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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Cuando no comprendemos una cosa, es preciso declararla absurda o superior a nuestra inteligencia,...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“Cuando no
comprendemos una cosa, es preciso declararla absurda o superior a nuestra
inteligencia, y generalmente, se adopta la primera determinación”, Concepción
Arenal (1820-1893) Periodista, socióloga y escritora española.
¿EN VEREMOS?
Hay crisis que
llegan de golpe y otras que se construyen lentamente, en silencio, mientras las
instituciones aprenden a sobrevivir administrando incertidumbre. La Universidad
Autónoma de Sinaloa parece haber llegado precisamente a ese punto: al límite donde
la resistencia financiera comienza a transformarse en un problema social de
gran escala.
El
posicionamiento enviado por el rector Jesús Madueña Molina a la presidenta
Claudia Sheinbaum Pardo no es un comunicado ordinario. Tampoco es únicamente
una petición presupuestal. Es, en realidad, un mensaje político cuidadosamente
estructurado para advertir que la crisis económica universitaria ya no puede
esconderse detrás de discursos de estabilidad institucional.
La UAS eligió un
tono que mezcla reconocimiento, advertencia y presión moral. Primero recordó lo
que representa: la universidad más grande del noroeste del país, una
institución con 153 años de historia, con presencia científica, deportiva,
cultural y académica; una universidad que presume investigadores, resultados y
expansión educativa. Después vino el contraste: el riesgo de suspender
actividades sustantivas por falta de recursos.
Y ahí está el
verdadero fondo del mensaje.
Porque cuando
una universidad pública advierte que podría dejar de operar parcialmente, no
está hablando solamente de nóminas o déficit contable. Está hablando de
movilidad social, de estabilidad regional y, sobre todo, de futuro.
En Sinaloa, la
UAS no es solo una institución educativa. Es una estructura social completa. En
muchos municipios representa la única posibilidad real de acceso a educación
superior para miles de jóvenes.
Es también un
refugio económico para familias enteras que encuentran en la universidad
empleo, becas, investigación o desarrollo cultural. Su peso político,
territorial y humano es demasiado grande como para reducir el debate a una
cifra presupuestal.
Por eso el
documento universitario parece construido bajo una lógica muy específica: dejar
claro que el problema financiero ya no puede interpretarse como una deficiencia
administrativa aislada, sino como un riesgo para la estabilidad educativa del
estado.
La frase
utilizada por la universidad —“cada aula sin poder abrir representa sueños
truncados”— no fue casual.
Es una línea
diseñada para mover la discusión del terreno técnico al terreno humano. Porque
en términos políticos, pocas cosas generan mayor presión que colocar el futuro
de miles de jóvenes en el centro del debate público.
Sin embargo,
detrás del discurso también existe una realidad inevitable: la crisis
financiera de la UAS no nació ayer.
Las
universidades públicas estatales llevan años enfrentando un modelo
financieramente desgastado. Crecieron en matrícula, infraestructura y
cobertura, pero no necesariamente en sostenibilidad.
Los sistemas
pensionarios se volvieron pesadas cargas presupuestales; las obligaciones
laborales aumentaron; los subsidios dejaron de crecer al ritmo de las
necesidades reales; y los rescates extraordinarios comenzaron a convertirse en
soluciones recurrentes, pero temporales.
La UAS parece
reconocer parcialmente ese escenario cuando habla de una “reingeniería
integral” y de reformas relacionadas con jubilaciones y pensiones en
coordinación con la Subsecretaría de Educación Superior encabezada por Ricardo
Villanueva Lomelí. Ahí existe una señal importante: la universidad intenta
mostrar disposición a modificar estructuras históricamente intocables.
Y eso tiene
implicaciones profundas.
Porque durante
décadas, muchas universidades públicas mexicanas construyeron esquemas internos
difíciles de sostener a largo plazo.
El problema es
que cualquier intento de reforma suele chocar con intereses sindicales,
resistencias políticas y costos sociales enormes. Tocar pensiones, prestaciones
o mecanismos laborales dentro de las universidades nunca es un asunto sencillo.
Por eso el
comunicado también intenta repartir responsabilidades. La narrativa
institucional insiste en que trabajadores, jubilados, sindicato y
administración han asumido sacrificios compartidos bajo criterios de austeridad
y transparencia.
Es una manera de
enviar otro mensaje al Gobierno Federal: “la universidad ya está haciendo su
parte”.
Pero el
trasfondo político no puede ignorarse.
La UAS llega a
este momento después de años particularmente complejos en su relación con el
poder político estatal.
La disputa por
la autonomía universitaria, las reformas internas, los procesos judiciales y
las tensiones institucionales marcaron una etapa de confrontación que debilitó
la estabilidad del entorno universitario.
Ahora el
escenario parece distinto.
Con el cambio en
el contexto político nacional y estatal, la universidad intenta reconstruir
canales de interlocución con el Gobierno Federal.
El llamado
directo a la presidenta Sheinbaum refleja precisamente eso: una búsqueda de
respaldo político, financiero y simbólico.
El problema para
la Federación es que la situación de la UAS podría convertirse en precedente.
Si el Gobierno Federal abre nuevamente la puerta a rescates extraordinarios
permanentes, otras universidades públicas en condiciones similares podrían
exigir el mismo trato.
Pero si decide
no intervenir, el costo político de un deterioro operativo en la principal
universidad de Sinaloa podría ser considerable.
Y ahí aparece la
pregunta de fondo que el país sigue evitando responder: ¿qué modelo de
universidad pública quiere sostener México en las próximas décadas?
Porque el debate
ya no es únicamente cuánto dinero necesita la UAS.
El verdadero
debate es si el sistema de financiamiento universitario actual sigue siendo
viable o si México está entrando a una etapa donde las universidades deberán
transformarse profundamente para sobrevivir.
La UAS parece
entenderlo.
Por eso su
posicionamiento no solo pide apoyo. También intenta justificar su relevancia
histórica, social y territorial. Intenta recordar que, pese a sus crisis, sigue
siendo una institución fundamental para Sinaloa.
Y quizá ahí
reside la mayor fuerza del mensaje universitario.
No en la
advertencia financiera.
Sino en la
posibilidad de que, detrás de los números, el estado termine descubriendo que
dejar debilitar a su principal universidad pública puede resultar mucho más
costoso que rescatarla.
DE FRENTE
En política, los
silencios también comunican. Y en medio de la crisis que atraviesa Sinaloa, la
reaparición pública de la senadora Imelda Castro Castro en Guasave dejó más
lecturas políticas que legislativas.
El evento ocurre
en un momento complejo para Morena: la licencia de Rubén Rocha Moya, el
gobierno interino de Yeraldine Bonilla y la presión nacional sobre el estado
han obligado al movimiento a priorizar estabilidad antes que confrontación
interna.
Por eso, la
presencia de Imelda Castro no parece casual. La senadora reapareció con una
estrategia clara: mantener vigencia política sin romper equilibrios dentro del
morenismo sinaloense.
El mensaje fue
moderado, institucional y enfocado en la continuidad del proyecto de la Cuarta
Transformación. Sin estridencias ni confrontaciones, la legisladora mostró
capacidad de convocatoria y presencia territorial en una de las regiones
políticamente más importantes del norte del estado.
Y eso, en
tiempos de incertidumbre, tiene peso.
Morena entiende
que hoy el mayor riesgo no solo es la crisis externa, sino la percepción de
fractura interna. Por eso varios liderazgos han optado por la cautela. Imelda
Castro parece haber encontrado un punto intermedio: hacerse presente sin
acelerar disputas adelantadas rumbo al futuro político de Sinaloa.
Su perfil
también juega un papel importante. A diferencia de otros cuadros surgidos desde
coyunturas recientes, la senadora proviene de una izquierda más estructurada y
con experiencia legislativa acumulada. Eso le permite moverse con prudencia en
escenarios complejos.
El acto en
Guasave dejó una señal clara: Morena busca reorganizarse sin exhibir
divisiones, mantener operación territorial y transmitir gobernabilidad pese al
contexto adverso.
Y en ese
tablero, Imelda Castro parece apostar por una política menos estridente, pero
constante. Porque en tiempos de crisis, muchas veces el liderazgo no se mide
por quién habla más fuerte, sino por quién logra mantenerse vigente mientras
todo alrededor cambia.
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