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La presidenta señaló que el bloqueo bancario se realizó de manera automática y preventiva tras las órdenes de aprehensión emitidas en Estados Unidos contra funcionarios vinculados al caso Sinaloa
Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum confirmó que fueron congeladas las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en medio de las investigaciones abiertas en Estados Unidos contra diez funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que la medida fue tomada de manera preventiva y que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitirá un comunicado oficial para detallar el procedimiento.
“Les pregunté (a la UIF), van a sacar un comunicado en un rato, les pedí que los sacaran. Fue de una manera preventiva, ahí se va a explicar en el documento, dado que hay una orden de aprehensión en EE.UU. contra diez personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF. Son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos”, expresó Sheinbaum.
El caso escaló luego de que autoridades estadounidenses acusaran a Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos de presuntos delitos relacionados con narcotráfico, posesión de armas y protección de operaciones de la facción criminal conocida como Los Chapitos, a cambio de sobornos millonarios.
Entre los señalados también aparecen el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; el secretario de Administración y Finanzas estatal, Enrique Díaz Vega, así como el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez.
El pasado 15 de mayo se confirmó además que Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega se entregaron voluntariamente a autoridades estadounidenses, en medio de versiones sobre posibles acuerdos de cooperación con fiscales de ese país.
Con ello, el caso comenzó a extenderse más allá de presuntos esquemas de protección policial y alcanzó directamente áreas financieras y políticas vinculadas al Gobierno de Sinaloa.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas han insistido en que cualquier procedimiento deberá seguirse conforme a los mecanismos legales y constitucionales vigentes, mientras que desde el gobierno federal se ha reiterado la defensa de la soberanía nacional y el respeto al debido proceso.
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