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El exalcalde y exintegrantes del Comité de Adquisiciones enfrentarán proceso por presuntas irregularidades en la contratación de una empresa para recuperar cartera vencida; juez fijó seis meses para investigación complementaria
Culiacán, Sinaloa.— Un juez de control vinculó a proceso al expresidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, junto con exintegrantes del Comité de Adquisiciones de su administración, por presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de una empresa para el cobro del impuesto predial.
Durante la continuación de la audiencia inicial, celebrada este martes, el juzgador determinó que existen datos de prueba suficientes para que continúe el proceso penal por los presuntos delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público.
La resolución judicial no implica una sentencia de culpabilidad, sino que permite continuar con la investigación dentro del proceso penal.
Defensa sostiene que no existió daño patrimonial
Durante la audiencia, los abogados solicitaron la no vinculación a proceso y argumentaron que la empresa Extratimex no recibió los 937 millones 256 mil 750 pesos contemplados en el contrato celebrado con el Ayuntamiento de Ahome para la recuperación de cartera vencida.
Según la defensa, la empresa recibió únicamente un millón 522 mil 399 pesos, por lo que sostuvo que no existió el daño patrimonial planteado por la Fiscalía General del Estado.
Los abogados también argumentaron que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa permitía adjudicaciones directas hasta por 3 millones 710 mil pesos.
Bajo esa interpretación, señalaron que el monto efectivamente recibido por la empresa se encontraba por debajo del límite y, por lo tanto, consideraron que no era necesario realizar una licitación pública.
Fiscalía toma como referencia el valor proyectado del contrato
El Ministerio Público sostuvo una interpretación distinta.
La representación social argumentó que debía considerarse la vigencia de tres años y la proyección económica total del contrato, cantidad que superaba ampliamente el límite establecido para una adjudicación directa.
Después de escuchar los argumentos de la Fiscalía y las defensas, el juez resolvió que existen elementos suficientes para que la causa penal continúe.
A solicitud de la defensa, se estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual las partes podrán incorporar nuevos datos de prueba.
Separan del cargo a regidora y síndica
Como parte de las medidas cautelares, el juez determinó que las personas vinculadas deberán presentarse mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).
Además, se ordenó como medida cautelar la separación del cargo de la regidora Judith Luna Castro y de la síndica Cecilia Hernández.
Gerardo Vargas Landeros y los demás imputados continuarán enfrentando el proceso bajo las medidas determinadas por el órgano jurisdiccional y conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.
