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Claudia Sheinbaum informó que las alertas internacionales fueron retiradas pese a que ambos mantienen órdenes de aprehensión en México; el Gobierno solicitará conocer las razones de la decisión y buscará restablecerlas.
Ciudad de México.— El Gobierno de México solicitará a Interpol reactivar las fichas rojas contra la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, luego de que las alertas internacionales fueran retiradas, informó este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que fue informada este mismo miércoles sobre la decisión y adelantó que las autoridades mexicanas pedirán conocer los motivos por los cuales dejaron de estar vigentes las notificaciones.
Gómez Mont y Álvarez Puga mantienen órdenes de aprehensión en México y enfrentan acusaciones relacionadas con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sheinbaum calificó a ambos como “factureros reconocidos” y sostuvo que existen investigaciones en México relacionadas con la presunta utilización de facturas falsas para operaciones financieras.
La expresión corresponde a la postura de la presidenta sobre el caso, mientras los señalamientos contra la pareja continúan sujetos a los procedimientos judiciales correspondientes.
El Gobierno mexicano también buscará que Interpol restablezca las alertas para mantener los mecanismos internacionales de localización y eventual detención derivados de las órdenes judiciales existentes en México.
La mandataria vinculó el caso con la cooperación judicial entre México y Estados Unidos y consideró necesario que exista reciprocidad entre ambos países.
“No se puede estar pidiendo de un lado y no responder del otro; nosotros siempre queremos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con el Departamento de Justicia, pero es muy importante que haya siempre reciprocidad”, expresó.
El retiro de las fichas rojas de Interpol no implica la cancelación de las órdenes de aprehensión existentes en México, por lo que los procedimientos judiciales nacionales continúan vigentes.
