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La Audiencia Nacional concluyó que Hacienda no acreditó que la cantante colombiana fuera residente fiscal en España durante 2011
Madrid, España.- La justicia española falló a favor de Shakira y ordenó a la Agencia Tributaria devolverle más de 60 millones de euros, luego de anular una multa relacionada con la tributación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011.
La decisión fue tomada por la Audiencia Nacional, que estimó el recurso presentado por la artista contra resoluciones previas emitidas por Hacienda y el Tribunal Económico Administrativo Central.
El tribunal anuló las liquidaciones y sanciones aplicadas por los impuestos sobre la renta y el patrimonio correspondientes a ese año, al considerar que las autoridades fiscales no lograron demostrar que Shakira permaneciera en España más de 183 días durante 2011, requisito legal para ser considerada residente fiscal.
La disputa administrativa giraba en torno a una reclamación superior a 55 millones de euros; sin embargo, el equipo legal de la cantante calcula que la devolución superará los 60 millones al sumar intereses y costas judiciales.
Según la sentencia, aún susceptible de recurso ante el Tribunal Supremo, la administración española tampoco acreditó que el núcleo principal de los intereses económicos de la cantante estuviera en España ni que existiera un vínculo familiar legal suficiente para considerarla residente fiscal.
Uno de los argumentos utilizados por Hacienda fue la relación sentimental que mantenía la artista con el exfutbolista Gerard Piqué. No obstante, la Audiencia Nacional señaló que en 2011 no existía vínculo conyugal entre ambos ni hijos menores residentes en España, por lo que no podía considerarse un núcleo familiar legalmente establecido.
El fallo se conoce días después de que un juzgado de Barcelona archivara otra causa penal abierta contra Shakira por un presunto fraude fiscal de 6.6 millones de euros relacionado con el ejercicio de 2018.
A pesar de esta resolución favorable, la cantante ya había aceptado anteriormente una multa de 7.8 millones de euros tras reconocer judicialmente irregularidades fiscales entre 2012 y 2014, como parte de un acuerdo que evitó un juicio prolongado y una posible condena de prisión.
La Agencia Tributaria española adelantó que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo.
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