a niñas, niños y adolescentes que han perdido a su madre, padre o persona cuidadora como consecuencia de homicidios y desapariciones.
Durante un posicionamiento ante el Pleno del Congreso, señaló que la violencia agudizada desde septiembre de 2024 también ha dejado a menores sin cuidados y sustento, sin que exista, según sostuvo, un registro público que permita dimensionar sus necesidades.
“La violencia también deja huérfanos. Y lo más grave es que hoy ni siquiera sabemos cuántos son”, expresó.
Gárate advirtió que la pérdida o desaparición de una persona cuidadora puede afectar simultáneamente los ingresos familiares, la vivienda, la continuidad escolar y la seguridad emocional de las infancias.
Señaló que las familias que asumen el cuidado de estos menores necesitan respaldo institucional y que su intervención no sustituye las responsabilidades del Estado.
“Una abuela que recibe en su casa a dos o tres nietos después del asesinato de su hijo no sustituye al Estado”, manifestó.
La legisladora también cuestionó las declaraciones que atribuyó al secretario de Seguridad Pública, Sinuhé Téllez López, sobre la presunta pertenencia de la mayoría de las personas asesinadas a facciones delictivas. Sostuvo que las responsabilidades individuales deben acreditarse y que no debe generalizarse ni estigmatizarse a las víctimas.
Como referencia nacional, citó una estimación exploratoria de la organización Tejiendo Redes Infancia sobre alrededor de 165 mil hijas e hijos potencialmente vinculados con personas desaparecidas o no localizadas en México. Aclaró que esa cifra no constituye un censo ni un registro oficial.
Ante este panorama, planteó implementar un programa integral de atención e iniciar con la creación de un registro estatal protegido de niñas, niños y adolescentes afectados, que permita identificar sus necesidades y orientar la respuesta institucional.
