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La diputada sinaloense Karla Ulloa Rodríguez participa en el análisis de la iniciativa de Ley General sobre Feminicidio, que plantea criterios únicos para las 32 entidades y que el delito sea imprescriptible.
Culiacán, Sinaloa.- Establecer una pena de entre 50 y 70 años de prisión, homologar el delito en las 32 entidades federativas y obligar a que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente como posible feminicidio son algunos de los puntos de la iniciativa de Ley General sobre Feminicidio que se analiza a nivel nacional.
La diputada Karla Ulloa Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Sinaloa, participó en la promoción y análisis de la propuesta, que busca eliminar diferencias entre las legislaciones estatales que puedan obstaculizar la investigación y persecución de este delito.
De acuerdo con la legisladora, el proyecto fue enriquecido mediante seis mesas de trabajo en las que participaron especialistas, legisladoras, autoridades y representantes de diferentes sectores.
Un mismo tipo penal para los 32 estados
Uno de los principales cambios planteados es establecer un tipo penal homologado de feminicidio para todo México, de manera que los criterios para identificar, investigar y sancionar estos crímenes sean los mismos independientemente de la entidad donde ocurran.
La propuesta contempla penas de 50 a 70 años de prisión, además de incorporar 10 razones de género para determinar los casos que deben ser investigados como feminicidio y 19 agravantes que podrían incrementar las sanciones.
Ulloa Rodríguez destacó que la homologación busca cerrar vacíos legales y evitar que una persona señalada por este delito pueda trasladarse a otra entidad para intentar beneficiarse de diferencias entre las legislaciones locales.
Toda muerte violenta de una mujer se investigaría como posible feminicidio
Otro de los puntos relevantes establece que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio, hasta que las investigaciones permitan confirmar o descartar esa línea.
También se propone establecer un protocolo nacional especializado con perspectiva de género que deberán aplicar las fiscalías de las 32 entidades federativas.
La iniciativa plantea además convertir el feminicidio en un delito imprescriptible, con lo cual el transcurso del tiempo no impediría perseguir penalmente a los responsables.
Asimismo, quienes sean sentenciados por este delito no podrían acceder a beneficios penales.
Atención para víctimas indirectas
La propuesta incluye mecanismos de atención integral para víctimas directas e indirectas, con acompañamiento médico, psicológico y jurídico, además de medidas para la reparación integral del daño.
Ulloa Rodríguez consideró que contar con criterios nacionales permitiría fortalecer las investigaciones y reducir espacios de impunidad, además de garantizar condiciones similares de acceso a la justicia para las mujeres y sus familias en todo el país.
