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La investigación analiza legislación de Sinaloa y propone medir los costos de tiempo, dinero, esfuerzo y trámites que enfrentan las personas para acceder a derechos reconocidos por la ley.
Mazatlán, Sinaloa.— Los académicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa Pedro Antonio Valdez Lizárraga y Yadira del Carmen Coronado Toto presentaron una investigación que propone evaluar los costos y las barreras que enfrentan las personas para ejercer sus derechos, durante un encuentro internacional sobre parlamentos organizado en la UNAM.
Su participación se desarrolló en el workshop “Parliaments in the Global South: Challenges and Transformations”, programado para los días 6 y 7 de octubre en el marco del Comité de Investigación 08 de la Asociación Internacional de Ciencia Política, IPSA.
Valdez Lizárraga, de la Unidad Académica de Educación Física y Deporte Mazatlán, y Coronado Toto, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, analizaron cómo una legislatura estatal puede identificar y fiscalizar obstáculos que persisten aun cuando los derechos están formalmente reconocidos.
El trabajo plantea que la evaluación de una ley debe considerar también cuánto tiempo, dinero, esfuerzo, riesgo o carga administrativa requiere una persona para ejercer un derecho. Según explicó Valdez Lizárraga, hacer visibles estos costos permitiría evaluarlos y corregirlos institucionalmente, sin clasificar ni estigmatizar a la población.
La investigación examinó legislación sinaloense sobre planeación, presupuesto público, inclusión de personas con discapacidad, movilidad sustentable, seguridad vial, ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
De acuerdo con los resultados expuestos, estos ordenamientos contienen mecanismos de evaluación, participación, asignación de recursos y seguimiento, pero se encuentran dispersos y no integrados en un mecanismo transversal que permita fiscalizar los costos de acceso a los derechos.
Ante ese diagnóstico, los autores propusieron un modelo denominado Structural Friction Impact Assessment, orientado a evaluar las barreras antes y después de implementar una medida. La propuesta incluye estimar costos, establecer responsabilidades y recursos, revisar resultados y activar mecanismos de corrección y supervisión legislativa.
La ponencia se integró al panel sobre fiscalización parlamentaria, restricciones y desinformación, junto con investigaciones procedentes de México, Irán, Somalia e India.
El vicerrector de la Unidad Regional Sur, Manuel Iván Tostado Ramírez, y el encargado de Investigación y Posgrado, Víctor Manuel Martínez García, destacaron la participación como una oportunidad para vincular el trabajo académico de la UAS con redes internacionales de investigación.
