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La presidenta afirmó que fue decisión personal de Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega entregarse a autoridades estadounidenses; también rechazó que exista riesgo de señalamientos contra Morena
Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum aseguró que no existe ningún riesgo derivado de las posibles declaraciones que puedan realizar en Estados Unidos los exfuncionarios sinaloenses Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, quienes recientemente se entregaron voluntariamente a autoridades de ese país.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal afirmó que ambos exservidores públicos tomaron por cuenta propia la decisión de acudir ante la justicia estadounidense luego de las acusaciones que enfrentan por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
“Ningún riesgo, ninguno. Fue una decisión de ellos entregarse y no hay ningún riesgo. Ninguno”, sostuvo la presidenta.
Sheinbaum también rechazó cualquier posibilidad de que Estados Unidos pudiera considerar a Morena como una organización terrorista debido a presuntos vínculos de algunos actores políticos con grupos criminales.
“No. Ningún riesgo”, respondió de manera tajante.
Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega forman parte del grupo de diez funcionarios mexicanos señalados por autoridades estadounidenses por presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas, al ser acusados de supuestamente brindar protección a operaciones de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios.
Dentro de esa lista también aparecen el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez.
Las entregas de Mérida Sánchez y Díaz Vega ocurrieron horas después de la conversación telefónica sostenida entre Sheinbaum y el presidente estadounidense Donald Trump, centrada en temas de seguridad, narcotráfico y cooperación bilateral.
Desde que se hicieron públicas las acusaciones a finales de abril, la presidenta ha insistido en que hasta ahora no existen pruebas públicas presentadas contra los funcionarios mexicanos señalados.
No obstante, la entrega de ambos exfuncionarios comenzó a ampliar el alcance político y financiero del caso, que inicialmente estaba enfocado en presuntos esquemas de protección policial y que ahora involucra directamente áreas estratégicas del aparato gubernamental sinaloense.
Mientras tanto, el gobierno federal mantiene su postura de que cualquier procedimiento deberá seguir los mecanismos legales correspondientes y bajo respeto a la soberanía nacional.
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